Distinto tiempo …. ningún lugar nuevo

Por Alessandra Minnicelli.

Escuchá a Alessandra “Lali” Minnicelli acá.

En 1 año y dos meses la Vicepresidenta de la Nación concurrió 2 veces a audiencia en Tribunales. La primera días antes de asumir, lo hizo presencialmente ante el Tribunal Oral donde tramita la causa Vialidad u Obra Pública, -en la que se busca en el “fondo del tacho “direccionamiento de la obra Publica en Santa Cruz en favor de empresas vinculadas a Lázaro Báez – y días atrás ante la Cámara de Casación, de forma virtual, en la causa Dólar Futuro, para oponerse a su elevación a juicio oral.

En las dos, el planteo central estuvo vinculado al Lawfare, que ella entendió y explico desde el primer momento del armado de causas, pero que el gobierno, como un necio no quiso escuchar o no interpreto en diciembre del 2019 …. ¿o sí?

Lo cierto es que en la primer oportunidad, se la escucho y nadie contradijo una sola palabra, pero no se actuó en consecuencia con las herramientas constitucionales y legales que provee y prevé el Estado de Derecho, nadie desde el Ejecutivo o el legislativo hizo ninguna propuesta para corregir el virulento accionar de la justicia en el marco de esta  guerra jurídica donde los perseguidos y presos políticos solo reclaman revisión de los procesos porque no se ajustan a derecho , están fuera de la constitución , de la ley y violan todos los convenios internacionales de los que nuestro país es parte .

En el discurso de apertura de sesiones el Presidente reflexionando sobre el Poder Judicial “en crisis”, y en una breve contextualización indico “…. todas estas dudas …. me obligan a reflexionar sin tapujos sobre el modo como hoy está funcionando la institución judicial …”  Y a continuación: “Viendo todo esto, y con el solo propósito de mejorar la calidad institucional de la Republica, quiero pedirle al Congreso con muchísimo respeto que asuma el rol de control cruzado sobre Poder Judicial. Así lo prevé nuestra constitución Nacional. Institucionalmente, alguien debe ocuparse de ver lo que ha ocurrido y ver lo que está ocurriendo en la administración de justicia de nuestra república. No para interferir en sus decisiones, sino para que siga cumpliendo el rol que el Estado de Derecho le ha asignado “    

En ese marco, el Senador Parrilli, recoge el guante y propone una vía institucional para hacer efectivo el control cruzado: la Creación de una Comisión Bicameral para analizar, estudiar, discutir y ver cómo está actuando la Justicia. De esta propuesta, como de las planteadas por el Presidente en su discurso, solo conocemos el título, no hemos visto su contenido.

Lo cierto es que un camino posible para desandar el lawfare, murió antes de nacer.

Digo posible, porque son los representantes del pueblo y de las provincias (diputados y senadores) quienes integrarían esa Comisión Bicameral, asumiendo el rol de control cruzado sobre el poder judicial.

Al Cruce salió la actual Ministra de Justicia (a hoy 6 de marzo) relativizando el alcance de la actuación de una posible Comisión Bicameral.

Una Comisión Bicameral en el marco de sus atribuciones puede investigar la actuación de jueces y fiscales, puede investigar la actuación del Consejo de la Magistratura y las actuaciones iniciadas y no iniciadas para sancionarlos. La mayor atribución del poder Legislativo es controlar a los controladores 

Sabemos que el Consejo de la Magistratura tiene competencia para el dictado de actos administrativos de diversa índole, ya sean de alcance general o particular, con carácter unilateral o bilateral. En la Ley 24937, las vías de control sobre su actividad se encuentran previstas sólo respecto de algunos de los actos mencionados, están reguladas en forma parcial y de un modo no sistemático. No estoy diciendo nada nuevo y nada que no justifique una mirada más precisa sobre la actuación de esta Institución como órgano rector de la administración de Justicia.

Tengamos claro que, en el desarrollo de sus funciones constitucionales, no puede existir arbitrariedad o ilegitimidad manifiesta, que la ley 24.937, con la que el legislador le otorgo facultades al Consejo de la Magistratura debe concordar en su interpretación con el texto constitucional y no admitir válidamente ningún desvío.

El Lawfare es un desvío.