El balance no es bueno.
Por Maximiliano Rusconi.
Me daba temor tener que escribir esta nota.
Suponía que en algún momento iba a tener que desarrollar, como ya lo han hecho algunos compañeros ocupados de otras áreas, en la columna de identidad colectiva, una reflexión sobre el balance de este primer año de gestión de un gobierno que siempre ha expresado una vocación democrática indudable.
La primera sensación es de una lamentable insatisfacción.
Existe un conjunto de causas, enormemente importantes, en las cuales los procesos avanzan y en todas ellas hay una constante: se nota un descomunal desafío a los principios constitucionales que enmarcan a la justicia penal dentro del estado de derecho. En todos ellos los imputados han visto violadas la garantía del derecho de defensa en juicio, la garantía de la prohibición de la doble persecución penal, la garantía de la libertad durante el proceso, la garantía del derecho a que se defina con precisión el hecho imputado, la garantía del derecho a ofrecer medios de prueba para sostener la tesis de la defensa, la garantía de la igualdad de armas en el proceso penal, la garantía de la igualdad ante la ley, la garantía de la publicidad y transparencia de los procesos penales, la garantía de la legalidad de los procesos, la garantía del derecho a que el estado desarrolle los procesos penales de acuerdo a las formalidades que establece la ley, la garantía de la inmediación y cercanía del imputado a los medios de prueba. Día tras día, proceso tras proceso, los abogados y quienes buscamos que el ejercicio del derecho penal respete los imperativos constitucionales, hemos sido dolientes testigos de cómo estos principios se han dejado de lado, han sido pisoteados, y han desaparecido como norma que debía regir la actuación de los jueces supuestamente “de la Constitución.”
Por otro lado, para favorecer el clima de insatisfacción, los jueces, fiscales y defensores oficiales que han armado, impulsado, consentido u ocultado este terrible escenario no sólo siguen en sus puestos, sino que desde esos sillones desarrollan, hasta ahora con gran éxito, una visible estrategia de ocultamiento y de obstaculización de la investigación de todo lo sucedido. Al estilo del zorro al cuidado de las gallinas, siguen siendo los fiscales o magistrados a cargo de la tramitación de sus propios desastres. Realizan planteos de competencia insustanciales, se niegan a presentarse cuando reciben convocatorias judiciales, desarrollan campañas de prensa para dificultar aún más estas investigaciones, y por supuesto, y para peor, continúan impulsando investigaciones armadas sobre falsedades en contra de los funcionarios cercanos ahora del gobierno de turno, sólo a efectos de deslegitimarlo, al igual que cuando se tuvo por destinatario al gobierno que ocupó el poder antes del año 2015.
Da tristeza tener que decir que en lo que concierne a las netamente propias facultades del poder ejecutivo, casi nada se ha hecho a este respecto. Por lo menos si uno prescinde de la convocatoria de una comisión de especialistas cuyo trabajo hasta ahora ha servido para que el poder ejecutivo transite este año con la excusa perfecta que había que esperar a las conclusiones de ese interesante documento que recién ahora, suponemos, tendrá la atención del poder ejecutivo para leer ese desarrollo con la tranquilidad de un desafío académico. Normalmente, hay que decirlo, es el ministerio de justicia el lugar institucional que organiza, recibe, estimula y apoya los desafíos transformadores. Claro…cuando estos existen. Seguramente este ministerio hoy tendrá funciones más trascendentes que cumplir. Vaya uno a saber.
Si la tranquilidad del poder ejecutivo en algún alma pasiva se justificaba en un pronóstico sobre que el poder judicial iría a enviar señales más amigables y serias al nuevo gobierno, debemos decir que ese pronóstico se ha sostenido en un optimismo casi mágico.
Los representantes judiciales y para judiciales que encabezan y encabezaron el lawfare han detectado rápidamente la debilidad del gobierno en esta materia. O quizá, han advertido (ojalá equivocadamente) que el combate y la reparación de esta lesión descomunal al estado de derecho no forma parte, en verdad, de los primeros objetivos gubernamentales, en contra de lo que las almas optimistas podrían haber esperado luego de escuchar el presidente en el discurso ante la asamblea legislativa.
Algunos cambios podrían haberse logrado con sólo usar la inercia que dejó la sanción ya hace años del nuevo código procesal y la natural reforma del modelo de enjuiciamiento en materia penal. Pero es que ni siquiera se ha sabido utilizar ese mínimo impulso, sino que se ha aceptado mansamente una “vacatio legis” que parece suponer que el problema no es urgente.
Para profundizar la oscuridad, ciertas causas emblemáticas del lawfare han sido legitimadas en instancias superiores de revisión por el sistema judicial, y siguen generando que día tras día haya presos políticos en la República Argentina.
Pero el balance más triste, la evaluación más dolorosa, no proviene de la ausencia de resultados, sino que proviene directamente de la ausencia de enunciados. Si uno tuviera que contestar a la ausencia de resultados desde una visión muy optimista y haciendo hincapié en el plan de este gobierno para devolverle a los argentinos una justicia digna, ¿en qué proyecto o proyectos debería basarse?
El poder ejecutivo ya ha demostrado que cuando decide expresar una voluntad política y adecuar las acciones operativas a esa voluntad, no le sale tan mal. Un ejemplo elocuente es el resultado del proceso que llevaría a la despenalización del aborto.
Los compañeros presos políticos o presos injustamente por razones ideológicas, las víctimas del lawfare, los sujetos pasivos de esta destrucción del estado de derecho, los espiados, los perseguidos, los estigmatizados, ¿no merecen algo de esa voluntad política? ¿Habrá que esperar todo un año más para saberlo?
