EL PODER JUDICIAL, EL PODER EJECUTIVO, EL PODER LEGISLATIVO: DOS CASOS

Por Claudia Cesaroni. Abogada.

CASO 1: A., LA VIDA Y LA LIBERTAD

El lunes 9 al mediodía me llamó una trabajadora social, que hace meses me pidió que fuera la abogada de A., un pibe de 19 años que ella conocía desde hacía mucho tiempo. Asumí su defensa con otra compañera abogada. Los delitos que se le imputan a  A. son irrisorios. El más grave: robarle 500 (quinientos) pesos a un joven, suma que nunca se le encontró. Como tiene antecedentes, todos de delitos leves, dos veces nos negaron la excarcelación, el tribunal que lo tiene bajo su jurisdicción, y la Cámara Nacional de Casación Penal, con la firma de uno de los jueces que recorre zooms diciendo que la prisión preventiva es fea y mala.

Ese mediodía de lunes, la trabajadora social C. me llamó para decirme, llorando, que otro pibe le había avisado que A. se había ahorcado.

Yo, literalmente, recé.

No creo formalmente en Dios. Pero le pedí a él, o a la Difunta Correa, o a mi viejo, que no fuera cierto, que A. no estuviera muerto.

Después, actué. Le avisé a mi compañera, que se puso a llamar al Tribunal. Le escribí a una alta autoridad del Servicio Penitenciario Federal, y a una militante de la Asociación de Familiares de Detenidos, y a una abogada de la Procuración Penitenciaria, y llamé a la unidad donde  A. está o estaba alojado, no sabía que verbo usar.

Y, milagrosamente, logré comunicarme con ese lugar, que conozco bien porque en los tiempos en que trabajaba en la Procuración Penitenciaria lo recorría cada dos semanas, escuchando reclamos, quejas y denuncias de los pibes de 18 a 21, los «jóvenes adultos», abandonados a su suerte.

Logré comunicarme, y a la empleada penitenciaria que me atendió le pregunté si A. estaba vivo o muerto. Tardaba en responder, consultaba, me hacía esperar. Hasta que me leyó el texto de un acta: «se encuentra estable y sin lesiones visibles».

Todavía no terminaba de estar segura. Pedí hablar con Seguridad Interna, no me podían pasar, volví a llamar, dos intentos, conseguí hablar con un jefe. Misma respuesta. ¿Pero él está bien? Yo necesito saber que está bien, le dije. Entonces, el subalcaide Z. me dijo: Si me da un número, hago que la llame, así se queda tranquila.

Le di mi número. Y al rato, me llamó A. Y entonces, ahí sí lloré, y después de preguntarle cómo estaba, lo reté un poco. ¿Cómo ME vas a hacer eso, A.? ¿Cómo NOS vas a hacer eso? Acá hay gente a la que le importás. Un poquito más y te podías morir.

Me explicó cosas que ya sé: los problemas de convivencia que suceden entre personas que están encerradas, casi sin poder hacer nada, preguntándose quizá por qué tienen que estar ahí si todavía no son culpables de nada.

Bueno, pero prometeme que no lo vas a hacer más.

Te lo prometo.

Después, lloramos todas: la trabajadora social, mi compañera abogada y yo cuando se los contaba.

También puteamos a los jueces que tienen a A. encerrado a la espera de juicio, y a sus «alzadas» que  traicionan sus propios discursos.

Fue la hora más horrible que recuerde en muchísimo tiempo. El temblor interno y el llanto duraron todo ese día. De alguna manera sentía que se nos hubiera muerto a nosostras, sus abogadas, a C., «su» trabajadora social. Y tiene 19 años, y simplemente, no, no se tiene que querer morir.

El viernes 13 volvimos a presentar un pedido de excarcelación, el tercero. A. tiene fecha de juicio el 23 de marzo, y nada justifica que espere esa fecha preso, considerando además lo que significa estar atravesando los tiempos de pandemia en esa condición.

En nuestro escrito, le dijimos al tribunal que tiene que juzgar a A.: «Señores jueces: ustedes jamás han hablado con A. No lo fueron a visitar, no saben de sus necesidades. Son responsables de su integridad física y de su vida, que el domingo pendió literalmente de un hilo, y no lo conocen. Nosotras, y las trabajadoras sociales que ayer lloraron con nosotras mientras, primero, nos alertaban de su posible muerte, y después se alegraron cuando les dijimos que no, que estaba vivo, sí lo conocemos. Por eso, ayer, cuando logramos hablar con él, le dijimos que no lo hiciera más, que era una persona importante para nosotras y para su familia, que buscara otros modos de efectuar sus pedidos.

Lo que no podemos explicarle es por qué está preso. Quizá vea por televisión al policía Chocobar, yendo a juicio en libertad, acusado de matar a un joven de 17 años y no pueda entender cómo él está preso por hechos infinitamente menos graves. Quizá vea también que hay funcionarios y empresarios acusados de robar millones de dólares, que viven en sus cómodas casas esperando un juicio que llegará, si llega, algún lejano día, mientras él, acusado de robar 500 (quinientos) pesos, debe estar preso esperando el juicio.

Y además, debe ser sometido a un experimento penitenciario brutal, llamado “Metodología Pedagógica Socializadora”, del cual fue expulsado con argumentos incoherentes e imposibles de verificar, que no nos fueron notificados oportunamente, y que ese tribunal no se preocupó en indagar.

Una de nosotras culminó su Maestría en Criminología con una tesis que justamente analiza ese “programa” de tratamiento, que es más bien un seudo programa sin control alguno. Con todo respeto, y a los efectos de contribuir al conocimiento del “tratamiento” impuesto a una persona INOCENTE, les compartimos la tesis, que se llama: El dolor como política de tratamiento. El caso de los jóvenes adultos presos en cárceles federales: https://drive.google.com/file/d/0B8HugamGrCdedGZzRk5jOVg3Y0k/view?usp=sharing

Sabemos de qué hablamos, sabemos de lo que significa no ser escuchado y poner el cuerpo literalmente, en riesgo, para que alguien se digne, después de casi perder la vida, en decidir un cambio de pabellón.»

Nuestra presentación fue rechazada ipso facto, con una celeridad que se agradecería para que, por ejemplo, quienes tienen que decidir sobre la vida de una persona, la conozcan antes del juicio, o al menos sepan a qué lugar la están enviando cuando deciden privarla de libertad antes de decidir si es culpable de algo.

CASO 2: HACE TODO BIEN, QUE SE QUEDE PRESO UN TIEMPO MÁS

Conozco a R. desde hace varios años, somos compañeras en uno de mis trabajos. Ella limpia, yo doy clases. Su  hija me llamó hace un tiempo para preguntarme por la libertad de su hijo, el nieto de Rosa. Me contó que «estaba haciendo las cosas bien», en  una cárcel de la provincia de Buenos Aires. Hice algunas averiguaciones, intenté acelerar un poco las cosas. Averiguar y cuando alguien me decía «no llegó el ambiental», pedirle que por favor lo volviera a pedir, esas cosas.  La última vez que pregunté, «estaba a despacho para la firma». O sea: lo tenía que firmar la jueza. Hace unos días me llamó R. para decirme que  a su nieto le había sido denegada la libertad. Entonces, miré el informe que el Servicio Penitenciario Bonaerense le mandó a la jueza que firmó esa negativa, un informe entre miles, útil para discutir un poco eso de que los únicos que tienen algo que hacer con respecto a la libertad o no de un detenido, son los/las jueces/juezas, y que el Ejecutivo solo puede construir cárceles.

¿Qué decía ese informe del Servicio Penitenciario Bonaerense sobre el pedido de libertad condicional del nieto de R.? Un pibe joven, primario (es decir, que está condenado por primera vez) que no cometió un hecho grave, no lastimó a nadie, le impusieron una pena de prisión de 4 años y 2 meses, y lleva cumplidos al 13 de noviembre, 2 años, 10 meses y 25 días.

La resolución, de escuetas 11 (once) líneas, dice estas cosas:

Que tiene conducta ejemplar 10 y concepto bueno.

Que no registra sanciones disciplinarias.

Que no registra «sumarios» (vaya a saber qué serán)

Que en cuanto a los «dispositivos tratamentales» (para no llamarlo trabajo y no tener que pagarle), realiza tareas en el parque y jardines de la Unidad desde el mes de agosto.

Y, no lo dice, pero yo lo sé porque conozco a su abuela y su mamá: tiene una familia que lo espera.

La conclusión del Servicio Penitenciario Bonaerense, que depende del ministerio de Justicia de la provincia de Buenos Aires, o sea del Poder Ejecutivo provincial, es esta: 

Para su adaptación paulatina esta instancia estima inviable por el momento la Libertad Condicional».

¿Adaptación paulatina a qué? ¿A estar encerrado? ¿A cumplir su condena de punta a punta, negándole así lo que es el derecho a la progresividad de la pena?

Con ese informe, la jueza le negó la libertad condicional.

La abuela R. me preguntó por qué.

Por supuesto, no supe qué decirle. No hay motivos lógicos, ni racionales, ni jurídicos. Es pura saña.

Y esa es responsabilidad del Ejecutivo provincial. 

Que el Servicio Penitenciario Bonaerense emita informes de a cientos como ese, con los que los jueces y juezas de la provincia de Buenos Aires, en vez de declararlos nulos y faltos de toda lógica, niegan el derecho a la libertad, es responsabilidad del Ejecutivo.

Ese es uno de los cambios  que es preciso hacer: que si una persona «hace las cosas bien», obtenga el bien más preciado después de la vida, que es la libertad. Y que entonces, pueda volver a su casa, con su madre, su abuela, y que también desde el Ejecutivo se lo pueda acompañar a que encuentre un trabajo y no vuelva a robar.

Reitero: con informes así, que se emiten de a cientos, y que no guardan lógica entre las premisas y la conclusión (hace todo bien, pero no le doy la libertad por «inviable»), lxs jueces que carecen de coraje y de respeto por la ley, hacen dulce: niegan todo derecho.

No hace falta construir cárceles, con modificar eso, cientos de presos y presas estarían en sus casas. Que no vuelvan a cometer delitos es lo segundo que podría hacerse desde el Ejecutivo, desplegando proyectos productivos. Pueden construir viviendas, en vez de cárceles.

CONCLUSIÓN:

Solo dos casos entre miles que reflejan, de un lado, el modo de actuar de dos poderes judiciales, dos servicios penitenciarios dependientes de dos poderes ejecutivos. Y también, un poder legislativo que desde 2004 a la fecha se ha dedicado a dinamitar el sistema penal, aumentando las penas hasta los 50 años, y el sistema de Ejecución Penal, que prácticamente ha quedado reducido a certificar las decisiones de los servicios penitenciarios, en vez de controlarlos, y de facilitar la reinserción de las personas privadas de libertad.

Y, por supuesto, del otro lado, pibes pobres.