Ebullición política en Colombia
Por Diego Gutierrez- Analista de política internacional.
Colombia es la tierra de Gabriel Garcia Marquez, pionero en el género literario conocido como “realismo mágico”, un género que combina hechos inexplicables dentro de una realidad ficcionalizada. La derecha colombiana se esta pareciendo mucho a aquella narrativa que hiciera mundialmente famosa el fallecido premio nobel, y creyó que podía hacer pasar una regresiva reforma impositiva para las clases medias colombianas como una medida necesaria y virtuosa para sus economías familiares y personales.
Ya desde fines del 2019 estallaron las protestas en Colombia en contra de las políticas económicas del gobierno de Ivan Duque. El gobierno, en aquel momento, intento pasar una reforma impositiva que desgravaba progresivamente a grandes empresas. Protestas masivas que no ocurrían desde hace mas de 42 años, en el llamado “Gran Paro Cívico Nacional”. La golpeada realidad colombiana nos muestra un país victima de la violencia desde hace mas de 70 años, violencia que toma diferentes formas pero que no deja de aparecer, y que pareciera que por mas que se repudie o se condene, es una persistencia histórica muy difícil de resolver.
Pero como dijimos estas protestas son la clara continuación de las protestas iniciadas en noviembre del 2019 con un paro nacional convocado bajo la consigna “por la vida y por la paz”, y en contra a las medidas económicas de Duque. Esencialmente el rechazo fue a un paquete de medidas que el presidente envió al congreso para reformar aspectos sustanciales de la situación impositiva de Colombia. El proyecto se llamó “Ley de Solidaridad Sostenible” y los puntos mas polémicos de la ley fueron los referidos a los cambios en el IVA en los productos de la canasta de alimentos y en la ampliación de la base de personas a pagar el impuesto a los ingresos.
¿Cuál fue la razón de este proyecto? El gran gasto realizado por el gobierno por la pandemia. El déficit fiscal del 2020 fue de 7,8 puntos del PBI y se espera que para el 2021 sea de 8,6%. el incremento de los niveles de endeudamiento por las erogaciones extra pusieron presión sobre las cuentas publicas, y obligaron a un gobierno de concepciones político económicas ortodoxas a tomar medidas con las que no se siente a gusto. El gasto COVID llegó a los 5,7% del PBI según un informe del FMI, y la caída de la economía por la pandemia han elevado los índices de pobreza, desempleo y endeudamiento.
En junio del 2020 , el gobierno colombiano coloco títulos de deuda por 2500 millones de U$S a 11 y a 31 años para compensar los gastos por la pandemia. También contrajo una deuda con el FMI en el marco de su programa de Línea de Crédito Flexible. El gobierno recibió un desembolso de 5400 millones de U$S “para responder a mayores necesidades de financiamiento” según el comunicado oficial del organismo. El acuerdo fue por un total de 17600 millones de U$S por lo cuál el monto restante podría ser desembolsado dentro de los 2 próximos años según, aunque monto restante el gobierno le dio la condición “precautoria”. Si bien esta línea de financiamiento no esta sujeta a las ya sabidas condicionalidades de política económica, eufemismo de ajustes, solo se otorgan a países que califiquen según los parámetros de las políticas exigidas por el organismo. Por ejemplo, mantener la mayoría de flujos privados en la cuenta capital, un nivel de reservas relativamente holgado, y un nivel de deuda sostenible. Por lo tanto estos desembolsos y mas en este caso, es para reasegurar el pago de deuda.
Esto se refleja en el comunicado de prensa de la institución, en el cual se expresa que esta linea de crédito “esta diseñada para abordar de manera flexible las necesidades reales y potenciales de la balanza de pagos para apuntalar la confianza de los mercados”. Ya en este año volvió a recurrir a los mercados de Bonos Glovales para financiarse y tomo la deuda a más largo plazo de la historia colombiana, un bono a 40 años. El gobierno pretende tener un importante financiamiento externo. La meta del Duque es logran colocaciones de deuda por 10964 millones de U$S y llegar a 15159 millones con recaudación impositiva, de esto se deduce que la reforma tributaria presentada, obedece a cubrir el desbalance fiscal ocasionado por la pandemia.
Ya en el medio de las protestas y la brutal represión del gobierno el FMI realizó la revisión de desempeño en el marco de la LCF. Algunas de las consideraciones giraron en torno a la situación económica provocada por la pandemia, la coyuntura fiscal y la sostenibilidad de la deuda: “El país sigue expuesto a elevados riesgos externos…”. “Los retrasos por la distribución de las vacunas podrían obstaculizar la recuperación interna a través de su impacto en la demanda mundial y los precios del petróleo”. “Para ello, las autoridades han presentado al Congreso un programa integral de reforma fiscal destinado a aumentar los ingresos…”. “Esta reforma contribuirá a estabilizar la deuda publica (…) lo que permitirá a las autoridades a recomponer los márgenes de maniobra fiscal para garantizar la resiliencia de la economía”. Queda muy claro, entonces cual fue el primordial objetivo de la ley.
La deuda externa total de Colombia asciende a 154968 millones de U$S a diciembre del 2020 representando un 55,4% del PBI con un aumento de 12,5 puntos porcentuales respecto de diciembre del 2019 cuando era solamente del 42,9%. El proyecto fue finalmente restirado por Duque, pero llamó a “tramitar de manera urgente un nuevo proyecto fruto de los consensos y así evitar incertidumbre financiera”.
En cuanto a lo político retornemos a las protestas, estas comenzaron el 28 de abril, en el momento que se giro el proyecto al Congreso y se conocieron sus medidas mas polémicas. Inmediatamente el gobierno implemento una política represiva como pocas veces vista sobre sus ciudadanos y ciudadanas. La policía, el ejercito y las ESMAD, un escuadrón antidisturbios entrenado mas para la guerra que para la contención de manifestaciones hicieron su aparición. Muertos, heridos y desaparecidos, la ONG colombiana Temblores verifico más de 2100 casos de violencia policial, desglosadas en 1055 detenciones arbitrarias, 442 intervenciones violentas durante protestas pacificas, 362 victimas de violencia física, 133 casos de disparos de armas de fuego, 39 asesinatos (7 denuncias en investigación), 30 victimas de agresiones oculares, 16 victimas de violencia sexual y 3 victimas de violencia de género.
Todo esto sin contemplar las desapariciones de personas que serían una cifra cercana a las 500 o 600. También se han detectado la presencia de agentes sin uniforme, los llamados infiltrados, dentro de las manifestaciones. Estas cifras son hasta el 12 de mayo.
Si bien siempre han habido manifestaciones de determinados sectores en Colombia, luego del acuerdo, desmovilización y partidización política de los y las miembros de las FARC, se han desarrollado las mayores protestas sociales en mas de 40 años. Y no es casualidad, el Estado colombiano ha basado sus propuestas casi completamente en una política guerrerista en contra de las diferentes organizaciones político armadas del país. Pero, si bien el proceso se encuentra incompleto, los sectores medios y populares que se han visto mas perjudicados por las políticas económicas de los sucesivos gobierno uribistas, han salido a las calles sin temor a ser acusados de ser “alentados” por intereses afines la guerrilla.
Sin embargo, el discurso oficial, promovido tanto por el presidente Duque y el referente máximo de la derecha Alvaro Uribe, han preferido responsabilizar de todo a los manifestantes tildándolos de “vandalos”, justificar las acciones criminales de las fuerzas de seguridad y armadas y hasta intentar culpar al cuco de todas las revueltas que hay o vayan a haber en América Latina, la Venezuela de Nicolás Maduro.
En cuanto a las reacciones internacionales, la visibilidad que han conseguido las marchas, y sobre todo la violencia de la reacción, no le han dejado mas alternativa a los medios internacionales que tener que reflejarlas en sus pantallas. La violencia en Colombia es una cuestión de todos los días desde hace muchísimos años, la violencia política de la derecha en contra de los partidos de izquierda durante la guerra fría, la violencia de los narcos contra los políticos que se atrevieron a denunciar sus actividades, la violencia entre los narcos y el Estado y entre ellos mismos, la guerra entre las FARC y el Estado y mas acá en el tiempo, los asesinatos de militantes sociales, de derechos humanos, ambientalistas y periodistas, forma parte del paisaje natural de todos los días, violencia que pareciera no conmover a la comunidad internacional como en este caso.
EEUU tuvo una tibia respuesta en la voz de la portavoz adjunta del Departamento de Estado, Jalina Porter, declaró que “los Estados Unidos se encontraban “profundamente tristes por la perdida de vidas durante las protestas en todo Colombia” si bien el comunicado reconoce el derecho de protesta hizo alusión al vandalismo, y a los excesos del uso de la fuerza como detonantes de todos los incidentes. También reconoció la facultad del gobierno a “investigar” las posibles violaciones a los derechos humanos de las fuerzas, como si estas hubieran actuado por su propia cuenta y no respondiendo a un modelo de actuación mas preparado para la guerra que para la protección de los ciudadanos y contención de desmanes.
Organizaciones como Amnistía Internacional, Humans Right Watch tambien hicieron declaraciones condenando el accionar de las fuerzas publicas así como la ONU e inclusive la OEA en las palabras de su titular Luis Almagro, quien es tan afecto a proteger a las gobiernos alineados con los EEUU. Quizás, lo que mas les preocupe a varios, mas que el derecho a la protesta y a la integridad física, sea que a partir de estas manifestaciones, el tiempo de la derecha colombiana este contado, y la oportunidad de una izquierda unida se este haciendo cada vez mas realidad en la tierra del café.
