El Decreto Nro. 633/2022 o el OXÍMORON de la JUDICIALIZACIÓN DE LA POLÍTICA

Por Alessandra Minnicelli.

Oxímoron: “Figura retórica de pensamiento que consiste en complementar una palabra con otra que tiene un significado contradictorio u opuesto”

En el anverso de la realidad judicial, aparece un novedoso decreto del Poder Ejecutivo Nacional Nro. 633/2022 , dictado casi 3 años más tarde de asumir la Presidencia , por el cual se declaran lesivos al interés general los decretos 607 y 608 del año 2018 , por los cuales se aprobaron los Acuerdos Integrales de Renegociación de los Contratos de Concesión de los Accesos Norte y Oeste a la ciudad autónoma de Bs As y se instruye a la Dirección Nacional de Vialidad a interponer acción judicial de lesividad para obtener su declaración de nulidad .

Mucho se ha escrito sobre la judicialización de la política, la hemos señalado como un cambio en la distribución del poder, como una trasformación en el papel que juegan los Tribunales y Jueces, como la participación de ellos en los asuntos públicos.

Lo que seguramente nunca imaginamos es que en esta época inaugurábamos una nueva forma de intervención judicial en el terreno político, a instancias del Poder Administrador y me arriesgaría a decir, a sabiendas del riesgo que en el caso concreto supone. 

Hoy es el PEN, el que reclama a los Tribunales la “delimitación “del poder de las instituciones democráticas. Pero todos sabemos que no es en los Tribunales donde se hacen y definen las políticas significativas del Estado, No es el Poder judicial quien debe regular la conducción de la actividad política.

Tres años de gestión han transcurrido y plantea hoy la lesividad de un acto administrativo del Estado como fundamento para pedir su nulidad en sede judicial, cuando no adopto ninguna decisión previa, con argumentos técnicos y políticos, sobre cómo se presentaron los hechos, sobre cuál es la disputa, sobre cuáles son las reglas sobre las que debemos vivir en la protección del interés general o en este caso del interés de los usuarios. Y es la sociedad y los usuarios los que tienen interés en conocer cómo se decide la protección de esos derechos por parte del órgano administrador del Estado, del regulador natural y político de las relaciones entre la sociedad y el “mercado “, o sobre la modalidad en que se asigna al sector privado la gestión de bienes públicos, como ocurre con las concesiones.

Sin duda, falto durante tres años un proceso deliberativo y una toma de decisión sobre un tema tan sensible para los usuarios de estos accesos por Peaje a la CABA, sabiendo y conociendo el impacto y significatividad de estos decretos y los antecedentes que motivaron su emisión, los mismos que hoy relatan en la decisión de recurrir a su nulidad en sede judicial y que en su momento determinaron primero la no intervención de actores necesarios en el proceso decisorio y luego la no aplicación de los aumentos tarifarios irregularmente otorgados.

Estamos ante otra muestra clara de fragmentación de las instituciones políticas, hoy promovida y profundizada por el PEN, porque sin duda la falta de decisión política es un problema político democrático que acarrea este gobierno desde el inicio.

No se suple la falta de decisión usando argumentos conocidos, con los cuales requerir a los Tribunales que ejerzan autoridad para dar forma a decisiones políticas, si antes no se han tomado las decisiones políticas que funden, contengan y corrijan la pretendida lesividad de una decisión anterior que se busca nulidificar.

La pretensión del Decreto 633/20 promovida mediáticamente por el Ministro Katopodis hace seguidismo sobre la práctica que ha vivido nuestro país de condena mediática y judicialización de la acción política que tanto daño ha causado al proyecto político 2003-2015.

Profundiza el Ministro y somete al PEN a que se politicen aún más, a que sean los jueces quienes tomen decisiones judiciales que se conviertan en política hecha por otros medios.

¿Es temor a gobernar?, ¿temor a definir una posición ideológica o económica ?, ¿temor a rendir cuenta de sus actos como exige el principio democrático ?, es alguna duda sobre cómo defender el interés general?

La importancia del deslinde de los ambientes de actuación político y judicial, impone leer el mensaje del Decreto presidencial Nro. 633/20, como una falta de conocimiento del poder administrador, no solo de los límites temporales de esta decisión, sino sobre el alcance de su tarea oportuna, y un desconocimiento sobre el funcionamiento del Estado, una grave desprotección de los derechos de todos los ciudadanos y una ausencia de regulación económica.

La precondición político institucional, hacía necesario tomar decisiones previas, que recuperen la centralidad del Poder Ejecutivo Nacional, en el funcionamiento eficiente de la concesión de un servicio público. Animarse a decidir cómo poder autónomo del Estado el restablecimiento del equilibrio vulnerado por los Decretos del 2018.

Nuestra legislación reconoce la revocación como atribución del órgano administrador, recepta el criterio de revocabilidad (art 18 LPA), permite retirarlo del mundo jurídico suspendiendo así los efectos lesivos que el mismo ocasiona. Ello debió haber sido motivo de análisis con el mismo argumento de lesividad al interés público que hoy se invoca, un acto manifiestamente contrario a la legalidad y conocido al momento del dictado de los Decretos del 2018 y que fuera desoído por la administración de entonces.

La declaración de lesividad como presupuesto procesal de inicio de la acción judicial, no suspende la ejecución de los actos impugnados, continua vigente la concesión con sus efectos nocivos, ninguna decisión administrativa altero el curso dañoso al interés público.

La legalidad, que incorpora el pensamiento jurídico más avanzado, demuestra que todo lo que se encuentra en un marco interpretativo es susceptible de ser cuestionado, cuando se plantean argumentos presumiblemente más convincentes.

La lesividad y su demostración se convierten en el elemento fundamental que propicia un marco legal para la nulidad y la revocación en sede judicial, por tanto, resulta estratégica la consideración y el conocimiento de la lesividad que encerraban esos actos en función de proteger el interés público.

Sin acto previo de voluntad, de remoción del daño que llevo 3 años al Poder Ejecutivo Nacional, determinar, cuando la argumentación del Decreto indica el conocimiento previo de la actuación lesiva, no es claro entonces que se busca con recurrir hoy al Poder Judicial que por lo demás ya se ha expresado en sede penal sobre la Causa Ausol y todos hemos conocido mediáticamente cual ha sido el resultado.

La manifiesta ilegalidad expuesta hoy en el Dcto 633/20, imponía la necesaria tutela oportuna que deben ejercer los entes estatales cuando están en juego bienes de titularidad pública y perjuicio económico al Estado.

La tolerancia e inacción que hubo en relación a este tema desde 2018 hasta hoy, es injustificable, una muestra más del discurso de “correlación de fuerzas “y el disciplinamiento judicial y mediático con que este Gobierno ve pasar triunfantes a quienes mal enmascararon perjuicios millonarios que no dudo terminaran blindados.

Siempre se puede, desde el Gobierno, decidir hacer seguidismo de los delitos continuados o se puede cortar de raíz con la mugre que daña los intereses del pueblo, aunque luego te persigan por eso.