Causa peajes
Por Julieta Ripoli, abogada UBA. Jefa Concesiones Obras y Servicios Públicos, Vialidad Nacional.
En los últimos años de régimen macrista (me refiero al período de gobierno de Mauricio Macri de los años 2016/2019) hemos visto como una feroz campaña política-mediática-judicial, más conocida actualmente como “Law-Fare” (neologismo inglés, contracción de las palabras “Law”, que en castellano significa “Ley”, y “Warfare”, que significa “Guerra”, para señalar la existencia de una “guerra jurídica” expresa o tácita trasladada a la arena política), una usina creada financiada y utilizada para exterminar a la por entonces era considerada la principal oposición política de corte popular a dicho régimen, liderada por Cristina Fernandez de Kirchner (ex Presidenta de la Nación doble mandato cumplido y actual Vice-Presidenta de la Nación). Esta usina fue ganando paulatinamente terreno y arrasando en todos los ámbitos del Estado y del Sector Público Nacional, de cuya estructura administrativa el organismo “Vialidad Nacional” forma parte.
De esta manera, a nadie puede ya escapar que tanto en la macro como en la micro diaria de aquellos años fueron sistemáticamente perseguidas –con sus bemoles– todas aquellas personas que, para aquellos “nuevos funcionarios macristas” que habían desembarcado el 10 de diciembre de 2015 en todas las estructuras del Estado y se encontraban a cargo del manejo de la llamada “cosa pública” y de la maquinaria estatal, fueran asociadas –directa o indirectamente– al “kirchnerismo”; ya sea bien por sostener vínculos personales o empresariales incompatibles con los intereses económicos de los nuevos integrantes de la por entonces nueva gestión de gobierno (cabe recordar que la mayoría de ellos eran o bien dueños de empresas o gerenciaban o trabajaban para empresas vinculadas contractualmente al Estado y se encontraban así “de los dos lados del mostrador”), participación activa en la gestión de gobierno kirchnerista, militancia orgánica, militancia inorgánica, o simple adhesión ideológica. Todas aquellas personas para ellos vinculadas al “Kirchnerismo” constituían “el otro enemigo” [1] al que debían necesariamente destruir y erradicar a como diera lugar para subsitir y garantizarse la permanencia en el poder.
Hago esta breve introducción, a modo de marco general de la cuestión principal, porque a nadie puede escapar que la famosa causa “Vialidad” (que no es la llamada “Causa Peajes” –de prórroga ilegal de concesiones viales millonarias por simples decretos presidenciales a favor de la propia empresa del ex presidente Mauricio Macri, Sideco Americana de Socma, y de sus socios comerciales–, sino la de “Obra Pública” –supuesto direccionamiento de obras viales en la Provincia de Santa Cruz–), actualmente en etapa de juicio oral y público, que la tiene a Cristina Fernandez de Kirchner sentada en el banquillo de los acusados como una de las principales imputadas, forma parte del entramado persecutorio del concierto político-mediático-judicial denominado “LawFare”. Esta situación, como fue visto, no fue privativa de la Argentina sino que se trató de un suceso generalizado que se manifestó en aquel mismo período en toda América Latina, incluyendo reiterados intentos de Golpes de Estado, que en algunos casos fueron felizmente frustrados y en otros tristemente no, aunque actualmente se empiece a vislumbrar un paulatino restablecimiento de las condiciones democráticas (Brasil y Bolivia son dos claros ejemplos de ello).
Digo que la causa “Vialidad” es un ejemplo del entramado persecutorio porque, si bien en lo personal soy abogada y actual funcionaria de Vialidad Nacional, cualquiera que conozca aunque sea un poco de derecho, y de derecho administrativo (que es el derecho del Estado), y de derecho penal, sabe o debería saber que el Poder Ejecutivo Nacional (es decir, el o la Presidente de la Nación, cargo unipersonal por art. 99 de a Constitución Nacional) nada tiene que ver con el obrar y el dictado de actos administrativos de los organismos “descentralizados” y “autárquicos” de la Administración Pública Nacional, como lo es en el caso Vialidad Nacional (cfr. arts. 1 y 2 del decreto-ley 505-58, de su norma de creación y atribución de competencias misiones y funciones); y mucho menos, como en esta causa, que se trata de obras y de licitaciones efectuadas por la Provincia de Santa Cruz (a través de su organismo vial provincial, la Dirección Provincial de Vialidad) y no por la Nación. Vialidad Nacional y Vialidad Provincial habían firmado un convenio (denominado en el ámbito de Vialidad Nacional como de “transferencia de Funciones Operativas”) para que Vialidad Nacional financiara las obras que la Provincia iba a licitar adjudicar ejecutar y supervisar.
Es decir, no sólo Vialidad Nacional es un organismo “autárquico” (que significa que se da su propio financiamiento y dispone de aquel por tener personería jurídica propia y separada del Poder Ejecutivo Nacional) que integra la Administración “des-centralizada” (que significa que no tiene estrictamente una “relación de jerarquía” en derecho administrativo con la Administración Pública Centralizada del Poder Ejecutivo Nacional: esto es, la Presidencia de la Nación), sino que además, en este caso, se trataba de licitaciones y obras llevadas a cabo por la Vialidad Provincial de la Provincia de Santa Cruz, y no de Vialidad Nacional. Se recuerda también que por imperio constitucional las provincias son autónomas (que significa que se dan sus propias normas), tienen su gobernación y su propia administración centralizada y descentralizada. En este marco, es de destacar que sus gobernadores no siempre acompañaron las políticas del Kirchnerismo por aquellos años.
Causa Peajes. En esta causa se investiga la prórroga ilegal, sin licitación pública, y por dos simples decretos presidenciales de Mauricio Macri, de dos concesiones viales multimillonarias. Tratase de los contratos de los Accesos Norte y Oeste a la Ciudad de Buenos Aires. Contratos multimillonarios, en dólares norteamericanos, que suponen ganancias multimillonarias para las empresas concesionarias. Estas empresas son Sideco Americana SA, de Sociedades Macri SA, y Abertis SA (sociedad española, controlante de ambas concesiones Norte y Oeste) para el Acceso Norte –Panamericana–; y Grupo Concesionario del Oeste y Abertis SA para el Acceso Oeste. Asimismo, cabe destacar que al Grupo Concesionario del Oeste está vinculado el Presidente del Real Madrid, Florentino Pérez. A nadie escapa el interés de Mauricio Macri por el futbol y por eso tampoco llama la atención que sea actualmente Presidente de la Fundación FIFA tras dejar la Presidencia de la Nación en 2019.
Cabe destacar que esta denuncia penal, que actualmente tramita en el Juzgado del ex Juez Canicoba Corral, quien previo a jubilarse y dejar vacante ese juzgado, imputó y procesó penalmente, al ex titular de Vialidad Nacional (Javier Iguacel), al ex Ministro de Transporte (Guillermo Dietrich), al ex Ministro de Economía (Nicolas Dujovne) y al ex Procurador del Tesoro (Bernardo Saravia Frias), fue presentada por los diputados del ex Frente para la Victoria (actual Frente de Todos) Rodolfo Tahilade, Leopoldo Moreau, Carlos Castagneto y Adrian Grana. Pero previo a ello, fue originalmente presentada por la ex Diputada Margarita Stolbizer y su asesora legal, Silvina Martinez, actual asesora legal de un reconocido periodista opositor al kirchnerismo y columnista en su programa. Esa denuncia había recaído en el entonces Juzgado del Juez Daniel Rafecas, quien en plena embestida macrista contra jueces opositores la “archivó”. No sobreseyó. No dictó falta de mérito. La archivó. El Juez Daniel Rafecas es actualmente el candidato del Presidente de la Nación, Alberto Fernández, para Procurador General de la Nación.
El escándalo de la causa peajes, trata del bochorno del real y concreto direccionamiento sin licitación pública de contratos multimillonarios de concesión de obra pública por peaje, que fueron primero encausados en el ámbito de Vialidad Nacional (Javier Iguacel), por tratarse de concesiones sobre rutas nacionales, luego celebrados los Acuerdos de Renegociación sin Licitación en el ámbito del Ministerio de Transporte de la Nación (Guillermo Dietrich), por competencia delegada del Poder Ejecutivo Nacional en materia de concesiones viales, y finalmente aprobados esos Acuerdos por decretos de la Presidencia de la Nación (Mauricio Macri –quien asumiera la Presidencia de la Nación el 10/12/15 siendo accionista de Autopistas del Sol, a través de Sideco Americana de su empresa insignia Sociedades Macri SA– y Gabriela Michetti –la entonces Vice Presidenta de la Nación, quien, en un paso de comedia, fue la encargada de firmar el decreto correspondiente al Acceso Norte –de Autopistas del Sol, Sideco Americana, SocMA— por encomienda del Presidente Mauricio Macri, quien había reconocido previamente y en forma expresa los vínculos societarios con Autopistas del Sol; es decir: las famosas “negociaciones incompatibles” cuando no “tráfico de influencias” a que refiere y sanciona con pena de prisión el Código Penal), no puede obviarse, ni desconocerse. Nadie puede hacerse el distraído o la distraída. Mucho menos los jueces o juezas a cargo de la causa, que son o deben ser conocedores y conocedoras del derecho.
Se trata de un caso de evidente y escandalosa corrupción, que no puede tolerarse, y que recuerda asimismo al escandaloso intento de auto-condonación de deuda multimillonaria del Caso “Correo Argentino” que involucra también a Mauricio Macri y a su empresa familiar.
Por eso llama poderosamente la atención que, a diferencia de la causa “Vialidad” (la del LawFare) que respecto de Cristina Fernandez de Kirchner como principal imputada y señalada absurdamente como presunta jefa de una asociación ilícita para saquear al Estado, llegó a la etapa de Juicio Oral y Público, cuando por derecho en el caso concreto ninguna responsabilidad le es “jurídicamente” endilgable, ni objetiva ni subjetivamente; ésta causa, la de Peajes, de ribetes dantescos por lo grotesco, en la que, como se dijo, fue el propio Presidente de la Nación, estando de los dos lados del concierto publico y privado (es decir, “de los dos lados del mostrador pero con la misma lapicera”), quien firmó una prórroga millonaria del contrato del que él mismo era parte a través de su empresa insignia familiar, dispuesta en su propio beneficio económico y del de sus socios comerciales (en efecto, no sólo se prorrogaron estos contratos a 30 años sin licitación y mediando dolarización de tarifas –situación prohibida por ley vigente y aplicable al caso–, sino que además le precedió un aumento indiscriminado de dichas tarifas para valorizar la cotización de sus acciones previo a la venta de su paquete accionario sólo unos pocos meses antes de concretar materialmente el acuerdo que supuso cuantiosas ganancias a las empresas involucradas); la Gran Estafa; la verdadera “asociación ilícita” para saquear al Estado; ésta causa se encuentra virtualmente “paralizada” en la justicia.
En etapa instructoria, es decir, todavía en etapa de investigación, con ex funcionarios macrista imputados pero con sus procesamientos penales luego “anulados” por el vaiven de las manos judiciales en las que “cae” fortuitamente la causa (sorteos sin concurso de jueces y juezas nombrados por el macrismo, jueces trasladados a dedo por el macrismo, fiscales amigos personales de Mauricio Macri, etc). Mauricio Macri, quien fuera el principal articulador y beneficiario de la medida por él mismo adoptada jamás fue imputado ni procesado penalmente, aunque, llamativamente, sí lo fueron sus funcionarios inferiores y por él designados, como se dijo: el ex titular de Vialidad Nacional (Javier Iguacel), el ex Ministro de Transporte (Guillemo Dietrich), el ex Ministro de Economía (Nicolas Dujovne), y el ex Procurador del Tesoro (Bernardo Saravia Frias, ex abogado de la familia Macri, quien sucedió al Dr. Carlos Balbin cuando fue expulsado –tras haber sido también nombrado por Mauricio Macri– precisamente por ordenar un sumario interno en el marco de la causa del Correo Argentino, manifestarse en contra de los aumentos tarifarios por dolarización de tarifas, tal como los impulsaba el macrismo, manifestarse en contra de las prórrogas de éstas concesiones viales y defender correctamente los intereses del Estado Nacional Argentino en la causa iniciada por Abertis SA—socia española de Macri en Ausol—ante el CIADI tan sólo 3 días antes de asumir la Presidencia de la Nación su socio comercial, Mauricio Macri; ardid aquel que le valió el multimillonario acuerdo de prórroga sin licitación finalmente celebrado y aprobado por Mauricio Macri). Estos ex funcionarios macristas imputados fueron luego y rápidamente desprocesados por dos camaristas (los Dres. Bruglia e Irurzun, uno trasladado a dedo por el macrismo y el otro el de la doctrina de las prisiones preventivas de funcionarios kirchneristas por detentar “poder residual”; ergo, ambos de reconocida oposición al Kirchnerismo) con el argumento “formal” de que correspondía la anulación de los procesamientos porque en sus declaraciones indagatorias (que debieron ser tomadas en forma telemática producto de la situación de emergencia sanitaria decretada por la pandemia de COVD-19) “no habían podido ejercer correctamente su derecho de defensa porque no habían podido acceder a la totalidad de la prueba que no estaba todavía cargada en el sistema”, aunque meses después, y contrariamente a lo sostenido antes, los jueces sostuvieron que le asistía razón a la jueza de la causa, la Dra. Capuchetti en reemplazo de Canicoba Corral hasta designación de nuevo Juez por concurso, y que si bien se anulaban los procesamientos los llamados a indagatoria estaban bien tomados porque “no se vislumbrara violación al derecho de defensa”. Palabras más, palabras menos. Vaivenes.
En síntesis, cabe concluir que, así como existe y sigue en plena vigencia el LawFare –usina política-mediática-judicial para perseguir líderes y referentes populares; también existe, contrario sensu, el blindaje que no es sólo mediático, si no también político y judicial, a referentes y líderes, nos guste mas o menos, de los sectores más conservadores y antipopulares que impulsan ese LawFare, lo promueven, lo financian, y se benefician de aquella usina. Entiendo en lo personal que la Justicia se debe una seria y profunda reforma democrática y que el Estado con todas sus instituciones y resortes políticos también, porque durante los años del macrismo se cometieron graves atropellos a la institucionalidad (no sólo se produjo el saqueo de las arcas públicas mediante actos descarados de corrupción sistemática planificada y estructural, si no también, violaciones de derechos y garantías fundamentales mediante el abuso del aparato estatal: persecuciones atroces, espionaje ilegal, endeudamiento exponencial, fraude y estafa, saqueo estructural.
[1] Vidal Jiménez, Rafael El “otro” como enemigo. Identidad y reacción en la nueva “cultura global del miedo”. Nómadas. Revista Crítica de Ciencias Sociales y Jurídicas [en linea]. 2004, (9), 0 [fecha de Consulta 13 de Marzo de 2021]. ISSN: 1578-6730. Disponible en: https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=18100930
