Cuarenta y dos por ciento

Por Julio De Vido (h).

El Instituto Nacional de Estadística y Censo (INDEC), presentó esta semana su informe a partir de la Encuesta Permanente de Hogares de la incidencia de la pobreza y la indigencia en nuestro país, el mismo no hizo más que reafirmar lo que a todas luces era evidente, se sostiene el aumento de la pobreza en Argentina llegando para el segundo semestre del año pasado a afectar al 42% de los habitantes y a al 31.6% de los hogares. Por su parte la indigencia es del 10.5%.

La pobreza interpretándola solo a los fines de simplificar el análisis como un problema social de ingresos, en el caso de la última medición se afirma que el ingreso promedio de los 31,6% de los hogares en situación de pobreza es de $29.567 cuando la canasta básica total es de $50.854.

En los partidos del Gran Buenos Aires el porcentual trepa al 51%, es decir, se está acentuando al conurbano bonaerense como el gran foco de desigualdad y falta de oportunidades, todo lo contrario, a lo que se espera o se busca cuando tantas familias deben (o debían) desarraigarse de su tierra en busca de mejores condiciones en los distintos procesos de migración interna que tuvo, tiene y tendrá nuestro país.

En este contexto ya casi es muy difícil hablar de regiones desfavorecidas como así también de soluciones mágicas, la situación se está tornando estructural y masiva, con algunos matices en las regiones Patagónicas y Pampeanas.

Hasta ver este informe, veía con buenos ojos la reducción de contribuciones patronales que decidió el Gobierno para los nuevos empleos en las provincias del norte, sin embargo no es suficiente, todo el país demanda de políticas de ejecución rápida para motivar la creación de nuevos puestos de trabajos formales en el sector privado.

¿Por qué si estamos hablando de pobreza es importante resaltar la formalidad? Se estima que entre el 35% y el 50% de la fuerza de trabajo en Argentina es informal, dependiendo si se sume o no a los cuentapropistas informales. Esto automáticamente implica a priori una grave y sostenida falla desde el Estado para detectar cuales son las condiciones que generan que este fenómeno se profundice, accesoriamente implica puestos de trabajo de mala calidad, salarios por fuera de los convenios colectivos, falta de prestaciones en lo que respecta a salud, previsión social y una larga lista de derechos que deberían tener todos los trabajadores.

La informalidad también genera un sesgo estadístico y en la aplicación eficiente de políticas públicas al no tener registros fidedignos de la actividad laboral y de ingresos de ese universo de trabajadores. En definitiva, afirmo lo que decía anteriormente de que no solo las provincias del norte debieran ser las beneficiarias de la reducción en las contribuciones patronales.

En este marco el solo hecho de contar con sectores productivos dinámicos y competitivos ya no es solo cuestión de una buena facturación y de un negocio que funcionen, el rol social de las empresas, además de la obligación, es brindar condiciones de trabajo formales, es responsabilidad primordial del Estado generar el ambiente para que esto suceda, el peor impuesto es el que no se cobra, tomando mal y pronto a las contribuciones patronales como un impuesto, no hay excusa suficiente para avalar un sistema que atenta contra la formalización de los trabajadores.

Entrando en una nueva etapa de la pandemia en la que seguramente todos debamos hacer un esfuerzo más y relegar objetivos, ideas y proyectos, es fundamental que el gobierno maneje paralelamente la agenda de la gestión de la pandemia pero también la de los cambios estructurales que se deben ejecutar y planificar para que realmente luego de este tiempo de incertidumbre se produzca una verdadera “reconstrucción Argentina” que desde ya que con más del 40% de la población en situación de pobreza no será posible.