El acto preparatorio del lawfare: la persecución administrativa orientada ideológica y económicamente

Por Maximiliano Rusconi.

La administración federal de ingresos públicos ha presentado un valiente y claro informe en el cual describe sin eufemismos, en una de las causas penales que increíblemente siguen su curso, el modo en que el gobierno que ocupó el poder entre los años 2015 y 2019 utilizó al organismo tributario, del modo más inmoral, para montar una “matriz de persecución” (ver la muy buena nota de Raúl Kollmann en Página 12, edición impresa, del día 9/09/2021, “Una matriz de persecución”, pág. 10 y sgte).

En una “mezcla de montaña rusa y tren fantasma” (para usar una maravillosa descripción de un gran amigo que me dio la vida), el informe describe diferentes instancias o etapas de lo que ha consistido esa matriz desarrollada por el órgano recaudador: designación de funcionarios distintos a los competentes, actuación en causas judiciales de funcionarios no autorizados, creación de “grupos de tareas”, armado de programas informáticos específicos para la persecución de los lastimosamente elegidos para su destrucción, accesos indebidos a las estratégicas bases de datos del órgano recaudador, etc, etc.

Si uno tiene dificultades para conciliar el sueño o es muy impresionable, conviene no leer el informe en horas nocturnas, sin embargo sería un error creer que lo que se describe ha sido una crisis moral coyuntural y sólo explicable en este caso. 

En efecto, habría que sugerir una ampliación de la mirada tanto cuantitativa como cualitativamente.

En términos cuantitativos debemos decir que la persecución a la empresa motivo del informe no ha sido el único caso en el que se ha mostrado esta violencia institucional selectiva. Una cantidad muy importante de empresas y empresarios, enemigos políticos, enemigos con relación familiar con el poderoso de turno, abogados y periodistas no adictos (mas allá del motivo de la adicción de los adictos) -algunos de los cuales han sido incluso injustamente condenados en decisiones escandalosas o cumplen al día de hoy prisiones preventivas igualmente escandalosas-, han sido también víctimas de estas obscenidades. No sería recomendable que, ahora que atravesamos la etapa de reparación de estos daños al sistema republicano nuevamente tengamos miradas sesgadas o convenientemente condicionadas por la coyuntura. 

En términos cualitativos hay que recordar que este indecente rol de la AFIP tampoco la singulariza. Junto con la fraudulenta persecución penal tributaria del órgano recaudador, se ha alistado con objetivos de la misma calaña por ejemplo la Unidad de Información Financiera (UIF: el organismo de prevención administrativa y combate del lavado de activos). Recordemos que desde allí se envió un mensaje mediatizado a los abogados defensores de funcionarios caídos en desgracia. En particular con ellos se iría a ser muy puntillosos a la hora de saber quién y porqué pagaban los honorarios. Información que, de todos modos, ya tenía la “muy objetiva” AFIP. 

Algo similar ha sucedido con la Oficina Anticorrupción. Esa oficina fue conducida por la enamoradiza “no abogada” Laura Alonso. Alonso, que venía de la otrora prestigiosa ONG “Poder Ciudadano” -el capítulo argentino de Transparencia Internacional-, fue raudamente auxiliada a efectos de modificar los requisitos para quien pretende acceder como Director de esa Oficina “Anticorrupción”. A partir de Alonso no era necesario ser abogado para cumplir ese rol. El comportamiento de la “no abogada” Alonso fue acorde: decidió no acusar a funcionarios del gobierno al cual, primordialmente, debía controlar de modo contemporáneo. 

Estos organismos, para el caso que enfrentaran una eventual falta de información de los “caídos en desgracia” siempre podían contra con los informes de “inteligencia” que provenían de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI). La AFI era manejada por el escribano y empresario futbolístico Gustavo Arribas (de muy buena perfomance comercial cuando el ex presidente conducía al club de sus “amores”).

A veces recuerdo las enfervorizadas negaciones de lo que se ha denominado como Lawfare de algunos filósofos y constitucionalistas y debo confesar que quienes describíamos ese fenómeno nos hemos equivocado. Sin embargo, el error no fue por exceso, sino por defecto: cada minuto que pasa nos demuestra con enorme convicción que este proceso de destrucción de un sector ideológico y también económico fue mucho mas grave que lo que parecía. 

Terminar con este desastre es una de las responsabilidades más grandes del actual gobierno: del mismo nivel que la conducción de la salud de los argentinos en épocas pandémicas y llegar al día en el que no haya ni una sola argentina o argentino con hambre.