CUENCA DEL PLATA SI; Hidrovia S.A NO

Por Alessandra Minnicelli.

He leído la información disponible en relación a este tema y en mi art de hoy para identidad colectiva me quiero centrar en dos cuestiones:

  1. Definir el alcance del servicio público PRIVATIZADO en virtud de la ley 23.696 que queda “vacante” a partir del 30.04.2021 y
  2. Señalar la virtualidad jurídica de la Comisión Bicameral propuesta recientemente desde el Senado para el “Seguimiento, Control de la Licitación y funcionamiento de la hidrovia Paraguay, Paraná y del Sistema de Navegación Troncal con jurisdicción en la República Argentina” que equivocadamente parte de reconocer y dar por sentado que el servicio público de dragado, balizamiento y “control del comercio exterior” estará sujeto a una Licitación.

Como introducción breve sobre este tema adelanto que, como lo hace gran parte de la doctrina administrativista se trata de un Servicio Público Esencial en Red.

Desde una perspectiva más precisa, podemos definir a la Red como aquel conjunto de medios materiales integrantes de una infraestructura fija y continua (y condicionantes de su despliegue, funcionamiento y explotación), y este es el caso claramente de este servicio público. Contiene una infraestructura que permite la circulación de determinados bienes objeto también de servicios esenciales entre potenciales receptores, entre distintos puntos locales, así como la conexión con otras infraestructuras de la misma o distinta naturaleza.

Esta infraestructura por lo general (yo diría generalmente siempre), ocupa dominio público (nacional o provincial) y en algunos casos propiedad privada (sujeta a servidumbre).

Se trata pues de soportes o bienes esenciales que son imprescindibles para intervenir en el mercado de una determinada actividad económica a la que están vinculados.

Visto desde mi perspectiva jurídica, la “red” (de este servicio público esencial), juega un papel importante y requiere ser tratado también por un régimen también especial que ordene las peculiaridades y especialidades que la determinan y condicionan.

Porque digo esto, porque de la adecuada ordenación de la Red y en general del servicio público en Red depende la efectiva garantía de los derechos y libertades a cuya satisfacción van destinadas las actividades comprendidas en el servicio público esencial y la de los operadores.

Es claro que la relevancia jurídica de la red y de los servicios públicos esenciales en red, es un tema a considerar con claridad por justificadas razones de evolución tecnológica, económica, política, geopolítica y de soberanía, además de las consideraciones vinculadas al impacto ambiental y paisajístico.

Están pues, además de la garantía de universalidad y accesibilidad, la necesidad de dar una mirada precisa para asegurar el desarrollo, la cohesión territorial y la protección de los recursos y el medio ambiente.

Desde una perspectiva metodológica, no es difícil imaginar lo que ocurre cuando se buscan respuestas, sin saber bien cuál es la pregunta y aquí entramos en el segundo punto, el vinculado a la Comisión Bicameral que se busca conformar.

Descreo de la posibilidad jurídica de dar continuidad a la “privatización “de este Servicio Público Esencial el Red, sin discusión legislativa y sin actualización del marco legal aplicable, es por ello que recientemente mencione en un artículo de este portal, que es la hora del Congreso Nacional en este tema.

No quiero aquí desarrollar los conceptos de “puissance publique” (potestad publica), no es el momento ni el lugar, pero sí creo que esa noción, esa idea de potestad, es la clave legitimadora del Estado y el eje del sistema de Derecho Público y hablo del Estado en su actividad administradora (Poder Ejecutivo), legisladora (Congreso Nacional) y jurisdiccional (Administración de Justicia).

En el centro del derecho objetivo está la idea del servicio público: el papel de los gobernantes es el de trabajar de cara a la realización del bienestar general, ocupándose de llevar a cabo las actividades de interés general indispensables a la vida colectiva, porque la satisfacción de necesidades de interés general se identifica con el servicio público en sus distintos aspectos.

 Esta noción operativa , impone que sean nuestros legisladores quienes vean en los servicios públicos , la garantía y técnica de realización de los derechos fundamentales y desde allí , adopten las decisiones constitucionales y legales y luego de un debate político defina la forma jurídica a adoptar pues hay ya sobradas muestras que acreditan que la aplicación del principio de subsidiariedad del Estado implica afectar la soberanía y en este caso dejar  el comercio exterior y los ingresos fiscales en manos de  empresas privadas a las que se les otorgan prerrogativas  y misiones de interés general.