Hacia un nuevo Ministerio Público Fiscal

Por Maximiliano Rusconi.

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Hoy es sábado y pensaba leer los diarios (todos) como hago habitualmente el fin de semana (en papel y con más tiempo disponible)

Me había preparado el mate y me enfrentaba a ese ritual que tanto disfruto.

La llegada de los periódicos se demoraba, y cuando estaba a punto de reclamar con algún mal humor la razón que retrasaba tanto el reparto, el cielo me envió a quien cumplió la tarea de avisarme que hoy era el día del canillita. Cambié, entonces, mi enojo por el envío de un enorme abrazo a quienes cumplen ese rol tan arraigado a nuestro folklore, a nuestras esquinas, a nuestros bares, a nuestra argentinidad (al palo).

Busqué mi teléfono y comencé el recorrido virtual.

En los últimos meses han adquirido mucho interés las discusiones, en particular de la oposición, acerca de si no se apoya nada al candidato a procurador que ha elegido el Presidente de la República, o si en cambio hay que apoyarlo, como dice la siempre lúdica Elisa Carrió, para evitar a otros candidatos…y, con ellos, una “madurización de la justicia” (sic)

Sobre las motivaciones que llevan a Carrió a decir los disparates que dice no hay nada que se deba comentar.

¿Qué se puede decir de los inexplicables y cada vez más mezquinos movimientos políticos o del permanente recurso al mal gusto y al ridículo?

¿Qué podemos opinar de la banalización y falta de respeto de lugares muy trascendentes en la intimidad de nuestra ética individual, como la religión y sus símbolos o del intento chabacano de reducir a personas tan importantes como el Papa Francisco a un intimismo tan irreal como improcedente?

¿Qué agregar a su permanente “ir y venir” de compromisos públicos (retirarse o no de la política) que ya nadie toma en cuenta debido a que no hay ciudadano que espere coherencia en sus actos ni lo considera relevante para la vida de nadie?

Pero el espantoso stand up de la Sra. Carrió ha tenido la rara virtud de poner en evidencia el enorme egoísmo político a la hora de decidir el apoyo al candidato a conducir los destinos del Ministerio Público.

La discusión parece centrada en el conteo de los votos, lo que implica un muy mezquino relevamiento del rol de las instituciones y del Ministerio Público.

Si sólo importan los votos y la capacidad de la oposición de obstruir la designación de un candidato elegido por el oficialismo, nuevamente volamos muy bajo y no hemos comprendido que, sin una justicia digna, seria, responsable no es posible tener el mínimo oxígeno para la vida en comunidad. Una vez más: el estado de derecho ya no debe ser entendido como parte de las coyunturas negociables. El estado de derecho debe ser entendido hoy y para siempre como una parte esencial de nuestra identidad colectiva.

Si, en cambio, lo que importa es el buen funcionamiento del Ministerio Público y que su gestión sea sometida al control institucional (que en definitiva es lo que manda el art. 120 de la Constitución Nacional que ha insertado a este organismo en el sistema de frenos y contra pesos fomentando su vinculación con los demás poderes, pero evitando que quede sometido a uno de ellos en exclusividad), entonces, ya no importa tanto ni el porcentaje de votos ni la capacidad obstructiva de la oposición. Ello sólo tendrá el triste mérito de ser la razón por la cual desde el 1 de Enero de 2018 el Ministerio Público es conducido por un abogado que no ha seguido los caminos que prevee la Constitución para ocupar ese lugar. Un detalle que aparentemente no ha importunado el humor del gobierno anterior durante su gestión, y que ahora desde la oposición es considerado un escenario directamente ideal (vaya uno a saber las razones).

Retomemos, si lo que importa es el buen funcionamiento del Ministerio Público entonces, señor lector, señores senadores, la agenda es otra. La agenda importante, la que puede contribuir a un Ministerio Público que funcione como un buen formulador de una política criminal comprometida con la realidad, que sea transparente, sometida a control, eficaz, etc., remite a la puesta en debate de una ley orgánica del Ministerio Público que permita el control parlamentario (real y no sólo declamado) sobre la gestión del conductor de los fiscales, de una ley orgánica que permita el acceso de la sociedad civil organizada (derechos humanos, niñez, pobreza, drogas, seguridad vial, etc.) a la gestión del Ministerio Público (para hacer realidad el cumplimiento del mandato de defender los intereses generales de la sociedad –art. 120 de la CN-).

Si lo que importa es lo importante, se debe discutir el establecimiento de una comisión bicameral que realmente se vincule con el Ministerio Público, que año tras año escuche y opine sobre los lineamientos de la política de persecución criminal a llevar a cabo por el Procurador, establecer un sistema de instrucciones particulares y generales que contribuya al desarrollo de un ministerio público coherente, que no sea un autista, pero que permita que haya mecanismos para anular aquellas instrucciones que puedan ser ilegítimas o excesivas.

Se debe reflexionar sobre la relación entre la víctima y el Ministerio Público. De qué modo asistir al ofendido sin desdibujar el principio de objetividad. Debatir, en el marco de esa misma ley orgánica, la posibilidad o no, ilimitada o reducida, de que el estado pueda depositar la acción penal en otros organismos adicionales al fiscal y reflexionar acerca del mejor diseño de esa relación.

Se debe trabajar en una ley que permita un nuevo modelo orgánico que haga eje en la necesidad de acercar el fiscal al caso, tanto para delitos complejos como para delitos más “de calle”.

Debemos pensar (todos, oposición y oficialismo, fiscales, jueces y policías, el senador Lousteau, y muchos otros) en cómo organizar los flujos informativos del organismo para colaborar en el desarrollo de modelos de prevención del delito.

Todo ello y otros vértices esenciales deben acompañar al debate de una nueva ley del Ministerio Publico Fiscal. Lo demás…es lo de menos.