Carolina Perez Costamagna: «Violencia Simbólica, la cosificación en los concursos de belleza»

Hoy, en la columna de María Carolina Perez Costamagna hablamos de Violencia Simbólica. Podes escucharla haciendo click.

 

La Ley Nacional Nro 26.485, de Protección Integral a las Mujeres (para prevenir, sancionar y erradicar las violencias contra las mujeres en todos los ámbitos en los que desarrollen sus relaciones interpersonales), tiene dos artículos explícitos, casi, sobre el tema:

En su art. 2, donde habla de los objetos de dicha ley, en su inciso e, dice:

 “La remoción de patrones socioculturales que promueven y sostienen la desigualdad de género y las relaciones de poder sobre las mujeres;

(Inciso e).- Se consideran patrones socioculturales que promueven y sostienen la desigualdad de género, las prácticas, costumbres y modelos de conductas sociales y culturales, expresadas a través de normas, mensajes, discursos, símbolos, imágenes, o cualquier otro medio de expresión que aliente la violencia contra las mujeres o que tienda a:

1) Perpetuar la idea de inferioridad o superioridad de uno de los géneros;

2) Promover o mantener funciones estereotipadas asignadas a varones y mujeres, tanto en lo relativo a tareas productivas como reproductivas;

3) Desvalorizar o sobrevalorar las tareas desarrolladas mayoritariamente por alguno de los géneros;

4) Utilizar imágenes desvalorizadas de las mujeres, o con carácter vejatorio o discriminatorio;

5) Referirse a las mujeres como objetos, en su artículo 5, define la Violencia Simbólica como “aquella que, a través de patrones estereotipados, mensajes, valores, íconos o signos transmita y reproduzca dominación, desigualdad y discriminación en las relaciones sociales, naturalizando la subordinación de la mujer en la sociedad.

El feminismo de la segunda ola, nos hizo más de un aporte significativo, pero el que nos interesa hoy, y que resonó mucho durante las últimas semanas del 2016 cuando algunas provincias y muchos municipios, se decidieron a cambiar los concursos de elección de reinas de fiestas populares, por concursos de embajadoras/es culturales, el concepto de cosificación.

Pero lo más asombroso se vio en el sector privado, ya que a dichas iniciativas se sumó el concurso de la cola Reef, que luego de más de 15 años, se suspendió bajo la misma fundamentación: “incitación a la violencia de género y cosificación”.

Ante estos acontecimientos, no fueron pocas las personas que salieron a repudiarlo. Me ocupan las mujeres que repudian estas medidas, pero sobre todo me preocupa que hayan contestado sin leer en profundidad en qué se basan.

A quienes argumentan la “libertad de elección” de las participantes, sepan que este debate no es sobre la decisión de las concursantes, sino sobre el rol del Estado.

Los proyectos no protegen a las participantes solamente, sino a la mujer como sujeto social y género en desigualdad. Es un hecho que estos concursos cosifican a las mujeres y se ejerce violencia simbólica contra ellas.

La cosificación es una forma de violencia simbólica, y se trata del acto de representar o tratar a una persona como a un objeto (una cosa no pensante que puede ser usada como uno desee), ignorando sus cualidades y habilidades intelectuales y personales y reduciéndolas a meros instrumentos para el deleite de otra persona.

“Cuando alguien cosifica a otra persona, cree, en mayor o menor medida y de manera más o menos inconsciente, que lo que está viendo es un cuerpo animado, sin tener en cuenta los factores que la caracterizan como ser humano capaz de pensar y tomar decisiones de forma autónoma.” Adrián Triglia. (Psicólogo, publicista y escritor).

En base a esta definición de la Ley nacional arriba mencionada, podemos decir que los concursos de belleza y/o elección de Reinas, van en contra de dicha norma y estarían funcionando por fuera de la legislación vigente en torno a los Derechos de las Mujeres, entre ellos al Derecho de vivir una vida libre de violencias.

También cabe aclarar, que dichos proyectos tampoco prohíben la realización de concursos, sino que exigen que el Estado no financie, avale o promocione estas instancias, conforme a la Ley N° 26.485, y el protocolo de la CEDAW donde los Estados Parte se comprometen a tomar todas las medidas apropiadas para modificar los patrones socioculturales de conducta de hombres y mujeres, con miras a alcanzar la eliminación de los prejuicios y las prácticas consuetudinarias y de cualquier otra índole que estén basados en la idea de la inferioridad o superioridad de cualquiera de los sexos o en funciones estereotipadas de hombres y mujeres.