El Caramelito de la inseguridad

Por Maximiliano Rusconi.

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Por Maximiliano Rusconi.

Transcurría el año 1998 y yo ostentaba el pomposo cargo de Fiscal General de la Procuración General de la Nación. Tenía 33 años y un dinamismo que a muchos los exasperaba.

Un día de invierno participé de una reunión a la que el Procurador General de la Nación de entonces, Nicolás Becerra –un gran transformador, a quien le debemos una nueva visión institucional del Ministerio Público en la Argentina, que luego fue paulatinamente desdibujada-, había convocado para que yo explicara algunas ideas de mis experiencias anteriores en proyectos de transformación judicial en la Argentina y en algunos países de América Latina a un conjunto de Fiscales de mayor experiencia en la justicia penal y mayor jerarquía.

Yo comencé esa reunión con números (en algún sentido para contrarrestar el tilde de “teórico” universitario que algunos críticos -casi todos- me adjudicaban).

Dije que de 100 delitos cometidos ingresan al sistema judicial no más del 36 % (hay un 64 % de cifra negra); de esos 36 casos porcentuales, llegan a la última etapa –por ejemplo, juicio oral- sólo el 10 % (es decir, 3,6 casos), y reciben condena no más del 50 % de ellos (es decir, no más de 1, 8 casos).

Pero para colmo de males, les conté que del 90 % de casos que se quedan en el camino, el 70% recibían en esa época salidas de baja calidad procesal (prescripción, archivos, etc.) y esos son los llamados casos “NN” (con autor desconocido) que reciben un trámite en el mejor de los casos meramente burocrático.

Yo imaginaba que había logrado el objetivo de preocupar a mis colegas de más experiencia y que en ese sentido mi labor había sido altamente exitosa.

En esos años entre el cuadro que surgía de mi optimismo inquebrantable y el que se pintaba con el pincel de la cruda realidad había diferencias notables.

Hoy en día diría que sigue habiendo diferencias, pero son tan reducidas las chances de éxito que le atribuyo a mis proyectos que normalmente la realidad a veces es menos dura que mis casi nulas expectativas.

Yo buscaba demostrar dos cosas: dejar en claro que los que creen que a los problemas de inseguridad se los combate con un aumento de las penas lo único que hacen es aumentar el castigo de un caso (en verdad 1,8 casos) que fue conocido, investigado, que será sancionado y condenado.

Como se ve, se pone el eje en el supuesto más exitoso, en aquel sector de la realidad que no requiere ninguna ayuda estatal y, al contrario, no se hace nada con la enorme masa (en total cerca del 90 %) de casos que han significado el fracaso del sistema.

Una tesis absurda igual a la que sostuvo tiempo después el no-ingeniero Blumberg ahora reaparecido en algunas marchas entre automotrices y jurásicas.

La ridícula “tesis” de Blumberg de todos modos logró en su momento marchas parecidas y, obligó, a una reforma legislativa (Julio Maier, con su acostumbrada brillantez, bautizó a ese movimiento como Blumbergstrafrecht –el derecho penal de Blumberg-)

Cada tanto los distintos gobiernos cometen el error de delegar en las víctimas o familiares el desarrollo de las políticas públicas. Diría que ese sí que es un fenómeno tan nacional como el dulce de leche, el colectivo y, solo para algunos, Gardel.

Pero, en esa reunión yo quería demostrar, además, otra cosa: los casos llamados “NN” que no tenían ningún tratamiento judicial, que sólo recibían de modo mecánico, un conjunto de sellos incorrectamente humedecidos con esponjas de tinta seca, y que sólo cumplían la función de llenar de papel la vida y el futuro de los aspirantes a burócratas judiciales, sin embargo poseían una carga informativa que, haciendo caso omiso sólo de la identidad o los datos básicos del autor, sin embargo, podían ilustrar bastante bien sobre un conjunto de hechos de difícil condena, pero que analizados en conjunto podían ser protagonistas muy fiables de un magnifico mapa del delito.

En definitiva, los casos “NN” poseían datos como: a) lugar exacto del hecho, b) horario, c) circunstancias de modo y ocasión, d) bien jurídico dañado, e) nivel de violencia utilizado, f) cantidad de sujetos participantes, g) tipo de movilización de los autores y partícipes, h) contextura de ellos, i) vestimenta, j) etc.

Esos datos si bien no podían alcanzar para condenar a nadie en un caso individual, sí podían ser analizados y entrecruzados informáticamente de modo grupal para dar bases científicas sólidas para el desarrollo de políticas de prevención del delito o seguridad ciudadana.

Para eso había que generar un modelo de tratamiento orgánico de los casos NN en verdad muy distinto a la ley que terminó motivando.

Cuando terminé la exposición para mi sorpresa y desilusión un Fiscal General, muy inteligente (para las ocasiones banales), y con quien años antes había compartido proyectos, ideas e ilusiones, me dijo: “¡sí!, ¡todo muy bien Maxi, pero lo único que te pido es que los Fiscales no nos comamos el caramelito de la inseguridad!”

La reflexión subyacente a esa frase mamarrachesca era: “aún cuando los Fiscales podemos ayudar al desarrollo de un plan de prevención del delito preferimos no hacerlo para no asumir el riesgo de que la comunidad nos reclame a nosotros, que estamos muy tranquilos, sobre el problema de la inseguridad”.

Esa anécdota que estaba en el rincón de mis recuerdos tóxicos, se me apareció reclamando ser actualizada en estos días en los cuales hemos visto debates muy candentes y bastante pavotes entre los encargados de la seguridad de la provincia de Buenos Aires y a nivel nacional sobre el problema de las usurpaciones (un debate muy parecido al que motivó los incumplimientos ciudadanos a la normativa relativa a la pandemia del Covid 19).

Si usurpar es o no delito, el riesgo al respeto a la propiedad privada, si el problema lo tienen los garantistas, si es sólo un problema habitacional (que, claro, lo es), fueron sólo algunos extremos de un espectáculo boxístico entre representantes de la misma coalición de gobierno. Todo ello acompañado con imágenes que iban de Rambo a seminarios universitarios interdisciplinarios, sin solución de continuidad.

Lo increíble de estos días es que como felices espectadores los representantes de las posturas más retrógradas de política criminal compartían bolsas enormes de pochoclo para ver como un proyecto político renovador, popular, contenedor, nuevamente volvía a meter en el campo de juego pelotas que se iban afuera y se hacía goles en contra pagando costos políticos que (como si no se tuviera que pagar otros costos de políticas públicas esenciales) no le correspondía.

Si hay una usurpación consumada, eso es, en principio (y no por culpa de ningún ministro nacional o provincial) un ilícito reprimido en el art. 181 del Código Penal.

Si es un delito, serán los Fiscales de la provincia de Buenos Aires, liderados por Conte-Grand o de la Nación liderados por el interino Casal o de la ciudad de Buenos Aires, liderados por el macrista Mahíques (de acuerdo a detalles de territorio y competencia), los que deben dar la respuesta.

Incluso los jueces tienen en el art. 34 del Código Penal, por ejemplo, un conjunto de eximentes para considerar límites al derecho penal propios de cierta mirada social y humanista.

Nuevamente los fiscales, que casualmente (¿o no?) están liderados por la oposición hacen mutis por el foro y les escapan a varios caramelitos. Unos no hablan y otros deben callarse un poco.

El gobierno podría ver el problema, que lo es, y paralelamente a pedir explicaciones a los fiscales, proponer un plan habitacional. De eso se debería haber tratado. Sólo de eso.