Expropiaciones: más ideología que conveniencia

Por Claudio Romero. Diputado por la Ciudad.

¿Son problemas estructurales de las empresas o deseos ideológicos los que impulsan las expropiaciones? La historia y la experiencia económica indican que siempre, siempre, las expropiaciones resultaron dolosas e inconvenientes para la salud de los pueblos. No son precisamente ni una buena idea, ni un argumento ideológico sostenible.

Las expropiaciones son, en el 99 por ciento de los casos, delitos dolosos porque son cometidos con conocimiento y voluntad de los gobiernos, que aceptan las consecuencias que traerá la decisión. El problema es que no son las personas que ejercen el poder quienes pagan por las expropiaciones sino los contribuyentes, que cada vez somos menos.

En Argentina, el pueblo en su conjunto registra una estela de experiencias en expropiaciones, ninguna de ellas favorable a las arcas nacionales, o sostenida con éxito en el tiempo. Tampoco son aceptadas en general como justas, necesarias y, finalmente, redituables. El pueblo, con el pago de sus impuestos, no solo mantiene al Estado, paga los errores de los gobernantes de turno. Y ese será el caso de Vicentín, como lo fue el de Aerolíneas Argentinas, YPF, los fondos de las AFJP, Ciccone, Greco o Sasetru, entre otros.

Un tema pendiente de desarrollo se ancla en las idas y vueltas sobre la propiedad de las empresas primero estatales, luego privatizadas, después vueltas a estatizar y al turno siguiente otra vez privatizadas, en un cuento de nunca acabar. Pero no hay aquí tiempo ni espacio para esas volteretas.

Sobre Vicentín caen infinidad de argumentos que aluden a un “problema estructural”, al desmanejo generacional, al endeudamiento nacional e internacional exagerado, etc.

Es imposible eludir la asociación mental de la futura expropiación argentina anunciada con el camino llagado de la revolución chavista. Fluye el capricho de sostener la ideología populista en algún punto menos gastado que Venezuela en América Latina, convirtiendo la indebida apropiación en una amenaza que, a propósito, esconde detalles acerca de cómo el gobierno llegó al punto de decidir quedarse con otra empresa privada en medio de una pandemia que lo tapa todo.

Los números de la expropiación varían según la voz del sector que opina. Todo se sujeta a la órbita nacional y la deuda con una institución bancaria local como el Banco Nación, cuya presidencia otorgó los préstamos durante el gobierno de Mauricio Macri, al cual “conviene” comprometer en el asunto. Se habla poco de los efectos derivados del atraso cambiario después de las PASO 2019, insinuado en plena campaña electoral por el ganador Frente de Todos. Tampoco se mencionan la inflación, una herramienta económica capaz de voltear una montaña en solo un año, ni la barrera que levantó la pandemia para todas las empresas argentinas desde Marzo pasado y vaya a saberse hasta cuándo.

La decisión intempestiva del Presidente se tomó en base a un “paper” elaborado rápidamente por el último de los siete directores nombrados, Claudio Lozano, quien desde los lugares que supo ocupar siempre hizo resaltar su figura sobre sus pares y superiores. El presidente del Banco Nación Eduardo Hecker, y el vicepresidente Matías Tombolini, no dieron señales de existencia en este asunto.

Los mejores analistas dicen de viva voz: Vicentín es nadie en el mercado exportador de granos, comparada con empresas como Bunge, Cargill, Dreyfus o Nidera, pero sirve para batir el parche de la expropiación. Es como si Robin cayera en desgracia, y Batman además lo castigara duramente.

¿El porqué de la amenaza?: que el 9% de la oferta exportable que supone Vicentín SAIC “podría pasar a manos de sus competidores y consecuentemente el mercado se concentre aún más en los mismos actores transnacionales que continuarán especulando con la liquidación de divisas expoliando nuestros recursos y transfiriendo sus rentas al exterior…”. Y aquí uno se queda sin aire porque la verborragia lozanista se refleja en el texto, que continúa, por supuestos, sospechando de “países no cooperantes”. ¿What?

Hay debilidad institucional en el planteo expropiatorio desde el mismo momento en que el presidente ignoró al juez Fabián Lorenzini de Reconquista (Santa Fe), igual que se hizo con la intervención de Ciccone en 2012 con el juez Javier Cosentino. Tarde y mal se puso en caja la función interventora por 60 días.

Pero el periodista especializado en economía Néstor Restivo, corre el telón en el portal dangdai.com.ar para develar qué se esconde detrás de esta expropiación de cabotaje. “La clave es China”, afirma. Y se remite a la visita del vicepresidente chino Li Yuanchao en mayo de 2013 a la Argentina cuando firmó con la entonces presidenta Cristina Fernández de Kirchner un “memorándum de entendimiento” de cooperaciones agropecuaria.

En aquel momento cobró importancia la empresa china COFCO, que ya compraba Nidera de Argentina dependiente de la multinacional originada en los Países Bajos. Esa sucursal argentina pasó a llamarse Cofco, la Cofco que en enero de 2019 despedía a casi 200 trabajadores y dejaba el negocio de refinamiento de aceites y se focalizaba su actividad en la producción de semillas. China Oil and Foodstuffs Corporation (COFCO) tiene 160 mil empleados en China y 11 mil en el resto del mundo, e ingresos anuales de 60 a 70 mil millones de dólares. Un gigante multinacional, pero del lado del comunismo capitalista.

Del intercambio comercial con China, Gabriel Delgado -flamante interventor de Vicentín y ex secretario de Agricultura durante el segundo mandato de CFK- sabe perfectamente porque así lo dijo: “somos uno de los proveedores principales de alimentos de China y China es un gran proveedor de bienes de capital, manufacturas e inversiones”, tras lo cual destacó la “complementariedad”, la “cooperación tecnológica” y los acuerdos fitosanitarios para abrir mercados alcanzados o en marcha (Revista DangDai Nº 12, otoño 2015).

En el reacomodamiento mundial se inserta esta maniobra que parece pequeña en volumen pero forma parte de una construcción que excede al mercado nacional y es aún poco visible al público común. Se observa aquí otro sesgo ideológico encubierto del cual se conoce poco y nada de sus efectos concretos.

Sin embargo, trae un lenguaje que anticipa el viraje: expropiación, nacionalización, estatización, utilidad pública o interés social, expropiación exprés, seguridad y soberanía agroalimentaria, muy familiar en Venezuela.

Más adelante, en el proceso judicial, reaparecerán otros términos como “estimaciones de costos”, “acuerdos amistosos”, “indemnizaciones”. Será el momento de pagar por una deuda que nunca estuvo en los cálculos del pueblo argentino, pero siempre en el de los especuladores del poder.

Cuando se quiere se encuentran soluciones que no llegan al límite de la expropiación. Cuando se quiere realinear a la Argentina tras otros horizontes ideológicos, se expropia, aunque no haga falta. Lo importante es dar el puntapié inicial en el mensaje.