El PPT llegó al FDT, y no salió bien

Por Claudio Romero. Diputado de la Ciudad.

El presidente Alberto Fernández, a partir del fin de semana pasado, colocó en un escenario de riesgo el pacto social con los argentinos al habilitar una confusa salida de la cuarentena sin anuencia de los gobernadores y con la sola explicación sobre la curva del COVID 19 apoyándose en un complejo Power Point, raro de ver en las prácticas del peronismo.

Ese fue el instrumento que lo sacó de su lugar de presidente para ponerlo en el de un simple profesor. Se notó que no estaba hecho por él.

En los días siguientes Fernández escaló con declaraciones erráticas y contramarchas, inconvenientes para la salud mental y emocional de la población en franco estado de estrés.

Una suerte de desilusión se extendió como un manto poco trasparente sobre las expectativas nacionales por su repentina decisión de ablandar las medidas que sostenían su mejor decisión, la cuarentena. Obligó así a cuatro gobernadores de distintos signos partidarios -incluso uno del suyo- a suscribir un comunicado conjunto para alertar que en la Ciudad y en la provincia de Buenos Aires, en Córdoba y Santa Fe no relajarían la restricción. Otros mandatarios callaron por prudencia.

Es verdad que el anterior fue un fin de semana complejo dentro del espacio oficialista cuando -en medio de la pandemia- el presidente advirtió que funcionarios de segunda línea estaban tomando decisiones por su cuenta, por ejemplo, para liberar al convicto Ricardo Jaime porque un derecho humano interpretado por el secretario Horacio Pietragalla lo aconsejaba para que no se contagiara de coronavirus. Fernández desconocía la maniobra y el origen de su autoría, igual que la ministra de Justicia Marcela Losardo, y reprendió fuertemente a Pietragalla. Con el correr de los días, el primer mandatario dijo públicamente, con la cabeza gacha, que era “una medida absolutamente aceptable».

El 6 de abril había salido Amado Boudou, por una decisión tomada en una feria, que se abrió solo para eso y se cerró el mismo día. Un despropósito. El amague de mandar a Jaime a su casa agravó la situación y llovieron los pedidos de prisión domiciliaria, explotaron motines organizados en todas las cárceles del país y los presos comunes tomaron el poder armando una mesa de barrabravas y homicidas para “exigir” liberaciones inmediatas. Rompieron todo, negociaron con miembros del Servicio Penitenciario y con el viceministro de Justicia Juan Martín Mena, que responde directamente a Cristina Fernández. A la ministra Losardo otra vez le pasaron por encima. A Alberto, no se sabe.

El Pacto Social para la revalorización de las víctimas de la delincuencia, estructurado con tanta delicadeza en los últimos años, fue demolido. El único que lo sostiene, por fortuna, es el actual presidente de la Cámara de Diputados de la Nación Sergio Massa, pero retrocedimos a 2015, cuando regía el abolicionismo zaffaronista que les otorga más valor a los delincuentes que a los familiares de los muertos asesinados.

El Poder Judicial dejó de funcionar a principios de la cuarentena, y el caos interno es un aquelarre en el cual los reclamos de justicia se queman en la hoguera. La Corte Suprema apenas levantó la cabeza para decirle a la vicepresidenta, que no es de su competencia autorizar las sesiones virtuales en el Senado. Campeona en decretar por su cuenta, CFK quiso molestar a los jueces, dilatar el proceso para sesionar cuando sabía que ella misma podía hacerlo. Ahora resolvió conectarse digitalmente con todos los senadores y quedarse sola en el recinto, para no contagiarse del COVID 19 ni verle la cara de cerca a la oposición.

Otro aspecto del Pacto Social que era necesario mantener se está descascarando: el apoyo a las Pymes con créditos para que soporten el parate económico. Ni el Banco Central ni los bancos privados están apurados por otorgarlos. Esa ayuda es más que necesaria para que el aparato productivo funcione cuando recomience el proceso productivo del país.

Si bien es cierto que la determinación de entrar en cuarentena fue oportuna en tiempo y forma, el amague de salida del fin de semana anterior y la reacción de la misma gente indicaron que eso todavía no convenía. Los números de muertos y de contagios de los últimos días confirman que el pico está demorado, no superado. En este punto está ocurriendo una injusticia que desaprobamos: la salud de quienes se ocupan de la salud de los argentinos, no recibe la atención que se merece.

¿De qué sirven los aplausos de las 21 horas a los médicos y enfermeros si, además de aguantar los escraches de vecinos ignorantes, cobran una miseria, carecen de los elementos que eviten los contagios en la medida necesaria, y como si fuera poco tampoco cobrarán el pago extra que otorgó el gobierno para el período que va de abril a julio? Hay 120 mil trabajadores en 6.000 unidades sanitarias de atención primaria que fueron excluidos del pago del bono de 5.000 pesos.

El 7 de abril pasado, Día Mundial de la Salud y la Seguridad en el Trabajo, se supo que en Argentina el número de personal de la actividad ya infectado ascendía a 637, es decir el 15,9 por ciento del total contagiado.

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Paso el 1º de Mayo casi inadvertido, un primero de mayor esperando con zozobra la vuelta al trabajo el día que nos dejen y traigan al país los test que necesitamos.

Restablecer de inmediato los pactos con la sociedad es imprescindible.