Frente a grandes adversidades, grandes acciones
Por Maximiliano Rusconi.
Hoy debemos decir que a nadie le cabe ninguna duda que lo que se ha vivido en materia de administración de justicia penal, en particular en el fuero federal, entre los años 2016/2019 en nuestro país es de una gravedad institucional inédita.
No hay que cansarse de repetir que en esos años se han dañado, hasta el punto de instalar en la consciencia colectiva cierto relativismo, los principios constitucionales y de derechos humanos más básicos del estado de derecho.
No se ha tratado de pequeños problemas, sino de enormes tragedias.
No se ha tratado de cuestiones que puedan variar de acuerdo al color del cristal que ofrece el punto de partida personal de la ideología individual.
Nadie, aún sin una mano en el corazón, puede tener una mirada meramente contemplativa.
Un listado de las atrocidades que se han producido le quitaría magnetismo a cualquier buen libro de ciencia ficción: en tan sólo cuatro años se ha hecho abuso de la prisión sin condena (prisión preventiva) para encarcelar de modo escandalosamente selectivo al enemigo político -a través de la tristemente célebre “doctrina Irurzum”-, se han utilizado pericias fraudulentas para lograr la incriminación deseada del enemigo político y se ha desarrollado un completo plan de elección del juez favorable (forum shopping) mediante sorteos sospechosos o el gambeteo de las reglas de conexidad (vinculación de la nueva causa con otra más vieja que ya tiene un juez amigo).
En esos años se ha hecho uso ilícito de actividades de inteligencia interna (prohibidas), se ha coordinado la persecución sesgada de varios organismos del estado: ya sea de la AFIP (persecución con la excusa tributaria) o de la UIF (persecución con la excusa del lavado de activos) o de la Oficina Anticorrupción (persecución sólo al enemigo político y ex funcionario) o de algunas Diputadas o Diputados, etc.
En ese tiempo hemos llegado al escándalo de la infiltración de las defensas técnicas particulares para que lejos de defender (como es su obligación moral y profesional) algunos abogados usen esas defensas para perjudicar los intereses del perseguido político o se han coordinado las acciones de algún Fiscal con algún Defensor Público (que tampoco demostró ningún interés por defender a quien debía representar por el propio imperio de su función pública).
En esos años, incluso un poco antes, se ha buscado y logrado la cooptación política de algunas víctimas que luego fueron querellantes y luego funcionarios políticos de los perseguidores.
Se han utilizado instrumentos de un dudoso origen ético y procesal pero incluso de modo irregular e incumpliendo las reglas que se establecen para evitar un mal uso de figuras muy riesgosas como la del llamado arrepentido.
Hemos asistido a acusaciones que no definieron el hecho imputado violando la garantía constitucional del derecho de defensa, usando para ello tipos penales que colaboran en esa indefinición (asociación ilícita, por ejemplo).
Hemos sido sorprendidos y escandalizados testigos de la violación vertical a la independencia judicial con órdenes de los jueces de cámara a los jueces de primera instancia acerca de cómo debían resolver.
Ante nuestros ojos se han sucedido encarcelamientos y posteriores excarcelaciones sin ningún justificativo procesal (ni en un caso ni en el otro) sólo explicadas por evidentes situaciones extorsivas a las que han sido sometidos los “arrepentidos” mediante la amenaza de la prisión preventiva.
Esos años hemos visto cómo se filtraba anticipadamente a los medios hegemónicos determinada información judicial sensible para la generación del “clima” favorable al Lawfare.
Una y otra vez, incluso, los medios de comunicación de mayor difusión han servido para el “blanqueo” de información de origen ilícito que luego de la publicación podía ser utilizada por los alfiles políticos para introducirla en un proceso penal armado con el juez amigo que citaba al testigo y periodista (también amigo) que legitimaba la información ilícita protegiéndose en el secreto de la fuente.
Hemos asistido a un plan sistemático que ha comenzado por echar a las dos Procuradoras más importantes en términos de cantidad de fiscales bajo su dirección (la de la Provincia de Buenos Aires y la de la Nación), para dominar en esa persecución a los Ministerios Públicos de mayor influencia nacional.
Frente a estas “grandes adversidades” se esperan -desde hace dos años- “grandes acciones”. Nada puede justificar la inacción: mucho menos los “números” para tal o cual decisión parlamentaria. Los votos a favor del estado de derecho pueden aparecer en el camino: las garantías no son de nadie y son de todos. Las grandes epopeyas se han encarado con la incertidumbre del éxito pero con la convicción de que la lucha vale la pena. Se dejará testimonio a nuestros hijas e hijos de la reconstrucción del estado de derecho o, como mínimo, de cuál es el camino correcto. Mientras tanto, lamentablemente, no hay nada que festejar.
