El consenso como base de las políticas sociales

Por Daniel Arroyo, Ministro de Desarrollo Social de la Nación.

Que el Estado tiene que estar presente para afrontar los resultados de la pandemia es, para nosotros, una premisa inamovible. Solo con una fuerte política social vamos a poder transitar la Argentina que se viene sin dejar a nadie en el camino. Es fundamental, para esto, que esas políticas sean producto del consenso no solo en el marco de la dirigencia política sino también con aquellos que componen las organizaciones y movimientos sociales y comunitarios.

Las políticas sociales solo son efectivas si generan consenso general. Y es claro que este esquema suele caer en una disyuntiva (muchas veces equivocada) alrededor de si la gente quiere trabajar o no, o si el Estado le paga a unos y no a otros. Es clave que saldemos esa grieta. Que pensemos para adelante, en lo necesario para que los y las más vulnerables no se queden en el camino. Hoy los planes sociales deben estar vinculados fuertemente a la reconstrucción del mercado de trabajo.

Hoy hay 580 mil personas cobran la mitad del salario mínimo por diferentes asistencias del Estado. Con el plan Potenciar Trabajo, que lanzamos con el presidente Alberto Fernández, vamos a avanzar en políticas de inclusión socio laboral y desarrollo local, sumando capacitación para que estén listos para brindar sus servicios o productos a quienes quieran contratarlos y así puedan aumentar sus ingresos. Y debemos acompañarlos para que puedan acceder a microcréditos no bancarios a tasas bajas (3% anual). Así podrán equiparse, comprar sus herramientas, tener acceso a máquinas, insumos y bienes de capital. En paralelo, buscaremos que puedan registrarse, tener una factura para poder ingresar al mercado laboral con mayores oportunidades.

Para pensar a quiénes tenemos que alcanzar, debemos conocer a fondo el territorio. Saber cómo le afecta la realidad a cada sector social. Por eso es clave distinguir para diseñar estas políticas en qué mapa nos movemos. Nosotros distinguimos cuatro realidades diferentes entre aquellos que hoy reciben asistencia alimentaria (11 millones) o cobran el Ingreso Familiar de Emergencia (9 millones de hogares).

Lo primero que marcamos es la pobreza estructural que existe en la Argentina; otra realidad es la que está viviendo los sectores que siempre vivieron de su ingreso de manera inestable, en la informalidad, y que cada tanto recibía un plan social y muy eventualmente iban a un comedor. Esa gente hoy se encuentra en situación crítica porque la pandemia les impidió seguir con su trabajo. La tercera realidad que destacamos incluye al sector informal integrado (el gasista, el plomero, el mozo), que tal vez tenía ahorros y ahora los usó para atravesar la pandemia. Y la última, alcanza a un sector de trabajadores formales con ingresos muy bajos, y que hoy también están en los comedores.

Necesitamos avanzar en este camino sobre la base de consensos sólidos. El discurso político debe dejar claro que no hay manera de pensar una renta desenganchada del mundo del trabajo en Argentina.

El consenso también es clave para la ejecución de las políticas. Por eso, con el plan Potenciar Trabajo generamos una unidad de gestión en cada provincia y en cada municipio. En esas mesas, en las que participa el sector privado con sus cámaras empresariales, el sector social-sindical y el Municipio, se definen las líneas productivas.

Es tiempo de combinar derechos con movimiento económico. Y eso requiere consenso con las organizaciones empresariales, los sindicatos, las organizaciones sociales y los partidos políticos con representación parlamentaria.

Un consenso que no solo debe ser de coyuntura sino un compromiso hacia el futuro.