Coronavirus y encierro penal

Por Claudia Cesaroni[i].

El 12 de marzo de 2020 el presidente de la Nación, Alberto Fernández, emitió el DNU (Decreto de Necesidad y Urgencia) N° 260/2020, por el que se resolvió lo siguiente:

ARTÍCULO 1°.- EMERGENCIA SANITARIA: Ampliase la emergencia pública en materia sanitaria establecida por Ley N° 27.541, en virtud de la Pandemia declarada por la ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD (OMS) en relación con el coronavirus COVID-19, por el plazo de UN (1) año a partir de la entrada en vigencia del presente decreto
A partir de ese 12 de marzo se resolvieron una serie de cuestiones, todas ellas relacionadas con la pandemia mundial por el Coronavirus, que alcanzaron todos los aspectos de nuestras vidas, y restringieron algunos de nuestros derechos, como el derecho a la libre circulación, o a la entrada y salida del país, o el de estudiar y trabajar. Desde el 19 de marzo, y a partir de nuevas decisiones ejecutivas, se estableció el Aislamiento Social Preventivo Obligatorio, que se ha ido prorrogando desde entonces (al momento de escribir este artículo, vigente hasta el 25 de mayo). Ahora bien, de las personas privadas de libertad, hasta el 24 de abril, casi no se habló; y a partir de ese día, se habló para desvirtuar todo y retroceder en el tiempo, como veremos. No hubo, en ninguno de los decretos, resoluciones, decisiones administrativas, circulares u otras piezas normativas, mención alguna a la situación de las personas que viven en cárceles, institutos de menores, comisarías, neuropsiquiátricos, centros de atención de drogodependientes u otras instituciones de encierro por disposición judicial.
Según los datos del Registro Único de Personas Detenidas de la Procuración General de la provincia de Buenos Aires, al 31 de diciembre de 2018 había 52944, incluyendo las que se encontraban en arresto domiciliario. Es interesante resaltar que la Procuración General -el órgano que nuclea en la PBA a fiscales y defensores públicos-, incluye a las personas que están con prisión o arresto domiciliario como “detenidas”. Y lo es, porque parte del debate que se generó con relación a las medidas propuestas por organizaciones vinculadas a la temática de la defensa de las personas privadas de libertad para paliar el hacinamiento y la sobrepoblación, se basaba en considerar “impunidad” o “libertad” al arresto domiciliario de un grupo de personas, en vez de verlo como lo que es, es decir, un modo de cumplir la pena, en condiciones que no la tornen un suplicio, o un riesgo de muerte.

A nivel federal, dependientes del Servicio Penitenciario Federal, al 31 de diciembre de 2019 había alojadas unas 14 mil personas en cárceles ubicadas en todo el país.
Y, sumando los servicios penitenciarios del resto de las provincias, el total ascendía a unas 100000.
Entonces, luego de escuchar al presidente Alberto Fernández explicar lo que se venía, algunas personas y organizaciones, empezamos a pensar cómo traducir todas las medidas que se iban tomando, al ámbito del encierro.
El 15 de marzo dijimos:
– En las comisarías de la provincia de Buenos Aires hay más de cuatro mil (4000) detenidos y detenidas. Todas esas personas son procesadas, o sea, inocentes, la inmensa mayoría, detenidas por causas menores. Esas personas deben ser liberadas, ya.
¿Por qué tienen que ser liberadas? Porque son inocentes, y porque, en las condiciones en que se encuentran, sus vidas y las de los policías que los custodian corren riesgo.
La alternativa de limitar las visitas, tanto en esta población que está en comisarías, como en las decenas de miles que están en las cárceles bonaerenses, es una bomba de tiempo. ¿Por qué? porque no se trata solamente del derecho a tener vínculos familiares, se trata de la sobrevivencia de lxs presxs. Lo que le llevan sus familias, además del afecto, es COMIDA, ELEMENTOS DE HIGIENE BÁSICOS, REMEDIOS, ROPA. O sea: todo lo que el Estado no les provee, o no les provee adecuadamente.
Son unas 50.000 personas. De ellas, decenas de miles son procesadas. No deberían estar presas. Otras miles ya están en términos de libertad condicional, o de salidas transitorias, pero las sucesivas reformas manoduristas votadas por casi todas las fuerzas políticas lo impiden.
A nivel federal, si bien la sobrepoblación es «solo» del 3 por ciento, los problemas son semejantes: miles de personas en condiciones infrahumanas de salubridad, con pésima atención médica, con falta de espacio y de higiene. Y, con respecto a las visitas, también.
Entonces, ¿qué se puede hacer?
– Empezar por liberar a lxs presxs alojadxs en comisarías, y que esperen sus procesos en libertad, como corresponde.
En algunos casos, los más graves, o con pena alta en expectativa, se puede hacer con pulsera electrónica.
– Liberar también a todxs lxs presxs que estén en término de salidas transitorias (mitad de condena), libertad condicional (dos tercios de la condena), flexibilizando los requisitos. ¿Qué quiere decir «flexibilizando» los requisitos?
Quiere decir: dándolos por cumplidos, cuando se llegue al tiempo de pena exigible, sin necesidad de otros elementos, subjetivos y arbitrarios (conducta, concepto, arrepentimiento). No se plantea algo que no exista en otros sistemas: cumplido un plazo, se otorgan libertades.
– Liberar a toda persona que tenga alguna condición que lo ponga en situación de vulnerabilidad especial: embarazadas, mayores de 60 años, mujeres detenidas con sus hijes, personas que padezcan diabetes, afecciones pulmonares, coronarias, anos contra natura, etc.
Y, para las personas que queden aún privadas de libertad, incorporarlas a todo proyecto productivo que facilite sus prontas posibilidades de reinserción. La cárcel es un territorio, como cualquier otro, venimos diciendo desde que comenzamos la lucha por la Masacre en el Pabellón Séptimo.
Y en ese territorio viven miles de personas -presxs, personal penitenciario, docentes, profesionales, visitantes- a quienes hay que proteger.

Sr. presidente Alberto Fernández, Sr. gobernador Axel Kicillof, con todo respeto, estas son algunas ideas para abordar el #CoronavirusArgentina.

 

El 16 de marzo, la Red de Jueces Penales bonaerense planteó su preocupación:

http://reddejueces.com/el-colapso-penitenciario-declaracion-oficial-de-la-red-de-jueces-penales/

El 18 de marzo nos enteramos de que los jueces de ejecución penal de la capital federal suspendían las salidas transitorias de quienes las venían cumpliendo -unos 300 presos sobre 14000-, en vez de mantenerlos en sus casas hasta el final del período de emergencia.

Entonces escribimos esto:

PRESXS Y SALIDAS TRANSITORIAS

Los jueces de ejecución nacional suspendieron las salidas transitorias de los presos alojados en cárceles federales, dependientes del Servicio Penitenciario Federal, como medida de excepción.
Todo lo contrario a lo que habría que hacer. Es decir: en vez de desagotar, llenamos.

Estamos hablando de personas que ya cumplieron la mitad de sus condenas, que han avanzado lo suficiente en el régimen de la progresividad, que tienen buenas calificaciones, han pasado por mil filtros, y salen de la cárcel y vuelven por sus propios medios.

El argumento de lxs jueces de ejecución, obviamente, es «evitar el contagio». ¿Y los funcionarios penitenciarios, no entran y salen de las cárceles? En términos numéricos, los y las presas con salidas transitorias son muchos menos que los penitenciarios que entran y salen.

Al 9 de marzo, según la Procuración Penitenciaria, había 14.019 detenidxs en cárceles federales. De ellos, casi el 60 % no tienen condena firme, o sea, están cumpliendo prisión preventiva, o sea, son procesadas. Esas personas deberían estar en libertad, con o sin pandemia. Con pandemia, más aún.

Pero ni siquiera hablamos de ellas, las inocentes.
Hablamos de las que llevan años presas, y han logrado con mucho esfuerzo acceder a una salida cada tantos días. Salida en la que deben ir a un domicilio verificado, y no salir de allí. Y luego de 24 o 48 horas, deben retornar a la cárcel.

Pues bien, sus jueces, ante la crisis sanitaria, en vez de extender esas salidas y decirles «quedense en casa» durante el tiempo que dure la emergencia, los dejan en la cárcel.

Violan así el principio de no regresividad (no se puede retroceder de un derecho) y el principio de progresividad (vigente en el ámbito penitenciario).
La crisis y la excepcionalidad, en la cárcel, siempre es en contra de los derechos de presos y presas.

Para cada una de esas personas, perder sus salidas es mucho. Eso sí: les van a dar tarjetas telefónicas gratis, porque parece que es lo mismo hablar por teléfono que estar en casa.

#QuedateEnCasa no puede traducirse como #QuedateEnLaCárcel

Mientras tanto, comenzaban a llegar a nuestras redes, nuestros grupos de WhatsAap de organizaciones, los relatos de reclamos en unidades penitenciarias.

El 21 de marzo abrimos un grupo de fb para poder concentrar toda esa información, y brindar elementos que ayudaran a resolver problemas:

https://www.facebook.com/groups/844335436059114/

También participamos en un colectivo de organizaciones, y presentamos un documento conjunto:

Se acercaba el 24 de marzo, la conmemoración de un nuevo aniversario del golpe de Estado, y teníamos que contar cinco muertes en cárceles santafecinas: 1 en Coronda, 4 en Las Flores, a consecuencia de reclamos y conflictos no resueltos por las autoridades penitenciarias y políticas.

La actividad judicial, lentamente, tomaba algunos casos: con argumentos diversos, jueces y juezas rechazaban o aceptaban los pedidos de libertad.

El 26 de marzo, desde las Naciones Unidas, se planteó algo parecido a lo que veníamos sosteniendo: hay que liberar personas que estén dentro de los grupos de riesgo, o que cumplan los requisitos para obtener su libertad:

https://www.clarin.com/mundo/coronavirus-onu-pide-reducir-poblacion-carcelaria-contener-pandemia_0_MMNO8Q0O5.html

Para que no hubiera dudas, el 28 de marzo reafirmamos nuestra posición:

Antes de que lo pregunten:

– Sí, todas las personas que están en prisión preventiva, salvo escasísimas excepciones, deberían irse a sus casas.
– Sí, incluyendo, por ejemplo, a «los rugbiers».
– Sí, todas las personas que están en término de libertad condicional (2/3 de condena) y asistida (a 6 meses de cumplir condena o condicional en pcia de Buenos Aires) deberían irse a sus casas.
– Sí, todas las personas que están con salidas transitorias (estaban, porque se las suspendieron) deberían volver y quedarse en sus casas.
– Sí, todas las personas con factor de riesgo (más de 60 años, enfermedades preexistentes, embarazadas, madres con niñes, etc) deberian irse a sus casas.
– Sí, TODAS, incluso las que cometieron delitos que nos repugnan.
¿Por qué?
Porque estamos en una situación excepcional.
Porque todes resignamos algunos de nuestros derechos, aceptando que la emergencia lo justifica.
Porque en casos excepcionales las soluciones también deben serlo.
Porque #QuedateEnCasa también debe alcanzar a las personas privadas de libertad que cumplen los requisitos para irse a las suyas.
Porque no hay ningún derecho más importante que el derecho a la vida, y la vida -la de todas las personas, aun de las que nos/te repugnan- está en un riesgo mayor en un espacio de encierro.
Porque aquí no está en consideración el tipo de delito, sino que es una decisión de tipo sanitario.
Porque irse a casa no es quedar impune.
Porque deberíamos empezar a dejar un poco de lado la idea de que la cárcel resuelve algo.

El 30 de marzo se publicó esta nota del juez de la CorteIDH Eugenio Raúl Zaffaroni, en la misma dirección:

https://lateclaenerevista.com/la-hora-de-los-jueces-por-e-raul-zaffaroni/

Terminaba marzo. No se habían tomado medidas masivas que incluyeran a las cientos de personas que podrían estar fuera de los lugares de encierro.

El Servicio Penitenciario Federal había elaborado una lista de 1280 en situación de riesgo por su estado de salud, de los que fueron saliendo unos 350.

En la provincia de Buenos Aires, desde que comenzó la pandemia, fueron liberadas o puestas en arresto domiciliario menos personas que en igual período de 2019: es decir, la excepción sanitaria y las medidas de urgencia no atravesaron los muros de la prisión.

Hubo resoluciones parciales, indicativas, de la Cámara Federal de Casación Penal, de la Cámara Nacional de Casación Penal, de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, de la Cámara de Casación Penal provincial. Enunciar esto es un verdadero galimatías: para la mayoría de las personas, “casación” es una sola institución, y “el juez Violini” el culpable de la liberación masiva de asesinos y violadores. Hemos explicado una y otra vez que una resolución puede estar firmada por una persona, pero solo porque el resto adhiere desde su casa; y que el número de presos por delitos contra la vida o contra la integridad sexual es absolutamente minoritario con respeto a otro tipo de delitos.

Para los presos federales, lo contamos con cifras tomadas del Sistema de Estadística de Ejecución de la Pena: SNEEP http://www.saij.gob.ar/estadisticas-ejecucion-de-la-pena

Homicidios dolosos: 781 Delitos contra la integridad sexual: 742 (desde graves a leves, graves, 629) Robos, tentativas de robo, hurtos y tentativas: 5093 Infracción a la ley de drogas: 5358

Los medios de comunicación concentrados contribuyeron a la confusión, mezclando arresto domiciliario por situación de riesgo físico, que culmina cuando finaliza el estado de emergencia sanitaria; con libertades condicionales o asistidas, que son un derecho, más allá o más acá de la pandemia; y con salidas transitorias, que también son un derecho a mitad de la condena, y no suponen la libertad, sino la posibilidad de salir por unas horas y volver a ingresar a la cárcel. Y, como condimento morboso, esos medios repitieron hasta el hartazgo uno o dos casos en los que se otorgó un arresto domiciliario a una persona condenada por un delito contra la integridad sexual. Cámaras en las puertas de las casas, persecuciones a familiares y liberados, utilización perversa de las víctimas de delitos -aún de delitos cuyos autores de ningún modo iban a ser liberados-, provocaron el efecto buscado: ya no estábamos hablando de una emergencia sanitaria, y cómo resolverla al interior de los lugares de encierro, sino de una horda de asesinos y violadores, seres monstruosos que vendrían a asolar nuestros barrios.

Desde (pocos) ámbitos públicos y de la militancia, seguimos trabajando para que, en esos espacios, no solo no entre el COVID 19, lo que podría ser inevitable, sino y sobre todo para que se los vea como lugares donde hay personas que tienen tanto miedo e inquietud como quienes estamos afuera, y que deben recibir la consideración y atención que su dignidad como seres humanos exige.

No nos fue bien.

Podríamos enumerar las resoluciones judiciales, siempre a medio camino, o negando a unos lo que conceden a otros, por una cuestión de clase, o de prejuicio, que viene a ser lo mismo. El rol de ciertos legisladores, amenazando con juicio político a los jueces por sus sentencias; los intentos de los funcionarios de los ejecutivos de todos los niveles, diciendo que toda la responsabilidad le cabía a los jueces, como si la política criminal no la diseñaran los gobiernos, y los servicios penitenciarios no fueran parte del área ejecutiva; y finalmente, la falta de coraje de muchos jueces y juezas para tomar decisiones sin temor, fueron parte del panorama.

El reclamo en los techos de Devoto, el viernes 24 de abril, nos puso al borde de la tragedia. Andrea Casamento, titular de la Asociación de Familiares de Detenidos en Cárceles Federales, y quien esto escribe, nos juntamos en la esquina de la cárcel y entramos allí, a pedido de los delegados de los pabellones, para contribuir a parar el desastre. Nos sentamos en una mesa, ese viernes, el sábado siguiente, y dos veces más, para construir una mesa de diálogo. En las actas sucesivas, hasta las últimas del jueves 6 de mayo, se ven los intentos para destrabar el conflicto.

 

Lo que, a lo largo del conflicto, y lo que en otras unidades se reclama, es lo que se está haciendo en varios países de todo el mundo:

https://www.pagina12.com.ar/262615-crisis-en-las-carceles-lo-que-los-medios-no-dicen

Hubo que explicar, también, el por qué es justo sentarse a dialogar con “delincuentes”. Nosotras, desde el CEPOC, y también como querellantes en la causa de la Masacre en el Pabellón Séptimo, reiteramos lo que hemos dicho siempre: que la cárcel es territorio, y que allí viven personas con todos los derechos que reconocemos para el resto, salvo el de la libertad ambulatoria.

De esa convicción y de esa decisión no nos movemos.

No porque lo digan los organismos internacionales, no porque lo hagan en otros países: porque corresponde.

 

 

[i] Claudia Cesaroni. Abogada. Integrante del Centro de Estudios en Política Criminal y Derechos Humanos (CEPOC). Querellante en la causa por la Masacre en el Pabellón Séptimo