Escolaridad

Por Julieta Ripoli.

Este es mi segundo artículo para la Revista “Identidad Colectiva”. Quiero comenzar por agradecer brevemente el espacio para llevar adelante esta columna de opinión que acordamos fuera sobre “Política y Derecho”. 

Amablemente desde la revista me ofrecieron elegir si yo prefería tener una columna semanal quincenal o mensual. Opté por la opción quincenal porque me pareció la más sensata, la “vía del medio”, teniendo en cuenta que quince (15) días si bien no es mucho tiempo considerando la vorágine de la actualidad es un tiempo prudencial para que sucedan cosas de relevancia y analizar en perspectiva los acontecimientos. Pero…, estamos en Argentina y, como diría el ex Presidente Mauricio Macri, “pasan cosas” todos los días. 

Así es que, originalmente, mi intención para la columna de hoy era escribir sobre los recientes cambios de gabinete en lo atinente al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (es decir, la salida de Marcela Losardo –amiga personal del Presidente de la Nación, Alberto Fernández–, y la entrada de Martin Soria, ex Diputado Nacional y ex Intendente de General Roca, con un discurso que al principio pudo advertirse altisonante en cuanto a sus denuncias al funcionamiento actual del Poder Judicial de la Nación y la “Mesa Judicial” del Macrismo –LawFare–, pero que luego de asumir el cargo ministerial pareció ir menguando, por lo menos en cuanto a su exposición pública refiere), así como el sobreseimiento de la Vice Presidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, el Gobernador de la Provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, el actual Presidente del Banco Central, Miguel Angel Pesce, y el ex titular de dicha entidad, Alejandro Vanoli, en la llamada (mediáticamente) causa “Dólar Futuro” por considerar la Justicia Penal Federal que a su respecto hubo “inexistencia de delito”. Es decir, sentenció con fuerza de verdad legal que no hubo delito. 

Pero, atento los acontecimientos de la última semana en materia de situación de emergencia sanitaria por pandemia mundial de COVID_19, al supuesto crecimiento exponencial de los casos, especialmente en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), que daría lugar a la llamada “segunda ola”, “al pico de la pandemia”, “al colapso sanitario”, y otras denominaciones; el consecuente dictado del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) N° 241/PEN/2021 por parte del Presidente de la Nación (Poder Ejecutivo Nacional – PEN) que dispuso, para regir a partir del día lunes 19 de Abril, nuevas medidas restrictivas que afectarán a la libre circulación, al comercio y a la educación, todo ello dispuesto en un marco de situación general de extrema gravedad y fragilidad en materia social económica educativa y sanitaria por la que atraviesa el país; y que a su vez, por abarcar a la jurisdicción de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, dio lugar a un nuevo (y a mi modo de ver, esperable e innecesario) conflicto con los principales referentes de la oposición en un año electoral como éste, y que ellos (también a mi modo de ver) supieron canalizar muy bien, como suele hacer “Cambiemos” en términos mediáticos y de campaña. 

Dicha oposición está encabezada, por un lado, por el Jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, aspirante a candidato presidencial en 2023, y por la otra, por la Presidenta del Partido Cambiemos, Patricia Bullrich, quien también se mide bien en las encuestas. Ambos referentes opositores junto con una tercera que, por no tener responsabilidades de gobierno ni partidarias, aprovecha a mantenerse en silencio y sacar rédito sin mayor esfuerzo, creciendo en las encuestas. Se trata de la ex Gobernadora de la Provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal. Los 3 posibles candidatos de la oposición, que integran actualmente el Partido de Cambiemos, miden muy bien en las encuestas, en contraste con el natural desgaste en la imagen de los funcionarios del oficialismo a un año de gobierno y la gestión de la pandemia.  

Yendo entonces al principal asunto en cuestión que mantiene en vilo a la sociedad en los últimos días, el conflicto suscitado en torno a la “escolaridad”; o mejor dicho el conflicto “canalizado políticamente” por la oposición y “descuidado” por el oficialismo gobernante, que en los hechos objetivos se podría traducir en “presencialidad o virtualidad” del dictado de clases, pero en términos mediáticos y de coyuntura política deviene en el slogan “cierre o apertura de las aulas”. Al respecto, uno de los “memes” que más me impresionó en los últimos dos días versaba: “yo vi al progresismo K cerrar las aulas y golpear la puerta de los cuarteles”, en alusión a los términos del DNU de Alberto Fernández que dispuso cerrar los establecimientos educativos y ordenar a las fuerzas de seguridad “colaborar” (se supone sin portación de armas) en el control del cumplimiento de las medidas dispuestas en el AMBA. Considero un horror la expresión del “meme”, su contenido, su significado, una tergiversación de los hechos objetivos suscitados, pero no por ello menos estimable en cuanto al impacto del discurso político y mediático, de las imágenes que se logran transmitir a la sociedad y de la formación de sentido común-colectivo.   

Con relación a ello, voy a dar primero mi opinión respecto al “cierre de las escuelas y el retorno a la virtualidad” de los niños en edad escolar, y luego voy a dar mi opinión jurídica respecto del amparo presentado por el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el día de ayer, viernes 16 de Abril, en relación al planteo de inconstitucionalidad del mencionado DNU y la medida cautelar (de no innovar) para que la Justicia defina no sólo la suerte del modo de impartir las clases en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires sino también la legalidad del DNU impugnado y los alcances de una medida de emergencia dictada por el PEN (art. 99 inc. 3 CN) en contraposición a la “autonomía” de la Ciudad de Buenos Aires (art. 129 CN). 

Por tanto, entiendo que se trata de una batalla jurídica espontánea, casi imprevista, pero que podría aparejar altos niveles de impacto político e institucional, porque en el caso puntual se trata del planteo de inconstitucionalidad y de los alcances de un “Decreto de Necesidad y Urgencia” (art. 99 inc. 3 CN), dictado por el PEN en el marco de una emergencia sanitaria formalmente declarada, y el choque de competencias entre la Nación y la “autonomía” de la Ciudad de Buenos Aires (art. 129 CN). Para los que son ajenos al mundo del derecho se señala que el debate acerca de la “autonomía provincial” (art. 123 CN) dio lugar a ríos de tinta en fallos jurisprudenciales durante todo el siglo XX. Si bien en el caso se trata de CABA y no de una provincia, ya ha quedado establecido que a partir de la ultima reforma constitucional del año 1994 tiene el mismo “status” (art. 129 CN). Este podría ser bien un caso paradigmático (un leading case, es decir, un caso de punta) respecto de la “autonomía de la CABA”. Salvo que la Corte Suprema de Justicia de la Nación no quiera adentrarse en un conflicto de poderes y decida irse por la tangente, quedarse en el análisis de “forma” y no entrar a considerar el análisis de “fondo” de la cuestión planteada. En este caso, bien podría sostener que se trata de un DNU bien dictado por el PEN, de acuerdo a los parámetros establecidos por la Constitución Nacional (aunque el Congreso –que dicta las leyes– se encuentre sesionando, pero en este caso tendrá que tomar debida intervención y aprobar el DNU), que no se ve alterada la “autonomía de la Ciudad” ni el esquema constitucional por cuanto se trata de una medida extraordinaria, dictada en el marco de una emergencia sanitaria formalmente declarada por el PEN durante el 2020, que tiene un plazo de duración exiguo de 15 días, y que a todo evento se trata de “cuestión política no judiciable”. De otro lado, también podría sostener que el DNU no se encuentra bien dictado por cuanto la emergencia sanitaria por COVID_19 está formalmente declarada hace un (1) año, que el Congreso de la Nación –que dicta leyes—se encuentra sesionando, que es competencia del Poder Legislativo dictar leyes nacionales y no puede el PEN arrogarse competencias del Poder Legislativo (por eso los DNU son excepcionales porque su “naturaleza jurídica” es legislativa, cuandoexistan circunstancias excepcionales que hagan imposible seguir los trámites ordinarios previstos en la Constitución Nacional para la sanción de las leyes” –art. 99, inc. 3º–)  pero que mucho menos puede avasallar el PEN la autonomía de la CABA que desde el año 1994, a partir de la última reforma constitucional, tiene el mismo status jurídico político institucional que cualquiera las provincias que integran nuestro Estado Federal. Que asimismo es el propio DNU el que establece diferencias en este caso en el tratamiento entre las provincias y la CABA. En fin. Se verá el accionar de la Corte en los próximos días. Hasta el momento de redacción de la presente, la Procuración General, con dictamen de la Dra. Laura Monti, ya dictaminó acerca de la competencia de la Corte Suprema para intervenir en la causa y dirimir la controversia suscitada entre Nación y CABA.   

Con relación a mi opinión subjetiva sobre el “cierre de las escuelas y el retorno a la virtualidad” me inclino más por la negativa pero me parece que la problemática de la infancia es mucho mayor y que la utilización política en este caso es evidente, por lo que para resumir mi parecer transcribo un hilo que escribí ayer en la Red Social Twiter: 

“Medio día. Sol. Sentada en un bar, en pleno barrio porteño de Recoleta, con vista a la Basílica del Pilar y mientras suena un tango en La Biela, una nena de unos 10 años se me acerca para “venderme” algo y “me pide ayuda”. Es una nena en edad escolar pero de las “invisibles”.

Por estas fechas hay quienes se espantan (y se enojan y despotrican en redes sociales) por el “cierre de las escuelas” que en verdad solo afecta “el modo presencial” e implica el retorno a la virtualidad del año pasado.

No tengo niños en edad escolar cerca para merituar “el drama” pero sí tengo la capacidad de comprender (empatía mediante) que la falta de socialización puede afectarlos y mucho. Así como nos afectó a todos, adultos incluidos, la cuarentena estricta del año pasado.

Especialmente para aquellos adultos que la respetamos estrictamente durante casi más de medio año. No sé si comparto las medidas. Me inclino por la negativa pero es claro que hay una utilización política del asunto “de la escolaridad” en un año electoral que va de la mano de una “espina clavada” en la oposición política desde que perdieron las elecciones, que es abonada y nutrida por “descuidos” del oficialismo. Quienes se quejan del asunto de la escolaridad, y quizás cacerolean, son adultos de clase media, media acomodada y alta alentados por medios concentrados de comunicación, redes sociales y dirigentes de la oposición que especulan con sumar un voto. Que el oficialismo no sepa o no pueda o no quiera leer ese mensaje también es grave. Porque ya sabemos qué pasó en 2015. El horno no está para bollos.

Pero más grave me parece el asunto de fondo. Que no es “la presencialidad o virtualidad en las escuelas” sino la tremenda e insoportable (por lo menos para mi) “invisibilidad” de los niños pobres. Los de clase baja, los marginales. Los invisibles de Galeano.

Los que a cada hora y a cada rato vemos pateando la calle y recorriendo mesas “vendiendoNos” algo o “pidiendoNos ayuda” en forma expresa. Por qué la doble vara? Quién se preocupa por esos niños que también están en edad escolar?

Por su “presencialidad en las escuelas” pero fundamentalmente por su inserción social, por su presencialidad en sus hogares, casas, vecindarios, clubes. La mayoría no tienen nada de eso. Ni casa ni hogar ni escuela ni deporte ni idioma, ni obra social, ni tienen agua potable, ni pavimento, ni Dni. No tienen adultos que los cuiden, que les enseñen, que los protejan. No tienen redes sociales de contención. Esos son los niños de la Argentina que mañana serán adultos. Esos son los adultos de la Argentina que ayer fueron niños.

Cuándo fue que nos acostumbramos a vivir así? Desde cuándo y hasta cuándo? Dónde está el Estado, la política y la dirigencia política también? Viéndolo así, casi que dan ganas de cacerolear de la impotencia”.

Con relación al planteo de inconstitucionalidad del DNU planteado por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación contra el Poder Ejecutivo Nacional que lo dictó, así como su adhesión a otro amparo presentado por ante el Fuero Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad, cabe destacar lo siguiente. 

En cuanto al análisis jurídico del planteo del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires cabe señalar, por un lado, que el Fuero Contencioso Administrativo y Tributario, Juzgado 1 Sala 1, a cargo de la Jueza Romina Tesone, acaba de dictar hace unas horas (al momento de redactar la presente) una resolución por la que rechazó in limine (un “latinazgo” que significa “de plano”, sin entrar a analizar o considerar la cuestión planteada) el amparo presentado por particulares al que había adherido el Gobierno de la CABA por cuanto consideró que ya se había receptado la competencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación por parte de la Procuración General y que en consecuencia iba en contra de los “actos propios” del Gobierno de CABA que ya había acudido a la Corte Suprema en forma previa. Asimismo, que el fuero no era competente por corresponder la intervención de la Corte. El fallo a mi modo de ver está jurídicamente bien fundado, por cuanto la competencia es de la Corte Suprema. 

Con relación al dictamen de la Procuración General ante la Corte, con dictamen de la Dra. Laura Monti, el mismo receptó la competencia de la Corte, consagrando tácitamente una vez más el indiscutido “status” autonómico de la CABA en igualdad de condiciones que cualquiera de las provincias que integran el bloque federal. Es decir, entendió que la Corte era competente y debía dirimir la cuestión planteada entre CABA y NACION. Me inclino por considerar que el planteo de la CABA en lo formal y sustancial es atendible, principalmente en cuanto a su autonomía, y creo que en la arena política era un “debate” que se elevó a categoría de “conflicto” que sólo desgasta al gobierno y beneficia a la oposición que se muestra así ante la sociedad como “receptiva de un mandato popular” y que bien podría haberse evitado.