El gobierno de la Corte y los “mercados”
Juan E. Valerdi – Economista, Docente de Macroeconomía, Magister en Finanzas Públicas (CA), Ex asesor de Presidencias de: BCRA, BNA, UIF y Comisión PYME de La Cámara de Dip. de la Nación y ex Consejero del Consejo asesor de la AFIP.
“Cuando uno sabe lo que tiene que hacer y no lo hace está peor que cuando no lo sabía” Confucio.
La discusión de las tarifas de servicios públicos implica una definición sobre qué país se trata de construir y para quienes. Que “toda tarifa es política” ya lo expuse en un artículo de marzo del corriente año[1]. Que las tarifas, junto a las paritarias y a la deuda eran tres pilares de reparto de la carga del ajuste lo expuse en otra nota de agosto de 2020[2]. Si el Gobierno Nacional permite que la discusión sobre el aumento de tarifas se resuelva bajo extorsión porque “sino sube el dólar” o porque el FMI pide bajar el déficit fiscal y por ende los subsidios, entonces ya sabemos quienes modelan, de hecho, el proyecto de país para Argentina. Si, por el contrario, el Gobierno patea el tablero y le quita a la Argentina el lastre dejado, entre otros, por Macri, Cavallo y Martínez de Hoz, entonces podemos pensar en un país que incluya y dé trabajo a los 45 millones de argentinos. Por ahora, lejos de patear tableros, el Gobierno Nacional ha discutido precios y tarifas utilizando buenas maneras, pedidos de solidaridad y comprensión, negociaciones suaves y ha aceptado las reglas de juego legales y normativas definidas por el macrismo, dictadas por los dueños de las empresas y administradas por su aparato judicial. Ya vemos el resultado de esas tácticas en la lucha contra la inflación de la canasta básica, 42% de pobres y 10% de indigentes que siguen aumentando y un libre juego para los monopolios y oligopolios que definen los precios de casi todos los alimentos.
Un ejemplo de Mercados “competitivos y transparentes” dictando políticas económicas lo dio el 6 de abril del corriente[3] la Cámara de Comercio de EEUU (AMCHAM).
Ese día, mediante diarios afines, hizo pública, una vez más, su disconformidad con el Programa de Precios Máximos establecidos por el Gobierno Argentino para tratar de contener los precios de la canasta alimentaria y aminorar la suba de la pobreza e indigencia en la Argentina. En su manifestación mediatizada la AMCHAM expresa “Los precios, en un mercado en plena competencia y múltiples oferentes, no pueden ser considerados bajo el régimen de tarifa pública y por ende definidos o autorizados por la autoridad administrativa competente”. Argumento similar al utilizado por Clarín/Telecom para pedir a la justicia que se deje sin efecto la disposición estatal que define que la provisión de internet y telefonía celular es un servicio público y por ende su valor puede ser regulado.
En un ataque oficial posterior, el pasado 16 de abril, la AMCHAM directamente emitió un comunicado en su página[4], evitando esta vez utilizar de intermediarios a sus medios afines y pidiendo directamente la derogación de la resolución que da base al programa de precios máximos, la 100/2020. Cuatro días después se hicieron públicas declaraciones del Ministro de Producción Matías Kulfas[5] donde expresaba que se iba a derogar esa resolución y reemplazarla por un congelamiento de precios de 120 productos de la canasta básica. No es necesario que aclare que no será al mismo precio con que estaban en el programa de precios máximos que tanto molestaba a las empresas estadounidenses y argentinas agrupadas en la AMCHAM.
Vemos entonces que la supuesta plena competencia en la producción y provisión de alimentos y de servicios de internet y telefonía celular deberían dejar fuera de juego al estado como intermediario de fuerzas entre los consumidores y las empresas, ya que la famosa “mano invisible” del mercado de Adam Smith resuelve perfectamente todos los problemas. Si el presidente acepta estos argumentos falsos y esta teoría desarrollada para justificar el saqueo con modelos onanistas académicos, entonces en nombre de los “mercados” gobiernan los monopolios y el único resultado posible es la explosión social. Si los ministros que asesoran al Presidente creen en los argumentos de las empresas y no ayudan al Presidente a buscar mecanismos de control y regulación entonces son “funcionarios que no funcionan”. A nadie se le ocurriría darle un Boeing 747 a un piloto que sólo voló en simuladores de vuelo toda su vida y menos aún si se vuela en media de una tormenta de violencia inusitada, pero la situación solo puede empeorar si además de eso la torre de control no quiere o puede decidir adónde debe ir ese avión. La realidad Argentina es mucho más compleja que los modelos matemáticos y los supuestos de los manuales de economía y además 45 millones de personas de carne y hueso dependen de las decisiones que toman quienes tienen la conducción política y el diseño/ejecución de las medidas económicas concretas.
El Presidente y la Vicepresidenta conocen de derecho y justicia y no deben desconocer que la Suprema Corte de la Nación manifestó en un fallo de 2016 “resulta claro que el hombre no debe ser objeto de mercado alguno, sino señor de todos éstos, los cuales sólo encuentran sentido y validez si tributan a la realización de los derechos de aquel y del bien común. De ahí que no debe ser el mercado el que someta a sus reglas y pretensiones las medidas del hombre ni los contenidos y alcances de los derechos humanos. Por el contrario, es el mercado el que debe adaptarse a los moldes fundamentales que representan la Constitución Nacional y el Derecho Internacional de los Derechos Humanos de jerarquía constitucional, bajo pena de caer en la ilegalidad.” (Fallos: 327:3677)[6].
Las declaraciones realizadas en numerosas entrevistas por el Subsecretario de Energía Eléctrica, Federico Basualdo, seguramente determinaron que “los mercados” utilizaran todas sus herramientas mediáticas para potenciar las posibilidades de su despido la semana pasada y su supuesta incompatibilidad con el Ministro de Economía. El futuro ajuste de las tarifas de electricidad sin duda depende en parte de que haga el Gobierno frente a este tipo de operaciones y si es consecuente con haber nombrado a ese funcionario con ideas claras respecto de cómo se deben establecer los ajustes tarifarios de electricidad. Mantener el congelamiento de tarifas instaurado por Macri o limitar las subas o incluso revisar los criterios con los que se define cuánto deben cobrar por sus servicios las empresas de SS públicos privatizados podría ser objetado por la misma Corte Suprema que expresó, en 2016, lo expuesto en el párrafo anterior. En un futuro no muy lejano podríamos ver ese mismo escenario en el conflicto por la declaración de servicio público de la telefonía celular e internet, servicios brindados en gran medida por el ex empleador del actual presidente del tribunal supremo de la Justicia argentina. Y finalmente, con el fallo reciente referido a las “clases presenciales” debe sumarse una contundente señal de ese mismo Tribunal de consentir la construcción de un “pequeño Delaware Argentino” en el “estado asociado” de la CABA. Dadas estas muestras de que en la Argentina no están gobernando quienes fueron elegidos por el voto popular sino la Corte Suprema y los “mercados” quedan dos opciones, resignarse y administrar la debacle social, política y económica a que nos llevaría el modelo que impulsan o doblar la apuesta. El presidente Alberto Fernández dice que quisiera seguir los pasos de Néstor Kirchner, sin duda el estilo de NK era ese, el de doblar la apuesta y no el de rendirse. Y para ser concreto me parece que este camino podría, por ejemplo, plasmarse en un cambio rotundo de política comunicacional del Gobierno, tanto en lo que hace al reparto de la pauta millonaria como en lo que hace al mensaje transmitido y la habilitación de un debate profundo que reemplace a la obsecuencia o silencio imperante en los medios “oficialistas”. Tomar medidas que controlen la formación de precios en la canasta alimentaria que incluyan, si fuera necesario, la intervención de empresas que habilitan las normas legales vigentes. Finalmente lograr un acuerdo político para sacar una ley urgente de ampliación de la corte suprema, lograble por mayoría simple y en el marco de ese mismo acuerdo nombrar a los nuevos jueces que al menos dupliquen la estructura actual. Obviamente que no es fácil, pero la alternativa es rendirse y suicidarse políticamente además de condenar a la mayor parte de los Argentinos al suicidio económico y social.
Permitir, en nombre de los “mercados”, que se siga avanzando en la pauperización de la mayor parte de la población argentina para beneficio de “4 o 5 vivos” ya no es un error de cálculo o un problema de “correlación de fuerzas” adverso, es un acto temerario que puede llevar a la argentina a una explosión social y a una derrota política que habilite la vuelta de las más oscuras facciones de la clase política.
[1] Ver artículo previo del autor, publicado con ese título el 15 de marzo de 2021, en el siguiente link: https://redaccionrosario.com/2021/03/15/toda-tarifa-es-politica/
[2] Ver artículo previo del autor, publicado en agosto de 2020, en el siguiente link: https://identidadcolectiva.com.ar/una-de-cal-y-una-de-arena-las-tarifas-de-servicios-publicos-tarifas-macristas-descongelamiento-y-telefonia-e-internet-para-todos/
[3] Ver la nota de La Nación, del 6 de abril de 2021, con las declaraciones de la AMCHAM, en el siguiente link: https://www.lanacion.com.ar/economia/negocios/las-empresas-estadounidenses-agrupadas-en-amcham-reclamaron-al-gobierno-que-termine-el-programa-nid06042021/
[4] El comunicado de AMCHAM, del 16 de abril de 2021, puede verse en el siguiente link: https://www.amcham.com.ar/2021/04/12/precios-maximos-los-tiempos-se-acortan/
[5] La nota del 20 de abril de 2021, con las declaraciones de Kulfas, puede leerse en el siguiente link: https://www.cronista.com/economia-politica/el-gobierno-quiere-congelar-el-precio-de-unos-120-productos-hasta-las-elecciones/
[6] Citado en Fallo CEPIS de agosto de 2016.
