Escenarios emergentes para la articulación y fortalecimiento de la Educación técnico profesional: el ámbito de la Formación profesional en Argentina

Por Lic. Ricardo De Gisi. Sociólogo, Docente de la UBA- Director de FP de la PBA

1. Contexto y rasgos particulares de la ETP en Argentina

Históricamente, la educación técnico profesional (ETP) en Argentina ha tenido un desarrollo temprano, desde la constitución del estado nacional, vinculado estrechamente a la dinámica de los distintos modelos de acumulación en los que se organizó la estructura social y económica de nuestro país.

Hay dos rasgos centrales del caso argentino que caracterizan a la consolidación de la ETP, sobre todo a partir de mediados del siglo pasado.  Un primer rasgo histórico es la centralidad del arreglo institucional y político de la ETP, es decir, la dependencia funcional de la ETP del sistema educativo, rasgo que lo diferencia del resto de experiencias regionales de los estados nacionales de América Latina. Un segundo rasgo, es el carácter central de la relación de dependencia funcional de los servicios educativos de la ETP con los Ministerios de Educación nacional, y la creación de organismos descentralizados (y con autonomía relativa y presupuestaria) especializados en la planificación e implementación de los servicios educativos a nivel de las jurisdicciones provinciales.

La institucionalidad de la ETP en Argentina, tiene un desarrollo secular e idiosincrático de más de un siglo de construcción en nuestro país, se expresa en la acumulación de un acervo cultural de central importancia, construido socialmente, y que representa un enorme valor social considerando la composición del capital social, cultural y de los saberes sociales vinculados al trabajo y el desarrollo tecnológico de nuestra sociedad.

Las instituciones de ETP ( Escuelas técnicas, Institutos técnicos superiores, Centros de Formación profesional) son un bien público y común; y con sus logros, capacidades y activos acumulados socialmente a partir de una inversión pública sostenida, (superando sus limitaciones, resolviendo sus problemas estructurales y creando condiciones para su  ampliación y valorización social), son una plataforma de base para el diseño y construcción de agendas sociales y políticas públicas que favorezcan una interacción virtuosa entre el sector socioproductivo y la modalidad de ETP, para inscribirla en los procesos  de desarrollo socioeconómico  con creciente inclusión e igualdad social. 

Las instituciones de ETP constituyen una densa red pública con extensión territorial a nivel nacional, compuesta por 4927 instituciones, de las cuales 2600 se encuentran concentradas en las principales provincias de nuestro país; siendo Buenos Aires la que concentra casi un tercio de todos los establecimientos de ETP, seguida por las provincias de Córdoba, Santa Fe y Ciudad Autónoma de Buenos Aires.  En estas cuatro jurisdicciones educativas se encuentran concentradas más del 50 % de las instituciones de ETP del total país.

La distribución de la oferta formativa de la ETP se encuentra relativamente proporcionada entre sí a nivel país, siendo la oferta de nivel secundario técnico la que concentra la mayor cantidad de instituciones, (5 de cada 10 instituciones de ETP son de técnica secundaria y explican solo el 12% del nivel secundario); en un segundo lugar están los establecimientos que ofertan Formación Profesional  ( 4 de cada 10 instituciones son de formación profesional);  y, finalmente aquéllas que brindan tecnicaturas superiores (1 de cada 10 instituciones de ETP corresponden a este ámbito).

En relación a la cobertura, la modalidad de ETP presenta una matrícula de 1.137.679 personas, de los cuales aproximadamente 700.000 estudiantes se concentran en las jurisdicciones de la Región centro (Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe y Ciudad Autónoma de Buenos Aires). En relación a la distribución de la matrícula por ámbito de la modalidad de ETP, la Educación técnica secundaria explica que 6 de cada 10 estudiantes de la ETP se concentran en este ámbito (representando a la vez sólo el 20% de la matrícula del nivel secundario a nivel nacional). La Formación profesional concentra 3 de cada 10 estudiantes, y para el ámbito de la Educación técnica superior, 1 de cada 10 estudiantes de la ETP se concentra en este nivel.

En cuanto al colectivo docente, la modalidad de ETP tiene en actividad 69.497 docentes a nivel federal. El 80% por ciento de este universo docente concentra su actividad de enseñanza en instituciones de educación técnica secundaria. El 15% se concentra en instituciones de formación profesional, y sólo el 5% aproximadamente en institutos de formación técnica superior.

En los análisis comparados de los sistemas de formación y de educación técnico profesional a nivel internacional y regional, el grado de desarrollo de marcos y regímenes regulatorios específicos para esta modalidad educativa, es uno de los indicadores permanentes para medir el grado de institucionalización de los sistemas de ETP, junto al tipo y grado de financiamiento regular y sostenido, y a la participación de la cobertura de la ETP en relación al resto de las modalidades educativas.     

En Argentina, el marco regulatorio para la definición de políticas vinculadas a la modalidad de ETP tiene como soporte un hito central en el desarrollo de la modalidad. La Ley Nacional N° 26.058 de ETP del año 2005, establece un horizonte para desarrollar estratégicamente la formación para el trabajo, a partir de las dinámicas particulares de la estructura social, económica y educativa en nuestro país.  Esta regulación se enmarca en un vínculo con las políticas nacionales y con las estrategias de carácter federal que integran las particularidades y diversidades jurisdiccionales.

Los rasgos centrales y estructurantes del marco regulatorio de la ETP en Argentina se pueden sintetizar en cuatro principios.

La Educación técnico profesional y su articulación con el desarrollo socioproductivo

Este primer principio define a la modalidad de ETP como parte del sistema educativo nacional, y como la modalidad cuyo propósito fundante es la formación para el trabajo.   Al mismo tiempo esta modalidad pretende favorecer niveles crecientes de equidad, calidad, eficiencia y efectividad para la ETP, como elemento clave de las estrategias de inclusión social, del desarrollo socio-económico nacional y federal, de la innovación tecnológica y de la promoción del trabajo calificado y de calidad.  En este principio se conjuga la intencionalidad política e institucional con el consenso social, para definir a la ETP como la modalidad de educación diferenciada y especializada en la formación para el trabajo.

La integralidad de la Educación técnica profesional

En segundo término, el marco regulatorio establece desde la organización de la modalidad tres ámbitos con propósitos formativos singulares; estos son: la Educación técnica secundaria, la Educación técnica superior y la Formación profesional.

Este principio define el propio campo y territorio de la ETP en relación a los tipos de formación que la constituyen, se promueve un mecanismo de ordenamiento de la modalidad, y a la vez habilita procesos de innovación en la modalidad de Educación Técnico Profesional (ETP).  Además, posibilita la configuración de nuevos modelos y dispositivos de formación, que articulen el aprendizaje profesional de cada ámbito y su mutuo reconocimiento, para las trayectorias de los sujetos en los distintos niveles de la ETP (Formación profesional inicial y continúa, la Educación secundaria técnica y la Educación técnica superior).

El ámbito de la Educación técnica secundaria, es parte integrante de la modalidad de ETP y a la vez del nivel educativo secundario obligatorio definido en la estructura del sistema educativo de la ley de Educación Nacional.   Las instituciones que ofertan titulaciones técnicas de nivel secundario (Escuelas técnicas) se caracterizan por la formación en el desempeño propio del Perfil Profesional específico. Por tanto, es una modalidad educativa caracterizada por la búsqueda constante de situaciones de enseñanza y aprendizaje basadas en el trabajo; desde y en el trabajo y no sólo para el trabajo.

Las trayectorias educativas y la lógica curricular se organizan en referencia a perfiles vinculados a sectores profesionales y áreas ocupacionales específicas, cuya complejidad requiere la disposición de competencias profesionales que se desarrollan a través de procesos sistemáticos y prolongados de formación, para que los sujetos construyan capacidades profesionales que son la base de esas competencias.

Una característica de este ámbito es el desarrollo de procesos sistemáticos de formación que articulan la formación general, la formación técnica específica y la formación científica tecnológica.  La complementación teórico – práctica en la formación, la formación ciudadana, la humanística general y la relacionada a los campos profesionales específicos.

Una segunda característica es el desarrollo de trayectorias de profesionalización que posibiliten a los alumnos y alumnas el acceso a una base de capacidades profesionales y saberes, que les permita la inserción en el mundo del trabajo, así como continuar aprendiendo durante toda su vida.[1]

La Educación técnica superior, es el ámbito de la ETP que da respuesta a aquéllos estudiantes que, habiendo cumplimentado con la educación secundaria obligatoria (sea ésta de carácter técnico o no técnico) eligen continuar estudios superiores de carácter profesionalizante en áreas específicas, que requieren el dominio de capacidades, conocimientos, habilidades, actitudes y destrezas sólo posibles de desarrollar en procesos educativos sistemáticos y sostenidos.

Las instituciones que brindan este tipo de educación técnica profesional deben desarrollar actividades orientadas a la enseñanza, investigación, desarrollo, innovación y vinculación tecnológica para garantizar que sus egresados puedan insertarse y desarrollarse en un campo profesional determinado en el mundo del trabajo.

La Educación técnico superior puede adquirir el carácter diversificado o de especialización en un determinado sector profesional.  Por carácter diversificado se refiere a una formación inicial en una profesión técnica cuyo Perfil Profesional tiene un amplio espectro ocupacional; a este tipo de formación pueden acceder todos los jóvenes que hayan cumplimentado su nivel secundario obligatorio. A la formación especializada podrán acceder aquellos jóvenes que hayan cumplimentado su educación técnica secundaria, en una especialidad de afinidad formativa del mismo sector profesional para profundizar su formación.

En relación a la formación profesional, en un capítulo particular desarrollaremos las características y alcance de este ámbito propio de la modalidad de ETP.

Mejora continua de la Educación técnica profesional

En el caso del tercer principio, la Ley de ETP prescribe un mecanismo permanente de financiamiento para la modalidad de ETP a partir de un fondo de mejora contínua de la ETP financiado por el 0,2 % del ingreso público anual corriente. Este fondo es gestionado y administrado por el INET (Instituto Nacional de Educación Tecnológica) y es distribuido a cada jurisdicción educativa en función de criterios consensuados por el Consejo Federal de Educación (CFE).

Cabe destacar, que desde la aprobación de la ley de ETP, este mecanismo de inversión sostenida fue interrumpido por primera vez en los años 2018 y 2019, cuando se alteró el índice definido por el marco regulatorio para el fondo de mejora de la ETP. En este bienio 2018 y 2019 se redujo a más de mitad el índice (0.08%) del aporte, afectando estructuralmente las condiciones de inversión pública sobre la modalidad. 

Diálogo social interinstitucional e intersectorial

El marco regulatorio de la ley de ETP viabiliza la creación de instancias institucionales de diálogo social, en clave de participación y concertación con los actores sociales del mundo del trabajo y la producción (sindicatos, cámaras empresariales, colegios profesionales entre otros) para las necesidades sociales de formación.

El Consejo  Nacional  de  Educación  y  Trabajo  (CoNE-T) es un órgano consultivo y asesor de las políticas de ETP para el Ministerio de Educación, en la órbita del INET;  junto a los foros  sectoriales, encuentros  federales  permite  organizar  y  promover  el  compromiso  de  los  actores  del  mundo  del  trabajo  y  la producción,  de la ciencia y la tecnología,  junto a la participación de los responsables político-técnicos de las veinticuatro jurisdicciones educativas, a efectos de elaborar los acuerdos y consensos necesarios para formular, diseñar e implementar las políticas y estrategias de mejora de la educación técnico-profesional.  Como parte de este proceso, la elaboración del proyecto de Ley de Educación Técnico-profesional sancionada en septiembre de 2005, instrumentaliza la creación de Foros Sectoriales que tienen como objetivos:

Identificar las características fundamentales de la situación actual de cada sector y elaborar una prospectiva al respecto.

Identificar las figuras y los perfiles, en el marco de las familias profesionales, a fin de reconstruir la cadena de incorporación de valor de cada sector productivo de modo exhaustivo.

Participar en la validación de los perfiles profesionales y de los marcos de referencia desarrollados, para la homologación de cada uno de los sectores abordados.

Estos Foros se constituyen en el marco del Consejo Nacional de Educación, Trabajo y Producción, y tienen además un carácter interinstitucional ya que están integrados por representantes de Ministerios Nacionales –Educación, Trabajo, Economía, Producción, Ciencia y Tecnología–, de los trabajadores, los empresarios, las instituciones de ciencia y tecnología, y por personas de reconocida trayectoria en los sectores de actividad de relevancia estratégica económica.  La actividad de los foros se concreta en grupos de trabajo que ponen en común los avances y logros ya alcanzados en los diferentes sectores con relación a la identificación de funciones y roles ocupacionales, y a la caracterización de los diferentes perfiles profesionales.  Desde la vigencia de la ley de ETP se han llevado a cabo los Foros Sectoriales relativos a: Construcción, Mecánica Automotriz, Metalmecánica, Turismo, Hotelería y Gastronomía; Agropecuaria, Informática, Energía Eléctrica, Madera y Mueble, Estética Profesional, Textil e Indumentaria, entre otros.

En este sentido, entendemos que la ETP debe cumplir un rol estratégico  para el desarrollo sostenible, con el objetivo de promover el crecimiento económico sostenido e inclusivo, el desarrollo social, la promoción del trabajo cualificado y de calidad; la atención prioritaria a los modelos económicos y entramados productivos  Pymes, cooperativos , de la economía popular y social; la contribución a la soberanía del conocimiento tecnológico, al uso y producción de tecnologías libres, los bienes públicos y comunes;  la protección del medio ambiente y la justicia ambiental, la erradicación de la pobreza y el hambre.  La Educación Técnico Profesional contribuye a promover la ampliación, comprensión y el respeto de los derechos humanos, la inclusión y la equidad, la igualdad de género y la diversidad cultural, la ciudadanía digital; así como, a impulsar las capacidades de aprender a lo largo de toda la vida y aprender a convivir, cuestiones esenciales para la participación social y económica.   

2. Escenarios y tendencias centrales que deberían ser priorizadas a la hora de diseñar las políticas públicas alrededor de la educación técnico profesional en Argentina en un horizonte de corto mediano y largo plazo.

Un primer escenario lo constituyen las dinámicas que estructuraron a la sociedad argentina en el último lustro, en relación a los indicadores sociolaborales profundamente regresivos que alteran principios básicos de una configuración societal, que pretendemos organizada en base a relaciones sociales cooperativas, democráticas e igualitarias, a saber:  

Casi el 45% de la población económicamente activa (PEA) en Argentina no finalizó la educación secundaria obligatoria, observándose para este mismo segmento poblacional niveles bajos de calificación profesional.

En relación a los indicadores de vulnerabilidad social casi el 50 por ciento de nuestros compatriotas se encuentran en situación de pobreza, como expresión de políticas socioeconómicas que profundizaron los niveles de vulnerabilidad y desigualdad social a partir de la desestructuración de los soportes sociales que configuran la sociedad salarial.

Desde la mirada del mundo del trabajo la situación se refuerza en relación al incremento sistemático del desempleo que se concentra en los dos dígitos de la población económicamente activa y en niveles crecientes de informalidad laboral, mecanismos que refuerzan la vulnerabilidad y la precarización de amplios segmentos de la clase trabajadora. Tendencia que se profundiza en el rango etario de la población de jóvenes de 18 a 24 años en donde casi se duplican los niveles de desempleo pobreza y precariedad laboral.

Un incremento sustantivo del peso específico de la economía popular y social en relación al volumen de empleo y sectores que abarca, aproximadamente el 25% de los trabajadores en Argentina (casi 4 millones de trabajadores) se insertan en este tipo de organizaciones con grandes brechas de productividad en su interior, condiciones de trabajo e ingresos y formas de organización socio técnica de la producción.

Este primer escenario configura en perspectiva en Argentina, un mundo del trabajo profundamente diverso, segmentado, heterogéneo, complejo y en particular desigual e injusto que tiende a cristalizar tendencias crecientes de exclusión social.    

Por otra parte, se estructura un segundo escenario vinculado a una tendencia creciente a nivel global que viene configurando un cambio sociotécnico que transforma los modelos y las formas de organizar y producir los bienes materiales y simbólicos.  

Más allá de las posibilidades originales creadas por el advenimiento de las Tic´s en la última década del siglo XX, la combinación y la convergencia recientes de tecnologías digitales —como el aprendizaje automático, los dispositivos móviles, los sensores, la ciencia de datos, la inteligencia artificial y la Internet de las cosas— han conducido a innovaciones que están teniendo importantes implicancias en todos los sectores socioproductivos.

Además, los avances recientes en muchos campos del conocimiento, como la biotecnología, nuevos materiales, electrónica y nanotecnología, se produjeron por la expansión de esta revolución digital. Hoy vemos una velocidad exponencial en la creación de conocimiento nuevo y en sus posibles aplicaciones, no solo productivas, sino también orientadas a resolver problemas que afectan a la humanidad. La salud, las condiciones precarias de trabajo, el cambio climático, el transporte, el desarrollo urbano y el hábitat reflejan la gran complementariedad que existe entre los saberes digitales y los campos de conocimiento científicos y productivos tradicionales. Asimismo, muchos de los avances en las soluciones aplicadas, algunos de ellos basados en recursos naturales y otros insumos que abundan en la región de América Latina, ofrecen la posibilidad de generar ventajas competitivas basadas en el conocimiento, la innovación y la digitalización.

Las nuevas condiciones planteadas por las tecnologías 4.0, los cambios iniciados desde hace más de dos décadas en las áreas de electrónica, bioeconomía, nanotecnología, redes extendidas de comunicación, energías renovables y eficiencia energética, han convergido en el presente en cambios radicales en los modelos de producción, comercialización y consumo.  La difusión de la digitalización y la conectividad, con tecnologías de automatización y robótica, para crear valor en cadenas de producción y entramados productivos inteligentes están rodeadas de nuevos conceptos como Inteligencia Artificial, Big Data, Internet de las cosas, que en su conjunto están transformando a la sociedad.

Los impactos de esta tendencia a la digitalización en el desarrollo productivo y la desigualdad social son enormes, y replantean nuestros esquemas de organización institucional de la sociedad, de la educación en general y de la modalidad de ETP en particular.  En el mismo sentido, sus efectos sobre el mundo del trabajo y los requerimientos de capacidades y habilidades implican esfuerzos de primera magnitud en la educación técnica profesional inicial y contínua para el conjunto de la sociedad de nuestro país.

El desarrollo y la transformación de la matriz productiva hacia un patrón de especialización más “intensivo” en trabajo formal calificado, con mayor densidad de conocimiento tecnológico nacional, con mayor valor agregado en la producción de bienes materiales y simbólicos diferenciados, es ineludible para lograr un proceso que permita una amplia inclusión en términos sociales, con la creación de trabajo calificado y de calidad, y el sostenimiento del desarrollo económico en el largo plazo. Una de las respuestas a este desafío es fortalecer y configurarecosistemas y entramados productivos caracterizados por generar ventajas competitivas dinámicas, superando las lógicas de acumulación centradas en un modelo extractivista y primarizante desde lo productivo, que tienden a profundizar la degradación del medioambiente y precarizar las condiciones y la calidad de vida de la sociedad y de los trabajadores.   Estos entramados o ecosistemas productivos deben partir de potenciar los procesos evolutivos de largo plazo existentes en los recursos naturales, manufacturas y servicios, incorporando en ese ecosistema a la ETP inicial y contínua como una dimensión central de la matriz productiva para la construcción social de las capacidades profesionales de los trabajadores y técnicos e innovando acerca del modelo de interacción virtuosa del sector socioproductivo y la modalidad de ETP.

Un segundo aspecto central  que implica un desafío cultural e institucional para la ETP es la articulación y vinculación con las organizaciones productivas y  los actores sociales de la economía social y popular, este campo es una fuente de enorme relevancia para desarrollar procesos de significatividad y pertinencia formativa, en particular  a partir de  generar procesos de cooperación para desarrollar tecnologías apropiadas de baja y mediana complejidad (por medio de prácticas profesionalizantes, proyectos tecnológicos) para fortalecer la capacidad productiva y mejorar las condiciones de trabajo e ingreso de los trabajadores de estos sectores.

3. Las políticas públicas para la FP: desafíos de la formación profesional como ámbito de la modalidad de ETP-

La Formación profesional es el ámbito de la modalidad de la ETP que tiene como propósito fundante a la formación sociolaboral para y en el trabajo, dirigida tanto a la adquisición y mejora de las cualificaciones como a la recualificación de los trabajadores.  También incluye la especialización y profundización de conocimientos y capacidades en los niveles superiores de la educación formal[2]  y se basa en el principio de la educación permanente para el ejercicio de la ciudadanía y el trabajo.

Las formaciones adquiridas  “acreditan una cualificación profesional alcanzada por la persona a quien se le extiende el certificado, dando fe y reconociendo públicamente que ha adquirido las capacidades, destrezas, habilidades y conocimientos científico–tecnológicos requeridos para desempeñarse competentemente en todas las funciones correspondientes a un perfil profesional propio del ámbito de la Formación Profesional”[3].

Tiene como característica distintiva que admite formas de ingreso y desarrollo diferenciadas de la educación formal, tan así que será pasible de articular con programas de alfabetización y completamiento de niveles educativos obligatorios y post obligatorios.

Dicha formación puede ser brindada en establecimientos de ETP destinados al nivel medio y/o superior, instituciones propias de la oferta o instituciones conveniadas con otros actores del mundo socioproductivo (sindicatos, cámaras empresariales, escuelas laborales, etc.)

El ámbito de la Formación Profesional comprende:

Formación Profesional Inicial (FPI)

Formación Profesional Continua (FPC) y

Capacitación Laboral (CL)

La FPI posee tres niveles de certificación:

Nivel de Certificación I: Corresponde a Certificados de FP Inicial que acreditan el aprendizaje de conocimientos y saberes operativos básicos de carácter técnico, que se movilizan en determinadas ocupaciones, y que permiten a una persona desempeñarse de modo competente en un rango reducido de actividades en las que se aplican soluciones estándar a problemas que emergen en situaciones definidas.

Nivel de Certificación II:  Corresponde a Certificados de FP Inicial que acreditan el dominio de conocimientos y saberes operativos de carácter técnico y, con alcance restringido, algunos saberes operativos de carácter gestional, que se movilizan en determinadas ocupaciones y que permiten a una persona desempeñarse de modo competente en un rango moderado de actividades, seleccionando con solvencia los procedimientos apropiados para la resolución de problemas rutinarios.

Nivel de Certificación III: Corresponde a Certificados de FP Inicial que acreditan el aprendizaje de conocimientos teóricos científico-tecnológicos propios de su campo profesional, y el dominio de los saberes operativos  técnicos  y gestionales que se movilizan en determinadas ocupaciones,  y que permiten a una persona desempeñarse de modo competente en un rango amplio de actividades, que involucran la identificación y selección de soluciones posibles entre una amplia variedad de alternativas, para resolver problemas de baja complejidad relativa, cuyo análisis requiere del discernimiento profesional. [4]

La Formación Profesional Contínua permite una extensión en el recorrido de la profesionalización que se ajusta a las necesidades de desarrollo del sector socioproductivo. Se conforma como una estrategia de educación permanente y está íntimamente relacionada con la trayectoria de formación inicial de cada sujeto, continuándola ya sea por la necesidad de actualización en los procesos, técnicas, marcos regulatorios, etc.; o por la especialización en algún aspecto de las funciones profesionales o algún subsector o agrupamiento del campo profesional.

La característica central y distintiva de la Formación Profesional Continua, con independencia del ámbito de la ETP inicial con la que se articule y del propósito formativo con que se defina, es que se diseña y desarrolla sobre la calificación profesional previa de los sujetos; y esta articulación presupone, desde el punto de vista de la planificación de la ETP, un vínculo coherente en la trayectoria de formación entre la ETP inicial  y las propuestas de FP continua , implicando una progresión creciente desde el punto de vista de la profesionalización de los sujetos. Dentro de la FPC podemos distinguir dos variantes de formación orientadas en función al grado de intensificación y profundización de la propuesta formativa: Actualización y especialización.

La Capacitación laboral son aquellas acciones formativas orientadas al desarrollo de las capacidades de las personas para que puedan adaptarse a las exigencias de un puesto o rol ocupacional particular. No tienen como condición un requerimiento particular de una calificación profesional previa. Las acciones formativas de Capacitación laboral no se basan en perfiles profesionales, ni necesariamente en trayectorias educativas aprobadas por el Consejo Federal de Educación, por esta condición las certificaciones de Capacitación laboral si bien son parte del ámbito de la formación profesional no requieren la identificación del nivel de certificación de la propuesta formativa. [5]

Para el Marco regulatorio vigente construido y validado por el conjunto de actores sociales y políticos (Provincias, Poder legislativo) a lo largo de estos 15 años, las certificaciones de la FP inicial y continua, la de capacitación laboral en conjunto con los títulos de Educación técnica secundaria (Técnico secundario) y Educación técnica superior (Técnico superior) constituyen el sistema de certificaciones profesionales de la Modalidad de ETP en Argentina.  Este sistema es una plataforma indispensable para la organización a nivel nacional, subnacional e institucional de la modalidad, y es a la vez fuente para diseñar las políticas públicas de la ETP y del desarrollo de las calificaciones profesionales en nuestro país.  

La construcción e implementación de un sistema de certificaciones profesionales, es una de las políticas que permite resolver uno de los problemas históricos y estructurales del ámbito de la FP,  en relación a la tensión entre la diversidad y la heterogeneidad de los procesos y propuestas formativas;  permite delinear con mayor claridad los contornos y la territorialidad de la formación profesional de otros tipos de formaciones  que tienen un valor social y educativo  (orientadas a la contención social, el autoconsumo, la recreación/socialización, los circuitos de educación no formal) pero no poseen como propósito central la formación sociolaboral en áreas ocupacionales validadas socialmente por los actores del mundo del trabajo. 

En segundo lugar, este sistema de certificaciones profesionales permite – desde la perspectiva de la oferta del ámbito de la FP-  establecer ciertas articulaciones y regularidades comunes que ordenan el campo de la FP para el conjunto de las carteras de gobierno (Trabajo, Producción, Desarrollo social) que desarrollan propuestas y programas de formación profesional. Desde el punto de vista de los actores del mundo del trabajo, este tipo de políticas permite mejorar la valorización y reconocimiento social de la certificación profesional.          

La tercera cuestión es que un sistema de certificaciones profesionales, habilita a que la FP se conciba como un ámbito de la ETP de carácter reticular, con posibilidades de articulación con la ETP inicial y continua, y progresivamente con los distintos niveles, modalidades del sistema educativo y con las diferentes condiciones de actividad de los trabajadores y trabajadoras.

Desde modalidad de ETP concebimos a la Formación Profesional como una herramienta estratégica para democratizar, mejorar la calificación profesional, los saberes del trabajo; y, por ende, el desarrollo social, humano, de la productividad y competitividad territorial de los sectores socio-productivos.

Esta perspectiva adquiere particular énfasis a partir de la expansión de los procesos productivos de bienes y servicios materiales y simbólicos, cada vez más intensivos en ciencia y tecnología, lo cual requiere una fuerza laboral con diversos niveles de calificación y con capacidades para el aprendizaje continuo.

Un desafío central para el desarrollo de políticas públicas de fortalecimiento del ámbito de la FP a nivel nacional es incrementar los niveles de cobertura y, al mismo tiempo, mejorar sustantivamente la pertinencia de la formación profesional.  Es preciso además recuperar el saber estatal, la capacidad técnica y política institucional de las distintas áreas ministeriales para avanzar en la resolución del problema estructural de fragmentación y falta de coordinación institucional de los esfuerzos políticos, técnicos y financieros de las distintas áreas de gobierno en torno a la ejecución de las políticas y programas de FP.

En este sentido, partimos de una concepción de FP que incluye a todas aquellas estrategias y acciones que se desarrollan en distintos ámbitos con el objetivo de incrementar las capacidades profesionales y habilidades de los y las trabajadoras, mejorar las posibilidades de acceso al empleo formal y de calidad, a su inclusión sociolaboral y aportar al desarrollo socioproductivo nacional.

Tomando como base esta concepción de la formación profesional entendemos que un horizonte posible para el fortalecimiento de la FP como ámbito de la modalidad de ETP con alcance federal, debería trazarse un conjunto de políticas públicas específicas que contengan:

El fortalecimiento (a nivel nacional, subnacional y local) de los espacios institucionalizados de diálogo social mutiactoral (organizaciones sindicales, empresariales, organizaciones populares y sociales) e inter institucional (Ministerios de Gobierno), para la participación y validación social de las líneas estratégicas para el fortalecimiento del ámbito de la FP.

La recuperación del sendero de inversión pública sostenida (reducido sistemáticamente entre el año 2016 al 2019) para el aseguramiento de las condiciones materiales de desarrollo de la modalidad de ETP y despliegue a nivel federal; y a la vez impulsar una agenda estratégica desde el estado nacional para la búsqueda de fuentes de inversión público-privada que financien las políticas de formación en los sectores estratégicos de desarrollo nacional.    

La implementación de los parámetros para el ordenamiento y regulación de la oferta formativa de la FP, a partir del Marco de certificaciones profesionales del ámbito de la FP, que será parte integrante del catálogo de certificaciones de la modalidad de ETP a nivel de federal, organizado en base a la FP inicial (nivel de certificación I, II, III); la FP continua y la capacitación laboral.

La organización del ámbito de la FP hacia la articulación con la ETP inicial y continua y con los distintos niveles y modalidades de los sistemas educativos y con las diferentes condiciones de actividad de los trabajadores (ocupados, sub/desocupados).

La actualización del conjunto de los perfiles profesionales y diseños curriculares del ámbito de la FP que requieren ser revisados en consonancia con los cambios en la dinámica del mundo del trabajo  atravesados por las innovaciones tecnológicas de la digitalización  en cada sector profesional, como también el relevamiento de necesidades de formación profesional continua para los trabajadores y técnicos con calificación profesional centrada en los procesos de reconversión productiva y sectorial.

La conformación , desarrollo e institucionalización  de redes sectoriales con los actores del sector socioproductivo y el ámbito de formación en aquellas áreas de desarrollo estratégico para el desarrollo nacional, regional, territorial (tecnologías e industrias 4.0, bioeconomía, energía renovable y eficiencia energética, economía del conocimiento), sectores que generan empleo calificado y de calidad; y en aquellos sectores trabajo intensivo que generen mayores volúmenes de empleo formal (Construcciones, agroalimentos,  textil e indumentaria, economía de los cuidados, economía verde/circular)

El fortalecimiento de las políticas de empleo y formación profesional, estableciendo mecanismos de intermediación laboral a nivel territorial, que articulen a los egresados de la formación profesional con la red de agencias territoriales de trabajo y empleo del Ministerio de trabajo y las organizaciones del mundo del trabajo y la producción.

Al mismo tiempo, entendemos que las políticas públicas específicas para el ámbito de FP deberían centrarse en una serie de ejes estratégicos para el fortalecimiento del vínculo con las demandas sociales de formación profesional.  A saber:

a) Estrategias de incremento de la cobertura y la calidad de las trayectorias formativas en el ámbito de la FP

La Formación Profesional se jerarquiza cuando, además de otorgar certificaciones vinculadas con áreas ocupacionales relevantes, se integra en una estrategia de educación permanente que asegura el dominio instrumental, pero también la apropiación de conocimientos científicos y tecnológicos actualizados, el desarrollo de capacidades sociolingüísticas y la vinculación con la terminalidad de los niveles educativos.  Es deseable que las certificaciones de FP se articulen con otras certificaciones específicas de FP o de terminalidad de niveles educativos, de tal manera que permitan constituir trayectos formativos continuos y progresivamente de mayor complejidad en relación al saber tecnológico contextualizado.

En este sentido es prioritario desarrollar estrategias concertadas entre la nación y las provincias para la articulación de secundaria de jóvenes y adultos con FP, orientada al 40 por ciento de la población económicamente activa que no ha alcanzado el nivel de escolaridad secundaria y poseen una calificación profesional baja.  Esta situación atenta con los procesos de una inclusión laboral en el mundo del trabajo; y obtura el mejoramiento de la calidad de vida de los sectores trabajadores, y la construcción de procesos de filiación de la ciudadanía social.  Por otra parte, este proceso de exclusión es una restricción a un modelo de desarrollo sostenido en base a una matriz productiva con mayor densidad de conocimiento tecnológico e innovación. 

Un despliegue y desarrollo de la FP debería definir objetivos y metas que establezcan posibles estrategias de resolución de problemas emergentes en el mundo del trabajo.  El incremento de los niveles de escolaridad secundaria y calificación profesional de este universo de población es clave a la hora de implementar políticas públicas que articulen e integren a la Educación de jóvenes y adultos con la FP, a partir del diseño de propuestas formativas pertinentes, en áreas claves y prioritarias de desarrollo socioproductivo nacional y territorial, con la pretensión de incrementar significativamente los niveles de calificación profesional de la población.  

En esta misma línea, y en función de posicionar a la FP como una herramienta estratégica en la formación para el mundo del trabajo, e incrementar su cobertura, surgen una serie de líneas que entendemos requieren desarrollarse para su concreción y presentan desafíos para la planificación de la FP y su gestión.  

La articulación de las propuestas formativas de FP inicial con trayectorias de educación técnica de nivel superior con el objeto de reconocer la formación profesional en aquellas trayectorias, reduciendo así el tiempo de formación para obtener una titulación técnica en base a un recorrido de profesionalización progresivo.

La articulación de las ofertas formativas de FP con la secundaria orientada, impulsando un programa federal permanente de articulación de la FP con adolescentes y jóvenes que cursen simultáneamente la secundaria orientada a partir de los 16 años, comenzando así una trayectoria inicial de profesionalización en sectores relevantes desde el punto de vista tecnológico.

El desarrollo e impulso de estrategias orientadas a adolescentes y jóvenes de 16 a 18 años con trayectorias educativas discontinuas o en situación de desescolarización, de terminalidad educativa de nivel secundario y FP.

El desarrollo e implementación de propuestas formativas de Formación Profesional contínua para los sujetos que egresaron de la Educación técnica secundaria y superior, como también para el colectivo de trabajadores que requieran la actualización y reconversión de las capacidades profesionales por procesos de innovación tecnológica y productiva vinculados a las tecnologías de 4.0.

El impulso de propuestas para el desarrollo de capacidades básicas en el campo de los saberes digitales, con el propósito de democratizar este tipo de saberes en la población de jóvenes y adultos, a partir del diseño de trayectos formativos centrados en las habilidades digitales, pensamiento computacional/programación, robótica/automatización, y diseño y fabricación digital.

El despliegue federal del desarrollo e implementación de dispositivos de acreditación de saberes sociolaborales adquiridos en procesos de aprendizaje en el mundo del trabajo, con el propósito que sean reconocidos por el mundo del trabajo y el sistema de ETP para su inclusión en trayectorias progresivas de formación en los ámbitos de la ETP.

B) Fortalecimiento de la calidad del ámbito de la FP

El diseño e implementación de políticas de calidad para las instituciones del ámbito de la FP es un mecanismo válido para fortalecer la gestión institucional por medio de procesos de mejora contínua, que permite aumentar el grado de reconocimiento y valoración social por parte de los actores del mundo del trabajo. En este tópico hay importantes experiencias desarrolladas por distintas iniciativas desde el INET y el Ministerio de trabajo; experiencias y aprendizajes que podrían institucionalizarse en forma sistémica, por medio de: 

El desarrollo y validación de referenciales de calidad de la propia modalidad de ETP (sobre procesos formativos, entornos formativos, vínculo con el contexto socioproductivo, gestión institucional, entre otros) a partir de una perspectiva sistémica, estableciendo los referenciales comunes y específicos para las instituciones de FP.

La implementación de mecanismos de fortalecimiento y mejora contínua para las instituciones de FP, con el objeto de alcanzar los estándares de calidad institucional y formativa, dispositivos institucionales de seguimiento de egresados y orientación profesional definidos y acordes para el ámbito de la FP.

C) Estrategias para el fortalecimiento del desarrollo profesional de los equipos de gestión directivas y docentes de las instituciones de FP

La formación docente inicial y contínua para la FP es un eje estratégico para la institucionalización de este ámbito, con el objeto de fortalecer la calidad institucional y la pertinencia y significatividad de la formación profesional en relación al mundo del trabajo.  El balance entre las experiencias singulares desarrolladas por el INET, el Ministerio de trabajo y las Provincias, y las vacancias y nuevos problemas que surgen del campo tecnológico y el mundo del trabajo deberían ser fuente para establecer cierta orientación en el contenido y las necesidades de formación docente, en los siguientes tópicos:

El diseño e implementación en forma  prioritaria de un plan federal de formación  docente  en el ámbito de la FP  desarrollando la formación inicial de instructores (FI) constituye una dimensión clave para la relevancia de la FP,  y la profundización en tópicos centrales como el saber didáctico y la práctica de enseñanza en la singularidad de la formación profesional incluyendo contextos y sujetos diversos donde la FP se despliega (contexto de encierro, sujetos con discapacidad, educación especial entre otros) .

Un segundo tópico lo constituye el saber gestional de las instituciones de FP, en este sentido se requiere que la implementación de líneas de formación docente para equipos de gestión directiva adquiera una centralidad de primer orden, por las características particulares y dinámicas que desarrollan este tipo de instituciones (vinculación y articulación con el mundo del trabajo y la producción, con las políticas laborales y sociales y los sujetos sociales de la formación profesional).

Un tercer tópico se debería focalizar en el desarrollo de una política de capacitación docente contínua diversificada y de alcance federal y provincial, basada en los saberes y conocimientos tecnológicos – productivos presentes en los núcleos del currículo de la FP y en los saberes emergentes de las distintas áreas tecnológicas de innovación presentes en los sectores productivos a nivel nacional. La actualización de los instructores en la innovación del conocimiento tecnológico y productivo que atraviesa a los sectores profesionales, es una segunda línea prioritaria para delinear un mecanismo de formación contínua que actualice el contenido, su significación y la práctica de la enseñanza en el ámbito de la FP.

Las áreas tecnológicas y saberes emergentes que atraviesan al conjunto del ámbito de la FP, requieren procesos de aprendizaje de actualización contínua para los equipos docentes de la FP, priorizando los siguientes tópicos: La economía del conocimiento. Los saberes digitales y las tecnologías 4.0.  La producción de agroalimentos y la bioeconomía. Las energías renovables y eficiencia energética, el uso responsable y sustentable de los recursos no renovables. Los enfoques de enseñanza centrados en la didáctica profesional (superando las viejas perspectivas contrapuestas de la formación basada en competencia laborales versus la formación centrada en capacidades o el esquema instruccional). La seguridad y la salud en el trabajo. Las políticas de género. La gestión del proceso de trabajo. Las relaciones entre trabajo, tecnología, sociedad y FP.

A manera de síntesis y conclusión, nos parece prioritario señalar, para el desarrollo de políticas públicas de la modalidad de ETP,  y en particular para el ámbito de la formación profesional, que existe una central correspondencia entre las tendencias presentes en los escenarios emergentes  en la estructura social, las dinámicas del mundo del trabajo, el cambio tecnológico y su impacto en las calificaciones profesionales, las políticas de desarrollo socio productivo nacional,  y el soporte material que constituye la red pública de instituciones  de ETP como activo social  y herramienta estratégica  para la construcción de las políticas de desarrollo socio productivo sostenible, con mayor grado de inclusión e igualdad social, generacional y de género.

El segundo  señalamiento se vincula con la necesidad de fortalecer la red pública de instituciones  de ETP, su planeamiento estratégico a nivel nacional federal  y territorial,  a partir de la recuperación del sendero de inversión pública sostenida y definida por las regulaciones vigentes,  el diálogo social interinstitucional e intersectorial,  el mejoramiento de las articulaciones y vinculación entre la modalidad de ETP y los actores sociales e institucionales del mundo del trabajo, a partir de estrategias deliberadas y permanentes de fortalecimiento de las instituciones de FP, para la mejora contínua de la significatividad y pertinencia formativa.


1 En el mes de diciembre de 2006 se sancionó la Ley 26.206, Ley de Educación Nacional, la cual cierra un ciclo de diferentes leyes educativas que posicionan a la educación en nuevos contextos político-ideológicos y socioeconómicos, con mirada prospectiva. Educación  Técnico-profesional  (Ley  26.058,  sancionada  en  septiembre de 2005).

[1] Ley 26.058. Ley de Educación Técnico Profesional. Boletín Oficial de la República Argentina. 8 de Septiembre 2005. Art. 7º

[2] Ley 26.058. Ley de Educación Técnico Profesional. Boletín Oficial de la República Argentina. 8 de Septiembre 2005. Art. 17º

[3] Res. 13/07- “Títulos y certificados de la Formación Técnico Profesional” – CFE – Ministerio de Educación.

[4] Ídem.

[5] Res. 288 -16. “Orientaciones y criterios para el desarrollo de la Formación Profesional Continua y la Capacitación Laboral” – CFE – Ministerio de Educación.