Escándalo público: Santa Fe entre las balas, la demagogia y la ley.
Por Gustavo Feldman.
Ruido fuerte y sordo. Así se define al “estrépito”, del “latín strepitus”. Un suceso o una concatenación de éstos que genera en el público o en la sociedad una suerte de conmoción, de escándalo; un estado en el que se mezclan la curiosidad, la desazón, la indignación, y muchas veces el sentimiento que a lo largo de toda su historia con más intensidad y asiduidad ha experimentado la humanidad: el miedo.
La “política” está siempre particularmente atenta a que se produzca este estado en la entretela social, y sus actores a reaccionar al compás del mismo. Basta ver hoy en día las noticias de la Provincia de Santa Fe; la oportunista reacción de algunos, mezclando verdad y mentira, azuzando el descontento y sucumbiendo a apartarse de la Constitución demagógicamente.
Los dirigentes, públicos o privados, y los orientadores de conductas, nunca permanecen impávidos ante un strepitus, en algunos casos por responsabilidad, en otros para quedar bien a los ojos del público, por pura especulación.
Gobernantes, legisladores, empresarios, sindicalistas, clérigos; y sobre todo los llamados “comunicadores sociales”; no pueden dejar pasar este tipo de situaciones sin ponerse del lado de “la gente”. Si lo que causa o no el escándalo es o no cierto, correcto o incorrecto, pasa a un segundo plano.
Así como en la política hay abyectos y correctos; como en la abogacía hay Profesionales del Derecho y profesionales del delito; como hay empresarios y sindicalistas dignos y otros que no lo son; en la prensa, en los medios, ocurre otro tanto. Hay una verdadera gama que va desde los sapientes y valientes, pasando por los anodinos e intrascendentes; y rematando en los extorsionadores con micrófono y los coimeros disfrazados de periodistas. Últimamente, en este nivel ético subterráneo ha aparecido una nueva especie: los buchones/servicios que se camuflan de panelistas y conductores de televisión.
Y como no podían faltar, aparecen en la escena jueces y fiscales; los encargados de buscar y administrar justicia. Esta categoría de actores es la que no puede sucumbir al clamor social que genera el escándalo. La Constitución y la ley se encuentran por encima del sentir popular, por justificado que éste sea.
La Provincia de Santa Fe es noticia a nivel nacional no solo por el monumental desfalco de Vicentín, sino por el nivel cualitativo y cuantitativo de la criminalidad.
Si éste último fuera el parámetro de evaluación podemos decir qué en la provincia, y particularmente en Rosario, vivimos hace tiempo en un estado de sobresalto o estrépito permanente. Toda la trama narco, el record en homicidios, y ahora el “affair” judicial con Fiscales presos, jueces denunciados, funcionarios sumariados y políticos sospechados. Todo un abanico de sucesos que da lugar a las más disimiles conductas, desde las más virtuosas a las más miserables.
Abogados que defienden a sus clientes, políticos que opinan sin tener idea de nada, oportunistas recién llegados que usufructúan la inquietud social, fiscales que piden la prisión preventiva en cárcel para los capitalistas de juego clandestino pero que aceptan una alternativa de “libertad vigilada” con una fianza de 15.000 pesos para el supuesto abusador sexual de su propia hija, juezas permeables a la conmoción social y al deseo de otros jueces con mayor rango; e integrantes de la prensa que por ignorancia o maledicencia difunden un discurso vulgar y amarillo.
Cuando la equivocación o confusión es reiterada se parece más a una tergiversación que a un error.
Toda actividad con trascendencia pública requiere del actor un compromiso en cuanto a buena fe y preparación. Hoy día con las enormes posibilidades de captación de datos, y con la facilidad de acceso a la información, no hay excusa para no saber que es un arresto domiciliario o el estado de inocencia; sin embargo, para algunos estos conceptos son verdaderos jeroglíficos.
Los actores del debate en Justicia, los que “viven del delito”, están hoy puestos a parir. Cuando la postura o decisión va a contramano del humor social empieza a aparecer en el discurso comunicacional el fantasma de la venalidad y seguidamente el de la denuncia y la destitución.
La Constitución manda que los conflictos se resuelven de acuerdo a las pautas del contrato social contenido en ella. El escándalo o la repercusión social nunca puede supeditar las decisiones en Justicia, ni condicionar su independencia.
El apartamiento de esta concepción termina siempre mal; es la apertura a la justicia por mano propia, a que corra sangre en las calles; no quieren ensuciarse los pies, deberán usar zapatos con suelas más gruesas.
