De proyectos y leyes, ¿competitivo se nace o se hace?

Por Julio De Vido (h).

Un año y algunos meses después de aquella nota que publicamos en esta sección sobre la irrupción en el escenario agropecuario y político del Consejo Agroindustrial Argentino, a partir de una serie de encuentros y conversatorios con los principales referentes del Frente de Todos, esta semana se formalizó el envío a la Cámara de Diputados aquel proyecto de ley de régimen de fomento al desarrollo agroindustrial federal, inclusivo, sustentable y exportador.

Un año y algunos meses después de que Sergio Massa haya buscado capitalizar la agenda de la producción cuando a nadie se le ocurría hablar de cualquier tema que no se refiera a la situación sanitaria, vaya si el contexto ha cambiado a partir del 12 de septiembre.

Al margen de si la iniciativa es correcta o no, hecho que desarrollaremos luego, queda bien en claro que el grito de los gobernadores del interior del país, en particular de la región pampeana, se hizo sentir a partir de los resultados de las PASO. El voto es secreto y cada uno se encuentra solo con su conciencia en el cuarto oscuro, sin embargo queda cada vez más claro que dentro de la sociedad hay determinados actores que son formadores de opinión, este claramente es el caso de los grupos de productores de las localidades del interior, evento que quedó más que evidenciado con las performances electorales del peronismo desde el 2009, post 125, a la fecha.

El hecho político del anuncio fue la vuelta de Cristina a la Casa Rosada luego del velorio del Diego y seguramente también en la búsqueda de unificar intereses del Frente de Todos en la agenda productivista y en particular en la que refiere al autoinfligido antagonismo con el sector agropecuario.

Volviendo a las bases de este proyecto, mucho se ha planteado desde algunas voces afines al oficialismo cuál es el objetivo de brindar beneficios al sector más competitivo de nuestra economía, entrando en el juego que han planteado las gremiales del sector cuando empezaron a hablar del campo como un todo. 

El Estado tiene el monopolio de la prestación de ciertos servicios y la potestad de, entre otras cosas, reglamentar y recaudar tributos a los distintos actores. Qué quiero decir con esto, cuando el Estado cree conveniente favorecer a un determinado sector porque observa una falla en el mismo no tiene muchas alternativas micro para ir en ese sentido. 

En este caso estamos frente a un proyecto de ley que se basa en beneficios impositivos, no subsidios, y en el tratamiento de la identificación del hecho imponible como es lo que sucederá correctamente, de aprobarse el proyecto, con la ganadería. El proyecto en su marco general propone estabilidad fiscal para quienes se acojan al régimen, el periodo quedará a definir por el debate parlamentario pero a priori se plantearon cinco años a pedido del Ministerio de Economía.

Por supuesto que deseamos el mayor de los éxitos para este proyecto y su aplicación, aunque como en otras oportunidades hemos insistido se observa muy complicado encontrar políticas sectoriales exitosas en el mar de la fragilidad macroeconómica.

Para ir cerrando el artículo de hoy, en la semana tuve la posibilidad de ser entrevistado por Daniel Tognetti en su programa Siempre es Hoy por AM 530. Sobre el final de la nota insistí nuevamente en la necesidad de ir cerrando el ciclo de vida de las retenciones y avanzar en un esquema de transición hacia otras herramientas tributarias que no generen las tensiones y distorsiones que hoy por hoy lo hacen los derechos de exportación. 

A la hora de plantear que el Impuesto a las Ganancias sería una posibilidad la respuesta de ciertas voces es homogénea: es altamente evasible. Esa respuesta me da vergüenza, es la confirmación de una sociedad absolutamente descreída de las capacidades del Estado y sus roles más básicos y fundamentales, claramente lo que da espacio al surgimiento de nuevos espacios de derecha y liberales adicionalmente al resurgimiento del macrismo.

Claro que esto sucede cuando dentro del espacio nacional no nos damos la posibilidad de siquiera debatir ciertos temas considerados tabú, lo impositivo, lo laboral, lo social, lo cambiario.