Cuidarnos de las manipulaciones mediáticas

Por Luis Tagliapietra.

Sé que cuando hay operaciones mediáticas con intereses políticos partidarios de por medio a pocos le interesa saber datos de la realidad. Pero si no quieren repetir lo que otros quieren que repitan sobre la «liberación» de los presos, me gustaría que piensen esto.

La situación del sistema penitenciario y de los internos pasó a ser uno de los temas centrales de la agenda pública en medio de la pandemia, y puso en evidencia la crisis que vive el sector desde hace muchísimos años.

¡La iniciativa de “medidas alternativas a la prisión” no liberación!, fue recomendada por organismos internacionales de derechos humanos para evitar la propagación del coronavirus en penales hacinados.

Así, diversos tribunales del país, principalmente de la Provincia de Buenos Aires, dispusieron la salida de presos con el objetivo de reducir la población carcelaria y evitar la propagación del virus dentro de los penales. ¿Salieron presos? ¿Por qué salieron? ¿Cómo están las cárceles del país? ¿Qué pasa en otros países? ¿Salieron presos en el contexto de la pandemia por el coronavirus?

Según informó la ministra de Justicia de la Nación, Marcela Losardo, por fallos de distintos tribunales nacionales y federales se les concedió la prisión domiciliaria a 320 internos alojados en unidades del Servicio Penitenciario Federal (un 2,5% del total).

También se produjeron liberaciones en servicios penitenciarios provinciales, sobre todo en el bonaerense. El procurador general de la Provincia de Buenos Aires, Julio Conte Grand, informó que la Justicia bonaerense dispuso la prisión domiciliaria de 800 detenidos en penales provinciales (menos de un 2% del total). Aclaró que hasta el momento fueron presentadas cerca de 2900 solicitudes para obtener este beneficio, pero, según sus cálculos, son cerca de 1200 los que cumplen los requisitos para acceder al arresto domiciliario en el contexto de pandemia.

El sistema penitenciario federal aloja en cárceles situadas a lo largo y ancho del país a detenidos por violación a la llamada ley de drogas, delitos contra la administración pública (conocidos como delitos de corrupción) y trata de personas, entre otros. Los sistemas provinciales, en cambio, son los que reciben a los presos acusados de todos los demás delitos previstos en el Código Penal de la Nación (homicidios, violaciones, robos con armas, entre otros) ¿Por qué salieron?

Las condiciones de hacinamiento que se viven en muchas cárceles del mundo llevaron a diversos organismos internacionales a emitir recomendaciones para cuidar la salud de los reclusos. Hace un mes, el Subcomité de Prevención de la Tortura de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) recomendó “reducir las poblaciones penitenciarias siempre que sea posible mediante la implementación de esquemas de liberación temprana, provisional o temporal para aquellos detenidos para quienes sea seguro hacerlo”.

También sugirió evaluar los casos de prisión preventiva (cuando se detiene a un procesado que no tiene condena para evitar que pueda fugarse o entorpecer el proceso) para determinar si son “estrictamente necesarios”. Algo similar sugirió en un comunicado la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Y, en la Argentina, el procurador penitenciario de la Nación, Francisco Mugnolo, le pidió a la Cámara Federal de Casación Penal que tomara medidas en este sentido. “El hacinamiento carcelario es caldo de cultivo para propagar el virus dentro y fuera de las prisiones”, señaló.

En consecuencia, la Cámara de Casación, el máximo intérprete de la ley penal del país después de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, emitió una acordada en la que recomendó a los tribunales que adopten medidas alternativas a la prisión para personas en prisión preventiva por delitos no violentos (como hurtos); personas que estén próximas a cumplir su pena; personas condenadas a menos de 3 años de prisión; personas habilitadas a acceder a salidas transitorias o a la libertad condicional; mujeres embarazadas y personas en grupos de riesgo (con enfermedades respiratorias preexistentes, por ejemplo).

Sobre delitos graves (como homicidios o delitos sexuales), la Cámara de Casación ordenó evaluar “con extrema prudencia y carácter sumamente restrictivo” la aplicación de estas recomendaciones. Otros tribunales del país, como la Cámara de Casación porteña (la que trata delitos ordinarios en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires) y la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, dictaron acordadas similares para reducir la población en los penales provinciales.

¿Cómo controlará la Justicia que los presos cumplan?

Uno de los magistrados que quedó envuelto en la controversia sobre la salida de presos durante la pandemia es el juez Víctor Violini, del Tribunal de Casación Penal bonaerense. A su tribunal llegó un habeas corpus colectivo presentado por 11 defensores públicos de la Provincia.

El 8 de abril último, el magistrado dispuso hacer lugar al pedido de prisión domiciliaria para los detenidos acusados por delitos leves y que se encuentran en situación de riesgo, de acuerdo con listados aportados por el Servicio Penitenciario Bonaerense, según se desprende de su fallo. Respecto a los acusados por delitos graves, dispuso que sean analizados por los juzgados que dispusieron las detenciones y analicen la posibilidad de otorgar la prisión domiciliaria y resguardar los derechos de las víctimas o, en caso contrario, disponer su aislamiento dentro de la unidad penitenciaria.

El investigador de la Asociación de Políticas Públicas y profesor sobre tendencias delictivas en la Universidad de Tres de Febrero, Diego Fleitas dijo a Chequeado: “Es cierto que es necesaria una política razonable de reducción de la población carcelaria. Pero esta política razonable debe estar acompañada de mecanismos de exclusión claros, de lo contrario se generan expectativas entre los reclusos que pueden llevar a la violencia intracarcelaria o a liberación injustificadas”.

¿Los presos que son liberados no deben cumplir nunca más su pena?

No. Los presos cumplen su pena fuera de prisión y en el domicilio que se determina mientras dure la pandemia. Cada caso es particular y es analizado por cada juez que tiene a cargo la detención de esa persona. Pero los tribunales que realizaron recomendaciones dieron algunos mensajes. La Cámara Federal de Casación Penal señaló que “las medidas recomendadas se motivan exclusivamente en la pandemia COVID19, motivo por el cual, una vez superada la emergencia sanitaria en la que nos encontramos, los casos deberán ser sometidos a un nuevo reexamen”.

Y el mencionado fallo del juez Violini, en la parte resolutiva, al conceder la prisión domiciliaria para las personas en grupo de riesgo imputadas por delitos leves, aclara que el alcance de la medida se extiende “durante el período de vigencia del aislamiento social, preventivo y obligatorio decretado por el Poder Ejecutivo Nacional”.

¿Cómo están las cárceles del país?

El último dato disponible de todo el país es de diciembre de 2018 (los informes anuales suelen publicarse a mitad del año siguiente) y registra un alto grado de sobrepoblación carcelaria. Si se tienen en cuenta todas las cárceles del país (provinciales y federales), este indicador asciende al 22,1%. Esto quiere decir que, en ese momento, había 94.883 personas detenidas y una capacidad de los distintos servicios penitenciarios de alojar 77.678. Por lo tanto, había 17.205 personas encarceladas sin que hubiera espacio para ellas.

Los únicos datos actualizados son los que brinda el Servicio Penitenciario Federal (SPF) y muestran una novedad. La información actualizada al 28 de abril última informa que en cárceles federales hay capacidad para 12.694 internos y actualmente hay 12.579 presos, es decir que hay 115 plazas disponibles. Esto es algo nuevo: a fines de 2019 había una sobrepoblación carcelaria de 1200 personas. Una parte de esta baja en la población carcelaria se explica en los 320 internos que salieron con prisión domiciliaria por la pandemia, y las otras causas fueron la baja de delitos registrada durante el aislamiento y la restricción de entradas de internos a las alcaidías de los tribunales.

La Provincia de Buenos Aires, el distrito con más contagiados por la COVID-19, tiene una situación carcelaria más complicada que el sistema federal y la mayoría de los distritos provinciales. Entre las cárceles que dependen del Servicio Penitenciario Bonaerense hay 8 penales con una sobrepoblación de más del 100%. Es decir que la cantidad de detenidos duplica (o más) el número de plazas disponibles dentro del penal. Por ejemplo, en la Alcaidía Penitenciaria de Junín hay capacidad para 407 presos y, de acuerdo a datos de diciembre de 2018, había 1.034 detenidos. En la Unidad 42 de Florencio Varela hay capacidad para 522 personas y hay 1.175 presos.

El sistema penitenciario argentino -y sobre todo el de la Provincia de Buenos Aires- está en estado de colapso, de crisis generalizada, y la pandemia puso el tema sobre el tapete. Más allá de que se puedan evaluar las prisiones domiciliarias, también existen mecanismos intermedios, como la habilitación de nuevos lugares y la creación de sistemas de control y seguimientos preparados especialmente para momentos como esta pandemia”, señaló a Chequeado Marcos Salt, profesor de Derecho Penal y fundador del Centro de Estudios Penitenciarios de la UBA.

Cuando hablamos de cuidarnos en la pandemia, debemos hacerlos todos, porque todos somos parte de esta sociedad, y también debemos cuidarnos de las manipulaciones mediáticas que con intereses inescrupulosos buscan generar en la sociedad ideas erradas de una realidad inalterable.