En una semana dos “Per Saltum”: ¿No será mucho?

Por Jorge Pardés.

Esta semana quedó en evidencia una confrontación entre poderes del Estado y la necesidad de aclarar la mirada para cualquier hijo de vecino que se sienta con el derecho de elegir las condiciones en las que quiere vivir y luchar para que se concreten. La Constitución Nacional prevé esta situación y lo contempla en su artículo 36.

Parece un tema menor, y puede pasar desapercibido con tanto distractivo en el ambiente, pero si hay algo que los argentinos hemos aprendido, y eso puede ser un beneficio de los golpes recibidos, es a mirar atentamente las cosas que suceden en torno al Poder Judicial, el menos democrático de los poderes del Estado.

La Corte Suprema repuso momentáneamente en la Cámara Federal porteña los jueces Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi, y en el Tribunal Oral Federal N° 7 a Germán Castelli. El máximo tribunal aceptó el “per saltum” y dispuso el “efecto suspensivo” de la decisión del Senado de regresar a los jueces a sus cargos originales, cuando la decisión corresponde sin lugar a dudas al Senado.

Juristas y constitucionalistas opinan que el pedido de los jueces no ameritaba dar lugar a un per saltum y adjudican gravedad institucional en el obrar de la Corte Suprema.

Si fuera su interés tener la última palabra para hacer valer la manda constitucional en el mecanismo de elección de jueces y fuera una cuestión de trámite, escuchar al Consejo de la Magistratura, al desacreditado Procurador y después resolver conforme sus propios precedentes, no sería tan grave salvo por sentar un precedente en el que muestra fuerza y se emplaza como un órgano supranacional, arrogándose la potestad de gobernar en tiempos de desestabilización como los que estamos viviendo.

Ahora si la Corte hace lugar a las presiones que llevarían a quebrantar el deber de obediencia a la Constitución, explicaba el abogado constitucionalista Eduardo Barcesat “se sustituye en las facultades que corresponden al Consejo de la Magistratura, al Congreso y al titular del Poder Ejecutivo Nacional y esto sería desastroso para nuestra institucionalidad” o sea, no se arroga la potestad, sino que gobierna directamente.

Casi en lo inmediato, 48Hs después de esta decisión de la Corte Suprema la empresa Google, en el marco de la causa iniciada por Cristina Fernández por aparecer en el buscador como «ladrona de la Nación Argentina» elevó un pedido de “per saltum” ante la máxima instancia judicial.

Luis Goldín, abogado de la vicepresidenta Cristina Fernández en esta causa dijo que la empresa busca “ganar tiempo” para manipular la prueba, pero consideró también que “pone en peligro la seguridad jurídica”, ya que el “per saltum” o salto de instancia para llegar a la Corte Suprema se realiza únicamente cuando se cumplen las pautas de la ley con un criterio “excepcionalismo”, en casos donde se necesite actuar con rapidez por el peligro que supone la demora.

Aunque no pareciera detectarse peligro alguno en que se sigan los pasos del procedimiento de una causa en la que la propia Justicia garantizó que no se viola ningún secreto comercial ni la intimidad de ningún usuario. El peligro, eso sí, podría consistir en que Google busca ganar tiempo ya que son los únicos que tienen acceso a la plataforma y no se sabe lo que ellos pueden hacer con la prueba.

El abogado de la presidenta del Senado afirmó que “La causa que estamos llevando adelante es para ampliar derechos y proteger la intimidad de toda la ciudadanía” y recordó que la empresa había pedido trasladar la causa a Estados Unidos y tanto la Cámara como el juez de primera instancia “fueron sumamente contundentes” en que se debe aplicar la jurisdicción argentina «porque así lo dice la Constitución Nacional y el contrato de Google”.

Por último, Luis Goldín sentenció que “con el estricto apego a la ley y a lo que ha dicho la Corte Suprema durante más de 200 años no hay posibilidad que le acepten el salto de instancia a Google”. Como no soy abogado y en virtud de estos acontecimientos que estoy relatando me permito dudarlo.

Lo llamativo de estos dos casos, es que, si existiera buena fe, podrían no tener conexión, pero en ambos se está violentando la Carta Magna. En el primer “per saltum”, la autoridad del Senado de la Nación y en el segundo los derechos civiles de su presidenta, la doctora Cristina Fernández.

De ahí a preparar el escenario para meterla presa a Cristina Fernández hay apenas un pasito. Digno de una serie de Netflix.

Cuando les hablaba del artículo 36 de la Constitución me refería a que, en su redacción, en el capítulo de derechos y garantías reza que: “Esta constitución mantendrá su imperio aun cuando se interrumpiere su observancia por actos de fuerza contra el orden institucional y el sistema democrático”. No sea cosa que el pueblo termine de darse cuenta de que están dejando de observarla; porque en el mismo artículo dice que “Todos los ciudadanos tienen el derecho de resistencia contra quienes ejecutaren los actos de fuerza enunciados en este artículo”

Mejor se los digo como se dice en mi barrio: “¡Si se meten con Cristina, qué quilombo se va a armar”

¡No sigan tirando de la piola!