El síndrome del Bombardeo de Plaza de Mayo

Por Alberto Lettieri.

Cada 16 de junio aparecen ante nuestros ojos las trágicas imágenes del Bombardeo de Plaza de Mayo. Bombarderos de la Marina y de la Fuerza Aérea Argentina, con cruces pintadas y bendiciones arzobispales, descargando decenas de toneladas de proyectiles sobre los trabajadores, los transeúntes y hasta los escolares que transitaban por las cercanías de la Casa Rosada.

Gritos y expresiones de pánico y desesperación, cadáveres mutilados, el genocidio de un pueblo a manos de quienes los argentinos les habíamos confiado las armas y la misión de protegernos.

Como producto del festín de la muerte, se contabilizaron 308 cadáveres y más de 700 heridos de extrema gravedad. A esto debe sumarse “un número incierto de víctimas cuyos cadáveres no lograron identificarse, como consecuencia de las mutilaciones y carbonización causadas por las deflagraciones”, según consignó la investigación realizada en 2010 por el Archivo Nacional de la Memoria de la Secretaría de Derechos Humanos.

Uno de los fines declarados de la acción terrorista era el de matar a Perón, pero fracasó. El objetivo de fondo consistía en sembrar el pánico y la desmovilización para garantizar el retorno a la Argentina pre peronista, luego de tumbar al gobierno democrático. La heroica Resistencia se encargaría de imposibilitarlo.

La decisión de Perón de llamar a la calma, incluso de ofrecer su renuncia para evitar una sangría mayor a nuestro pueblo terminó por abonar el camino de la impunidad de los criminales complotados. Sólo dos meses después la Fusiladora depondría al gobierno democrático, abriendo un largo capítulo de 18 años de tiranías y ficciones republicanas protagonizadas por la UCR, con la exclusión del partido mayoritario como signo indeleble.

A ninguno de los protagonistas que ejercieron el gobierno durante la proscripción del peronismo se les cruzó siquiera la idea de hacer justicia con las víctimas, aunque socialistas y radicales siguieran reclamando su condición de «humanistas», «democráticos» y «pluralistas». La exclusión del peronismo les habilitaba a desempeñar funciones que sistemáticamente les negaba el voto popular.

Avanzar en el terreno del esclarecimiento de los trágicos sucesos del 16 de junio equivalía a dispararse en el pie. No sólo porque la vigilancia militar lo hubiera impedido, sino porque saldría a la luz la responsabilidad de radicales, socialistas, empresarios, jerarquías eclesiásticas y militares en el tramado sanguinario. Al menos el bombardeo de Guernica había tenido como ejecutora a la aviación de la Luftawe alemana. En su versión criolla fueron los propios uniformados y civiles argentinos los que se regodearon con la orgía de masacrar a su propio pueblo.

Un breve repaso -incompleto- de los organizadores contribuye a echar luz sobre las responsabilidades de ese capítulo del genocidio argentino. Un genocidio iniciado por unitarios y liberales-conservadores entre 1829 y 1916, y continuado durante la primera presidencia de Yrigoyen, los atentados y el bombardeo durante el 2do Gobierno de Perón, la Resistencia peronista y la Dictaduras Cívico-Militares.

El articulador del bombardeo fue Raúl Lamuraglia, un empresario muy influyente de la UCR y muy próximo al establishment estadounidense, quien contó inicialmente con el respaldo de Alberto Gainza Paz (a quien años atrás se le había expropiado el diario La Prensa por su acción conspirativa y disolvente) y del presidente uruguayo Batlle Berres, puesto que el destino final de los aviones terroristas sería el territorio de la nación vecina. En noviembre de 1954 los complotados se reunieron en la quinta de Lamuraglia en Bella Vista (Provincia de Buenos Aires), con la asistencia de los marinos Jorge Bassi –que había propuesto el plan–, Francisco Manrique, Néstor Noriega, el ex capitán del ejército Walter Viader, Carlos Bruzzone, el comandante de tropas de la Fuerza Aérea Agustín de la Vega, y varios políticos de la oposición, entre ellos el radical Miguel Ángel Zavala Ortiz, el socialista Américo Ghioldi, Jaime Mejía, Mario Amadeo, Luis María de Pablo Pardo –que sería Ministro del Interior de la Dictadura de Eduardo Lonardi–, Adolfo Vicchi –Embajador en los Estados Unidos durante la Dictadura de Pedro E. Aramburu– y Alberto Benegas Lynch.

Para apoyar el ataque aéreo se armaron por entonces los Comandos Civiles, compuestos por militantes del arco económico y social del anti-peronismo, y que desarrollaron sus acciones entre 1954 y 1955. Estaban compuestos por radicales, conservadores, demo progresistas, demócratas cristianos, socialistas, intelectuales de izquierda, nacionalistas católicos y grupos juveniles católicos, procedentes de las clases alta y media y estudiantes universitarios.

Algunos de sus Jefes porteños fueron el capitán Walter Viader, el ingeniero Carlos Burundarena, Juan Francisco Guevara, Renato Benzacon, Darío Hermida, Adolfo Sánchez Zinny, Edgardo García Pulo, Francisco Olmedo y Raúl Puigbó. También participaron Francisco Trusso, Mariano Grondona, Mariano Castex, David Michel Torino, Emilio De Vedia y Mitre, Augusto Rodríguez Larreta, Mario De las Carreras, Emilio Posse, Eduardo Madero Lanusse, Reinaldo Tettamanti, Alejandro Astiz, Roberto Etchepareborda, Menendez Behety, Rodolfo Urtubey y Luis Maria Pueyrredon.

Dos años antes, los hermanos Carranza, dirigentes de la UCR, habían provocado un atentado criminal en las estaciones de subte próximas a Plaza de Mayo. En el interín, varios intentos de asesinar a Perón habían fracasado.

Ninguna de esas iniciativas tuvo castigo. Más aún, uno de los terroristas de 1953, Ángel Carranza, sería designado como Ministro de Transporte de Raúl Alfonsín, y tras su fallecimiento se inmortalizaría su nombre asignándoselo a una estación de Subte. Nada menos que el escenario de sus actos terroristas contra el pueblo argentino.

Ni la UCR, ni el socialismo, ni el establishment argentino, ni las fuerzas armadas, ni la Iglesia, ni los intelectuales que respaldaron la acción criminal del Bombardeo hicieron un mea culpa de sus acciones. Varios actores procedentes del peronismo, que tuvieron a su cargo responsabilidades públicas, decidieron mirar para otro lado en aras de una pretendida «pacificación».

Es tarea ímproba tratar de construir un futuro compartido sobre la injusticia. Tampoco alcanza con tratar de borrar de la memoria colectiva responsabilidades y decisiones, excluyendo de los contenidos escolares las pruebas del oprobio. El Bombardeo de Plaza de Mayo fue una de las tantas ocasiones en las que una minoría privilegiada y su claque política e intelectual confirmaron su decisión de sostener sus privilegios a cualquier costo. Entre el discurso humanitario y las prácticas terroristas hay un abismo que no se ha cerrado con el paso del tiempo.

También existen otros genocidios menos visibles. La exclusión, el hambre, el hacinamiento, la ignorancia. La mayoría ha salido a la luz durante la actual cuarentena. ¿Volverán a invisibilizarse cuanto concluya?

El entramado de responsabilidades sobre el Bombardeo de Plaza de Mayo y su sistemática invisibilización -con la destacada salvedad de las investigaciones propiciadas entre 2009 y 2011-, refuerza la incomodidad que experimentan las instituciones y los medios de comunicación frente a cada nueva conmemoración del 16 de junio. Apenas algunas imágenes lacerantes, condenas formales y, como fondo, el incómodo silencio. El síndrome del 16 de junio se ha hecho carne en la sociedad argentina y sólo ha conseguido profundizarse a lo largo de 65 años.

¿Será hora de asumir socialmente nuestro pasado e impulsar una iniciativa para honrar el sacrificio de las víctimas incluyendo al Bombardeo dentro de las efemérides nacionales?

El filósofo George Santayana (Jorge Agustín Nicolás Ruiz de Santayana Borrás,1863-1952) afirmó que “El progreso, lejos de consistir en cambio, depende de la retentividad (…) y cuando la experiencia no se retiene, como entre los salvajes, la infancia es perpetua. Los que no pueden recordar el pasado están condenados a repetirlo. (Those who cannot remember the past are condemned to repeat it)».

No sería una mala idea aplicar su consejo.