De qué hablamos cuando hablamos de justicia

Por Claudia Cesaroni.

En las últimas semanas se ha utilizado reiteradamente la palabra “justicia”.

Para definir un homicidio calificado: “justicia por mano propia”.

Para instalar un discurso de odio: “nosotros los detenemos, la justicia los libera y vuelven a delinquir”.

Para describir cambios de organización burocrática: “reforma de la justicia”.

Para justificar venganza y linchamiento: “y bueno, si la justicia no actúa…”

A esta altura, lo único que parece claro es que el concepto de justicia, como el de inseguridad, entre muchos otros, sirve tanto para un barrido como para un fregado.

Entonces, me gustaría ceñirme a una de las cuestiones en juego. La queja, enunciada por jefes de policía y/o ministros de seguridad de modo sempiterno, podría resumirse así: “Las fuerzas se juegan la vida para detener delincuentes y después la justicia los libera…

Esa queja se traduce en presión y convocatoria al escrache para los jueces y juezas que “liberan presos”, cuando se esgrime en cuanto programa de televisión o de radio convoca al jefe policial o del área de seguridad, o a los que el o la funcionaria elige ir para gritar sus verdades, incluso blandiendo documentación personal de personas que han sido detenidas media hora antes, para intentar demostrar así que tenía antecedentes, o que había sido liberado “por el coronavirus”.

La traducción de toda esta opereta, repetida una y otra vez, es la conclusión fatal de que por culpa de “la justicia” o de los jueces y juezas “garantistas”, aumenta la inseguridad, el delito, el crimen, y los buenos vecinos, los jubilados con bastón, se ven obligados a salir con una 9 mm a asesinar a un hombre que está herido, inerme, desarmado, suplicando clemencia, y a quien el buen anciano no solo matará con dos o tres disparos, sino que además pateará en el piso, para que todos veamos que eso que ya es cadáver carece de importancia y toda dignidad. Esa vida no vale. Lo sostienen, incluso, gentes que ponen en sus bios de twitter, o incluso en remeras, la consigna BLM (Black Lives Matter), porque las vidas negras, como la de George Floyd, valen, sí y solo sí están bien lejos, y son de una negritud casi exótica, pero no si son las de Franco Moreyra, el joven asesinado por Jorge Ríos; la de Luis Espinoza, asesinado en Tucumán exactamente de igual modo al de George Floyd –asfixiándolo al apoyar una rodilla policial sobre su cuello–; o la de Lucas Verón, el pibe de 18 años flamantes ejecutado de un disparo en la espalda la misma noche de su cumpleaños, en el marco de una persecución policial inmotivada y brutal.

Este caso, el de Lucas Verón, quizá permita alumbrar un poco de qué se quejan ciertos funcionarios cuando un juez o un fiscal (no “la justicia”, ese universo amorfo e inexistente) actúa, simplemente, como debe actuar. Lucas estaba festejando su cumpleaños. Las fotos y videos que lo muestran soplando las velitas, con una niña a upa, besado por su mamá, son una puñalada al corazón de cualquiera que lo tenga. Sonríe, es feliz. Faltan gaseosas, sale a comprarlas con un amigo meses más chico que él, un pibe de 17. Van en una moto. Y al verlos, un patrullero comienza a perseguirlos, los encierra. Se asustan, aceleran, el policía que conduce el móvil policial los topetea. Se caen. El policía dispara, y mata. No es “gatillo fácil”, no se dispara sola el arma. El policía, Ramón Ezequiel Benítez, decide disparar y matar a un pibe. En el auto, con él, va su compañera de trabajo y de vida, Cintia Daiana Duarte.

Y, en seguida, de inmediato, ¿qué hacen los funcionarios policiales? Intentan construir una justificación para ese crimen. Así describe esos primeros momentos la Comisión Provincial por la Memoria (CPM), que representa a la familia de Lucas: “El menor de edad que acompañaba a Lucas en la moto recibió presiones y amenazas policiales para que declare que venían de robar. Luego del pedido de la CPM para que se aparte de manera urgente a la fuerza de la causa, se trasladó a los testigos y al joven a la fiscalía donde declararon sin la presencia de los efectivos. Allí describieron de manera precisa el asesinato policial”.

Esa práctica, la de construir enfrentamientos o defensas legítimas donde hubo en realidad ejecuciones u homicidios calificados por el estado de indefensión de la víctima, esa intervención policial para hacer decir lo que no es, o para plantar pruebas falsas –un arma cerca de quien no la tenía, la más habitual– solo puede ser desbaratada si hay una organización de derechos humanos, en este caso la Comisión Provincial por la Memoria, que esté presente de inmediato para desarmar el intento. En innumerables casos, las organizaciones no están, o no llegan a tiempo, y el Estado actúa solo, a través de jueces y fiscales. Así fue por ejemplo en el caso del homicidio de Franco Moreyra: defender la vida de un presunto ladrón es más difícil que defender la vida de un pibe que iba a comprar gaseosas, así que la tarea de investigar cómo fue esa muerte le toca solo al fiscal que interviene. Y cuando el fiscal acusa por lo evidente: homicidio calificado, sobre él caen los discursos de odio construidos por los medios de comunicación, por la ex ministra de seguridad de la nación y por el actual ministro de seguridad de la provincia de Buenos Aires. En pantalla partida, en TN, Patricia Bullrich y Sergio Berni defienden el derecho del señor Ríos a asesinar, y reconstruyen ese hecho como la legítima defensa que no fue. Los medios acusan al fiscal de detener (solo por unas horas) al abuelito vengador, la foto del funcionario y su dirección circulan para el escrache.

Ese discurso legitimante de ciertos crímenes se basa en la construcción de un odio hacia ciertas víctimas: es ladrón, su vida no vale. Salió a robar, que se joda. Una vuelta al algo habrán hecho de la dictadura, justificatorio de secuestros y desapariciones. Cuando decimos esto, a veces la respuesta es: “pero aquellos eran militantes populares, estos son delincuentes”. Similar pensamiento al que, durante casi 40 años dejó impune la Masacre en el Pabellón Séptimo de la cárcel de Devoto, porque las víctimas eran “presos comunes”, y no militantes políticos.

Y el mismo pensamiento, construido sobre el odio a los delincuentes, es el que se desplegó cuando, a pocos días de la declaración de la emergencia sanitaria por parte del Presidente de la Nación, algunas personas y organizaciones planteamos que las políticas de cuidado hacia la población, debían expresarse de modo específico en la población privada de libertad, por el motivo que fuera: personas que viven en cárceles, en comisarías, en neuropsiquiátricos, en centros de tratamiento para adicciones, en hogares de protección de niñes y adolescentes. Lo planteamos con toda claridad: quienes tengan más de 60 años, o cursen enfermedades que impliquen algún riesgo, deben irse a su casa, y quienes estén en condición jurídica de obtener la libertad, sea condicional o definitiva, también. Era una propuesta que no solo repetía las que sucedían en otros países del mundo donde la pandemia ya había pasado o estaba pasando, sino que, aún sin compararnos con nadie, se trataba de una lógica elemental: si el objetivo es la preservación de la vida, debe preservarse la vida de todos y todas, aún de quienes hayan cometido un delito, o estén acusados de hacerlo.

Lamentablemente, la construcción de un otro sin derechos transformó este planteo en una consigna hueca y falsa: “liberan a violadores y asesinos”. Y las pocas voces que tratamos de explicar que el número de “violadores y asesinos” es absolutamente menor con respecto a la totalidad de las personas privadas de libertad (en el ámbito federal, un 6% aproximadamente del total de detenidos, cada uno de estos grupos); y que, además, la mayoría de las personas que están detenidas son jurídicamente inocentes (en el ámbito federal, más de un 54% sobre un total de once mil quinientos al 1 de Agosto de 2020, según datos brindados por el propio Servicio Penitenciario Federal en su página oficial: spf.gob.ar), somos eso: pocas voces perdidas en un mar de horas de televisión, radio, tapas y hojas de diarios contando un caso como si fueran un millón; una violencia como si fueran todos bestias homicidas; un victimario como si fuera un abuelito bueno. Entonces, lo que era un reclamo justo –“liberen a quienes están en riesgo o tienen derecho a ser liberados”– se convirtió en una acusación falsa, en motivo de caceroleos opositores, en amenazas de juicios políticos para jueces y juezas que garantizaran derechos. Todo eso, más la falta de coraje de muchxs de esos jueces y juezas, derivó en cientos de casos de personas que siguen en prisión preventiva, que ven impotentes cómo se les niegan derechos básicos, o que mueren (seis casos al 1/8/20 en unidades federales) por COVID19 tras las rejas.

Los discursos de odio provocan muerte. De ladrones, de presuntos ladrones, de pibes que se asustan y huyen, de uno que pasa por ahí y es atropellado por alguien que persigue de contramano a uno que le robó un celular, de presos que deberían estar en su casa, reclaman y son baleados. La lista es interminable. Un Estado democrático y un gobierno popular no pueden construir políticas de seguridad pública, que es un derecho de toda la comunidad, a costa de borrar con el codo lo que nos enorgullecemos de firmar con la mano: una Constitución que tiene incorporados tratados internacionales de Derechos Humanos que excluyen la segregación, la venganza, la negación de la dignidad de las personas privadas de libertad. No es ético, no es parte de las mejores tradiciones de nuestro pueblo, y, además, si ello no bastara como argumento, no sirve.

A 92 días de la desaparición de Franco Astudillo Castro, visto por última vez en manos de la policía bonaerense.

A 3 años de la desaparición de Santiago Maldonado, visto por última vez mientras era perseguido por la Gendarmería Nacional Argentina.

¿Y el Nunca Más?