El Salvador

Por Gustavo Feldman.

Fabián S. Lorenzini (la ese es de Silvano, pero bien podría ser de “salvador”, por lo menos para la directiva de Vicentin), todavía ejerce la magistratura en la ciudad de Reconquista, y en el juzgado a su cargo aun tramita el proceso falencial de VICENTIC SAIC.

“Mi compromiso y mi vida están en Reconquista, dijo sin tapujos el juez en un reportaje. Y su desenvolvimiento en el proceso concursal de Vicentin   ha honrado ese compromiso, pero ha puesto en vilo la imparcialidad que debe mantener todo magistrado en una causa judicial.

Hace unos meses atrás dijimos de Lorenzini que esa pertenencia a Reconquista, lo que es decir a Vicentin, lo había aherrojado emocional y sicológicamente. Explicábamos que es muy difícil que alguien de la familia del juez o de su círculo amical intimo no haya trabajado o trabaje con o para Vicentin, y que entonces el proceder de manera imparcial y objetiva se le tornaba literalmente imposible.

El tiempo y una serie de conductas del juez han confirmado su falta de imparcialidad, pero han desvirtuado nuestra inocente hipótesis de condicionamiento anímico del juez como justificativo de su proceder.

Fabián “salvador” Lorenzini se ha erigido en un verdadero “agente” de la directiva, de los verdaderos “dueños” de Vicentin; en desmedro de los acreedores primero y de los trabajadores de la propia empresa después.

Días atrás presenté un pedido de recusación de “salvador”, representando un indignado acreedor del concurso; sustancialmente lo que sigue es la línea argumental.

SE ha vuelto evidente el tendencioso ejercicio de la prerrogativa de “decir el Derecho” por parte de V.S en favor de la concursada y sus directivos y/o accionistas producto de numerosas actuaciones jurisdiccionales que han beneficiado ampliamente los intereses de aquellos. 

Del contexto en el que se hallan inmersos el magistrado y Vicentin, sus titulares y directivos.

El planteo recusatorio que se interpone y las causales que se invocan podrán comprenderse con mayor precisión, por parte de quienes tendrán el deber de evaluar el comportamiento de V.S, si tienen noción del entorno en donde se desenvuelven los actores del proceso concursal más importante de la historia de nuestra provincia.

La atención y cortesía del Dr. Lorenzini para con la empresa y directivos que dejaron un tendal de deuda para con miles de productores del país y para con decenas de entidades financieras adulterando información patrimonial tiene su explicación y cobra sentido cuando se logra dimensionar cómo funciona el lugar en donde transcurre la causa.

Recordemos que Vincentin es una empresa constituida hace más de 90 años en la localidad de Avellaneda, la cual se encuentra situada a 10 minutos de la ciudad de Reconquista. Como es harto conocido, la misma inicia dedicándose a la producción y comercialización de algodón y con el tiempo fue incrementando el espectro de sus actividades de manera exponencial hasta ser un actor relevante en la industria agroexportadora con alcances internacionales.

Vicentin ha llegado a convertirse en una de las empresas más importantes del rubro agroexportador a nivel mundial, con capacidad de almacenamiento, molienda y procesamiento de miles de toneladas de granos y oleaginosas, contando con terminales portuarias y plantas de biodiesel, refinación y envasado de glicerina y aceites.

Ello da la pauta, que prácticamente toda la población de Reconquista, 70.000 habitantes.  mantiene en algún punto alguna clase de vínculo con la empresa, sea porque sus abuelos, padres, hermanos o hijos han laborado o laboran en la firma o hayan logrado sustento económico gracias al funcionamiento de la misma o porque compartieron o comparten algún espacio social con abuelos, padres, hermanos o hijos de los accionistas o directores de la concursada.

Mismo fenómeno se traslada a las instituciones que forman parte de la vida del lugar, a saber: Municipio, policía, bancos, colegios, clubes, Iglesia y demás.

En esta realidad, no hay dudas que la empresa agroexportadora ha tenido históricamente un rol económico-social-político preponderante en la ciudad y zonas aledañas con participación activa en sus instituciones. LA IMPRONTA DE VICENTIN HA PENETRADO LA ENTRETELA SOCIAL, PROFESIONAL, COMERCIAL, EMPRESARIAL, LABORAL, INSTITUCIONAL Y POLITICA DE RECONQISTA.

Del ambiente descripto e influencia de la empresa-MUCHAS VECES INDEBIDA- sobre la población local, no escapan los tribunales donde funciona el sistema de justicia provincial y, menos aún, un juez que ha vivido toda su vida en Reconquista, lugar donde creció, se crio, fue al colegio, al club y desarrolló su vida profesional.

Como se verá a continuación, el magistrado interviniente, quien no es ajeno de todo ello, no ha logrado despegarse de la estima que los ciudadanos de Reconquista sienten para con la concursada, sus directivos y accionistas, reflejándolo de esta manera en todos sus decisorios, los cuales tienen en común “el constante amparo a los intereses de Vicentin”.

La misma persona que tiene el deber de adoptar decisiones que pueden marcar el rumbo de una empresa con la relevancia de Vicentin, cuando sale de su trabajo y se “quita el traje” de juez, debe cruzarse y relacionarse con los directivos, accionistas, empleados jerárquicos, obreros de la exportadora y familiares de ellos en cualquier lugar de la ciudad (supermercado, restaurants, clubes, colegios, bancos, plazas, demás).

Este marco es esencial para comprender con real dimensión el acompañamiento que V.S viene haciendo a la agroexportadora defaulteada a través de sus resoluciones y en base al cual se solicita su inmediata recusación.

De los decisorios que exponen una marcada “parcialidad” del juez en favor de la concursada y administradores. 

Adentrándonos en los hechos que verifican la subjetividad manifiesta del juzgador, podemos advertir desde el 10.02.2020, fecha de su presentación concursal, que el magistrado (repito, quien residió toda su vida en Reconquista), ha favorecido sistemáticamente, una y otra vez, a Vicentin y a sus directores mediante varios proveídos y resoluciones.

Recordemos que nuestro código de procedimientos tiene previsto que los jueces concursales no son recusables salvo que medie causa legítima con el deudor. En este caso, la causa referida se da con la empresa concursada y los titulares de la misma la cual puede enmarcarse en una amistad manifestada en la frecuencia de trato por todo lo descripto. Pero en caso de no entenderse así, la parcialidad queda evidenciada en las decisiones que veremos a continuación, las cuales resultan suficientes de por si para hacer lugar a lo que se peticiona.

Claro está que, el entorno histórico-social descripto ha influido notoriamente en los decisorios del juez producto de un real afecto o apego a Vicetin (empresa, directores, accionistas) o desmesurado temor a sufrir consecuencias sociales por las decisiones que adopte.

Es por ello que en el caso concreto no podemos detenernos en las causales del código de rito y sobre ese exceso formal manifiesto la Corte Suprema de la Nación señaló en el caso Llerena: “…el instituto de la recusación tiene como basamento garantizar el adecuado ejercicio de la función judicial y asegurar a los habitantes del país una justicia imparcial e independiente y ello se traduce en la necesaria separación de la causa de aquel magistrado que no se encuentre en condiciones objetivas de satisfacer tal garantía. De allí que las causales de recusación no puedan ser interpretadas en una forma rígida y ritual que desnaturalice su ámbito de aplicación (conf. “Seda SRL, publicado en Fallos 316:2603) y las convierta en meras formulas vacías e incapaces de subsanar lesiones evidentes al debido proceso…”

Veamos cuales han sido los yerros, contradicciones y arbitrariedades en los que ha incurrido V.S para beneficiar a la concursada y que dejan expuesta su parcialidad.

De la defectuosa e ilegal apertura concursal.

En dicha presentación no acompaña los balances correspondientes a los 3 ejercicios inmediatos anteriores (cerrados al 31 de octubre de 2017, 2018 y 2019, no siendo presentado éste último), sino que pretende pasar por alto el requisito del art. 11 inc. 4 de la ley 24.522 y dice que acompaña los balances a los ejercicios cerrados y aprobados de los años 2016, 2017 y 2018.

Ante dicho requerimiento, el juez dicta un auto en fecha 17/02/2020 y advierte que debe cumplimentarse con la presentación del balance del ejercicio económico cerrado al 31 de octubre del 2019 otorgando un plazo de 10 días hábiles para ellos.

Aquí ya se deprende el primer salvavidas para Vicentin que, con el correr de expediente, se transformará en un incondicional acompañamiento a las necesidades de la concursada.

Pero sin embargo Lorenzini, del cual no tenemos dudas que conoce ello, sabiendo que ese recaudo no sería cumplimentado en el plazo de 10 días como lo marca el art. 11 in fine de la ley concursal, DEBIÓ RECHAZAR LA APERTURA CONCURSAL.

Muy por el contrario, y con las particularidades del entorno en el que se encuentra inmerso, y sabiendo que había un pedido de quiebra abierto en Rosario, decidió ponerse creativo y otorgar un plazo de ley PARA VER COMO ARGUMENTABA EL NO CUMPLIMIENTO DE TAL RECAUDO.

“No obstante patentizar los acreedores esta anomalía, el juez abre el concurso.” Y Salva a Vicentin de la quiebra, impidiendo la formación de causa penal por administración fraudulenta respecto de sus directivos.

A partir de allí, COMIENZA UNA ORQUESTADA FUNCIONALIDAD DEL MAGISTRADO A LA ORDEN DE LOS INTERESES DE LA CONCURSADA Y SUS DIRECTORES QUE SE AGRAVA AÚN MAS CON EL CORRER DEL TIEMPO.

La parcialidad comienza a constatarse ante los incumplimientos de Vicentin, los arbitrarios argumentos que invoca en la sentencia de apertura y la ignorancia total a lo manifestado por un acreedor.

¿EN QUE BENEFICIÓ A VICENTIN Y SUS DIRECTORES EL DECISORIO DE LORENZINI?

¡¡¡¡Los salvó de la quiebra!!!!!

Una decisión ajustada a derecho hubiese sido el rechazo in limine del pedido de apertura concursal que no le hubiera permitido volver a solicitarla en el plazo de 1 año de conformidad al art. 31 in fine de la ley de concursos y quiebras puesto que en poco tiempo no hubiese resistido el accionar de sus acreedores.

La inmediata respuesta del juez para dejar sin efecto el Decreto de Necesidad y Urgencia dictado por el Presidente de la Nación.

El “juez del pueblo” (del pueblo de Vicentin) salió a salvaguardar los intereses de los Directores de la concursada mediante una inusitada resolución que hace lugar a una medida cautelar reinstalando en el cargo a las mismas personas que llevaron a la agroexportadora a la ruina.

¡¡¡¡¡¡¡¡Si hasta aquí no se advierte la parcialidad del magistrado es porque se niega a la realidad!!!!!

Pero como si fuera poco la escandalosa medida ordenada por el paladín de Vicentin, más absurdos aún son los argumentos que utiliza a tales fines.

Inconstitucionalidad interpuesta por los Directores de la concursada. Es decir, el juez dicta una medida cautelar indicando expresamente que no es competente para entender en el asunto que se le presenta. Arbitrario y contradictorio por donde se lo analice.

Sin perjuicio de lo anterior, como si el dueño de la pluma sería un empleado obsecuente de la firma, se advierten pasajes de la resolución que pretenden ser fundamentos del peligro en la demora, donde parecería que el juez no registró el desfalco que produjeron los integrantes del órgano de administración de la agroexportadora.

Así encontramos que dice “…Estamos en presencia de una empresa de enormes dimensiones y con un rol preponderante en el mercado nacional e internacional de granos. Por lo tanto, su patrimonio debe ser administrado con el grado de experticia que asegure su adecuada gestión dado que, justamente de ello dependerá su continuidad operativa, la reinserción en el mercado de granos internacional y la exitosa negociación con los acreedores concursales y post concursales…” “grado de experticia que generó el mayor desfalco de la hirtoria de la Provincia”.

Nuevamente el magistrado se prestó a solucionar los inconvenientes de Vicentin y sus administradores. En este caso, ante un DNU que intervenía la sociedad y desplazaba a los directores dictó rápidamente una resolución para reinstalarlos, aun siendo incompetente para ello.

Esto no solo permitió que las mismas personas responsables de la crítica situación patrimonial de la empresa sigan ejerciendo sus cargos, sino también que obstruyó la posibilidad de que terceras personas puedan hacerse de información básica y esencial para determinar la realidad económica de Vicentin para conocer el verdadero alcance de la crisis que se encuentra sobrellevando y si la misma tiene viabilidad para ser reencauzada.

Del pedido de intervención por parte de la Inspección General de Personas Jurídicas de Santa Fe neutralizado.

En el mes de junio comparece la Inspección General de Personas Jurídicas de Santa Fe dentro del proceso concursal solicitándole al juez que ordene la intervención del órgano de administración con desplazamiento de las autoridades.

En la misma propone que conformen parte del órgano interventor a los designados por el PEN, Roberto Gabriel Delgado y Luciano Zarich, más el Sr. Alejandro Alberto Bento.

La presentación de la IGPJ ha contado con un grado de precisión y detalle suficiente para justificar el pedido realizado a Lorenzini. De la misma se desprende que se describe la magnitud de la empresa, las actividades industriales que realiza, la generación de empleo, análisis del pasivo, perspectivas de Vicentin, el entramado societario, la relación entre las sociedades que conforman esa estructura de empresas y la situación actual de una sociedad sin rumbo.

Pero otro decisorio logra neutralizar cualquier chance de conocer la verdadera situación patrimonial de la empresa y vuelve a sostener a los directores de la concursada al frente de la misma. En este caso, el juez utilizó la estrategia de no pronunciarse sobre la solicitud de la Inspección, dilatando resolver el fondo de la cuestión. En la resolución del 24.06.2020 Lorenzini tuvo por iniciado el expediente, le dio tramitación por vía incidental, corrió traslados y con posterioridad convocó a audiencias a las partes que no llegaron a ningún puerto.

El alfil de la agroexportadora, a través de otra actuación judicial, mantuvo en el cargo a los administradores de Vicentin. Nueva evidencia de la parcialidad que se denuncia en el presente.

5.2.7. La desmesurada, pero congruente contemplación para exigir el balance 2019. 

Como si el dictado de la apertura concursal desajustada a derecho, los rechazos constantes a las observaciones o planteos de los acreedores y la protección para que los directores sigan ocupando sus cargos fueran poca cosa, Lorenzini ha evitado por todos los medios poner en jaque a Vicentin para que acompañe los estados contables faltantes.

La exigencia de presentación de los mismos comienza en el mes de marzo por parte del acreedor BLD SA, y vuelve a ser reiterada en los meses más tarde por parte del Banco de la Nación Argentina, del Poder Ejecutivo Nacional mediante el órgano interventor, por la Inspección General de Personas Jurídicas de Santa Fe y por el Comité de control designado.

AL DÍA DE LA FECHA NO EXISTE ORDEN DEL JUZGADO PARA QUE LOS ESTADOS CONTABLES FALTANTES SEAN TRATADOS POR ASAMBLEA DE ACCIONISTAS Y ACOMPAÑADOS AL JUZGADO.

El balance de 2019 se ´presento (según versiones extraoficiales) el día de la primavera, no antes.

¿Dónde radica esta nueva ayuda?

En que INTIMA A LA CONFECCIÓN DE LOS BALANCES, PERO NO A LA CONVOCATORIA DE ASAMBLEA DE ACCIONISTAS PARA EL TRATAMIENTO DE LOS MISMOS.

Es decir, la mera confección de los balances por parte del órgano de administración de la empresa no implica que aquellos sean los definitivos, auditados y certificados por profesionales en la materia, y que sean válidos frente a terceros.

Ello surge en forma textual del decreto aludido “…a) Que proceda a la elaboración del Balance y la Memoria, correspondientes al ejercicio económico cerrado el 31/10/2019, en el plazo máximo de CUARENTA (40) días hábiles judiciales, bajo apercibimientos de ley…”

Entonces, ¿Qué es lo que presuponemos que va a pasar? Recién en el mes de septiembre se acompañarán algún proyecto de los estados contables, a partir de allí empezará un periplo para exigir el cumplimiento de todas las formalidades de los mismos, luego otro lapso de tiempo más para la convocatoria a Asamblea de Accionistas a los fines de su tratamiento y se terminarán tratando el próximo año.

Esta es la constante conducta displicente y colaborativa por parte de Lorenzini para con Vicentin y sus Directores.

De seguir al frente de la causa el magistrado, se corre el riesgo de que siga obstaculizando la posibilidad de obtener la información que permita conocer a ciencia cierta el daño generado a la empresa y su verdadera situación económico-financiera a fin de resguardar la responsabilidad de los administradores, así como también de que siga dilatando los plazos del proceso concursal lo que permitirá licuar el pasivo que se logre verificar.   

A esta situación debe ponerse un límite y debe entender alguna persona con objetividad y determinación suficiente para evitar que ello siga ocurriendo por lo que debe prosperar la recusación con causa que se interpone por la presente.

Si realmente Lorenzini sería un juez imparcial, la gravedad de los hechos que se advierten a poco de mirar las constancias de autos, hubiese dictado una intervención con desplazamiento del órgano de administración sospechado de fraude y estafa.

Pero, muy por el contrario, decidió designar dos veedores para que sigan recolectando información que ya ha sido negada por todos los medios posibles y elaboren informes. La medida ordenada es la nada misma, no modifica en lo más absoluto la incapacidad del directorio para reencauzar el destino de la agroexportadora.

Lorenzini no está solo. La mesa judicial Reconquistense.

A estas alturas del presente, no caben dudas que el salvador de Vicentin no ha actuado sin apoyo alguno, no ha actuado solo, ha sido el ariete de un plan de salvataje para disimular y enervar las nefastas consecuencias del otro plan, del que está siendo investigado en sede penal de Rosario.

Para terminar de contextualizar la grave actuación del magistrado es necesario conocer como está compuesto los tribunales ordinarios en materia civil y comercial de la ciudad de Reconquista.

Así advertimos, que los superiores directos de Lorenzini, es decir, quienes tienen el deber de revisar todas sus decisiones del paladín de Vicentin, son los Dres. María Eugenia Chapero y Santiago Andrés Dalla Fontana. La cámara de apelaciones en lo civil y comercial de Reconquista, está compuesto solo por dos magistrados atento que el tercer cargo se encuentra vacante.

En esta organicidad institucional, nos encontramos con que la Dra. Chapero es UNA AMIGA DE LA CASA.

Así surge en forma expresa de los autos caratulados “LA CLEMENTINA SA C/ VICENTIN S.A.I.C S/ INCIDENTES DE RECUSACIÓN”, CUIJ 21-24928704-8, radicado en la Cámara de Apelación en lo Civil, Comercial y Laboral de Reconquista donde el 15.05.2020 la vocal describe su situación personal de familiaridad para con miembros del directorio de Vicentin, agregando como dato relevante haber nacido y crecido en la localidad donde ejerce su función. Cuestión que inevitablemente también afecta al “héroe de la concursada”.

Chapero dice que se excusa por “…afectación del “decoro” señalo la causal del inciso 8) del art. 10 consistente en amistad con gran familiaridad y/o frecuencia de trato con integrantes del directorio de la concursada…” y sigue diciendo “…nací, crecí, y constituí una familia con una persona también de Reconquista, en esta ciudad de Reconquista y en tal carácter de nativa de esta ciudad e hija de personas de esta ciudad he tenido oportunidad de ir tejiendo a lo largo de mi vida con los nombrados y sus familias -algunos desde la infancia y adolescencia relaciones de amistad, objetivamente comprobables en el medio, y de público conocimiento…”

Vuelve a reforzar sus argumentos para apartarse diciendo “…considero que esta causa por su envergadura de alcance nacional e internacional amerita mi apartamiento por razones de “decoro”, toda vez que la amistad reseñada lo es con algunos miembros del directorio…” Termina diciendo que “…en este caso, en verdad, la familiaridad y frecuencia de trato objetivamente comprobables denunciadas con la suscripta teñirían cualquier decisión en relación a la concursada de “parcialidad”; al serle favorable por la aludida relación y al serle desfavorable por la sospecha de que se falla para demostrar independencia y/o imparcialidad; cuando en puridad, dichas garantías son para asegurar una decisión justa…”

La referida vocal SE HA EXCUSADO EXPRESAMENTE EN INTERVENIR EN LAS CUESTIONES VINCULADAS A LA EMPRESA AGROEXPORTADORA, PERO SOLO EN TÉRMINOS FORMALES.

No escapa a esta parte que, Lorenzini y Chapero comparten el mismo lugar de trabajo y que tienen trato cotidiano por lo que tampoco puede escapar a esta parte que existen, cuanto menos, intercambios de opiniones acerca de la marcha del proceso concursal y todos sus incidentes.

LAS BROMAS DE LOS EMPLEADOS EN CUANTO A QUE EL ESTADO FISICO DE LORENZINI SE DEBE A LA CANTIDAD DE VECES QUE SUBE Y BAJA AL DESPACHO DE CHAPERO Y DE VUELTA AL SUYO EN UN SOLO DIA, SOLO SON SUPERADAS POR LA INCONTRASTABLE REALIDAD DE QUE ESTAMOS ANTE UN JUEZ QUE SI ALGUNA VEZ LA TUVO HA PERDIDO IMPARCIALIDAD E INDEPENDENCIA.

Luego de haber repasado las decisiones en favor de Vicentin podemos advertir que alguna ascendencia sobre Guillermo “salvador” Lorenzini ha tenido. Tan es así que, la cámara de apelaciones en lo civil, comercial y laboral de Reconquista no ha cambiado ni una coma a las resoluciones del juez de baja instancia.

5.4. COLOFON.

Los hechos expuestos hablan por sí solos. Guillermo “salvador” Lorenzini NO HABLA POR SI SOLO.

La actuación de Lorenzini no puede ser pasada por alto. La misma vulnera a todas luces las normas convencionales, constitucionales e infraconstitucionales. Como, por ejemplo, las previstas en el Código de Ética Judicial de la Provincia de Santa Fe, dictadas por el Máximos tribunal local que refieren a la materia.

Así encontramos en el punto 3.3. que al definir la “imparcialidad” dice que el juez debe tanto conservar íntimamente como poner de relieve sin ambages, en todo momento, que mantiene respecto de las partes procesales una igualitaria equidistancia y que, en el supuesto de no conservar esa actitud, procurará apartarse de la causa judicial.

Dicha definición es reforzada en el punto 4.3. al indicar que el magistrado debe ser y parecer imparcial e independiente en la tramitación y resolución de las causas, por lo cual evitará celosamente que factores personales o institucionales externos interfieran en su convicción.

Si el juez que todavía tramita el concurso de Vicentin hubiese reparado en estas cuestiones debería haber actuado como la Dra. Chapero y apartarse de la causa. Cuestión que no ha sucedido. Este enamoramiento no es casual, el mismo Lorenzini lo ha dicho “mi compromiso es con Reconquista”, Y RECONQUISTA ES VICENTIN.

Una breve lectura del trámite concursal permite conocer que la seguridad que Lorenzini está obligado a brindar a todos los participantes del concurso preventivo no está garantizada.

Todas sus decisiones estuvieron dotadas de subjetividad y parcialidad con un claro fin, beneficiar a Vicentin y sus Directores para que salgan los más airosos posibles de los avatares propios del desastre económico-financiero que ha perjudicado a miles de personas.

La jurisprudencia se ha expedido en otros concursos diciendo que “…Tales circunstancias hacen que esta conducta quiebre la equidistancia que un magistrado debe guardar entre las partes del proceso y ello queda corroborado con el hecho de que la Fundación Azul y Blanco sea quien ha abonado al menos uno de los pasajes y supuestamente la estadía del juez…” y “…En esas condiciones, más allá del carácter de colaboradora «ad honorem» de la Fundación, ésta ha asumido un rol que dista de ser imparcial, por lo que el magistrado debía mantener también respecto de ella la equidistancia propia de su función, al menos en todo lo relativo a la evaluación de esa propuesta…”

E incluso dichas conductas son juzgadas a la luz de Tratados Internacionales: “…no cabe duda que tales hechos no se compadecen con la absoluta imparcialidad que debe exhibir el tribunal como contenido esencial del derecho a la jurisdicción (art. 8 del Pacto de San José de Costa Rica). En consecuencia, de todos modos debe considerarse configurada la causal de recusación…”

Lorenzini hizo un informe rechazando la recusación, pero no negó los hechos que abonan el planteo, Ahora será la Cámara de Apelaciones de Reconquista, sin Chapero y con dos jueces de Rafaela la que debe resolver en última instancia la Corte

El “salvador” circula por un camino de cornisa que puede terminar en el jury de enjuiciamiento