Cacerolas y dino-opositores

Maximiliano Rusconi.

Estos últimos días, por si faltaran comprobaciones empíricas de la mezquindad cívica, nos han entregado un panorama bastante detallado del momento que vivimos. Un momento en el que los caminos que desarrollan los dino-opositores para hacer daño se multiplican y lo seguirán haciendo.

¿Quiénes son los Dino-opositores? Llamo con ese antropológico nombre a los representantes aleatorios de ese Temaiken integrado, por ejemplo, por todos aquellos que por alguna razón inexplicable para la ética contemporánea resisten de modo activo a que llegue un día en el que los que están muy mal estén mejor. Aquellos que militan con constancia digna de mejores causas para que sus compañeros del parque jurásico que ya no saben qué hacer con sus ganancias no se vean sometidos al improperio de tener que destinar un ínfimo porcentaje de sus fortunas para siquiera poder mirar con dignidad la pobreza, aunque más no sea, en los ojos de la propia gente cercana que colabora día tras día en hacer sumamente placentera su existencia.

Llamo también Dino-opositores a ese porcentaje de la fauna autóctona que homenajeaba con fiestas coloridas en exceso a cuatro o cinco amigos de coyuntura, a los cuales se les escapaban palabras en inglés, para referirse a episodios de la vida cotidiana y que agradecían al Fondo Monetario Internacional la ayuda para llevar las ganancias a sus casas matrices convertidas en dólares de ocasión. Los mismos Dino-opositores que mientras diseñaban las políticas públicas a favor de la transparencia en reuniones en embajadas de países importantes con jueces cuyos apellidos en alguna época estaban bordados en las servilletas del poder, escuchaban de qué modo la no abogada a cargo de la oficina anticorrupción explicaba, quizá desde su declarado amor por el  presidente de entonces, las razones por las cuales el gobierno de su partido no formaba parte de lo que investigaba la rara oficina a su cargo.

Con esto queda claro que no busco calificar el disenso. Me refiero no a la oposición como elemento indispensable de la vida democrática, sino a aquellos que lo último que quieren es justamente que la vida comunitaria se desarrolle en el marco del estado de derecho.

En los últimos días, en el medio de una pandemia que, como dice el Presidente, ha hecho que la muerte nos toque a la puerta, los Dino-opositores han salido a criticar la cuarentena con argumentos similares a los de sus ídolos mundiales, como el Presidente de los EEUU, Donald «Lavandina» Trump. Sí, el mismo que, a fuerza de dislates que en un cómic sonarían exagerados y propios de un abuso de la ficción, ha puesto a su país rápidamente en el tope del lamentable ranking de esta pandemia. Más de un millón de casos, altísimos índices de muertes y de casos cada 100.000 habitantes (19, 29 y 327, respectivamente). Ellos ocultan, detrás de la flora jurásica, que los índices de nuestro país reflejan, sin duda, un éxito en la administración y conducción de la crisis: 0,49 muertes y 9,95 casos cada 100.000 habitantes (tomar estos datos con alguna indulgencia ya que cambian en forma permanente pero las relaciones se mantienen).

Estos señores evitan hacer un paseo comparativo por América, que no es necesario ni apropiado para ningún festejo, pero que, en todo caso, es útil para confirmar las correctas elecciones gubernamentales en nuestro país y la mala fe de este sector de la fauna comunitaria.

Para comparar con la realidad que por propia irresponsabilidad debe afrontar Jair «Gripecita» Bolsonaro, hay que decir que nuestros hermanos brasileños algún día le reclamarán a este señor, que merecería un papel en Toy Story 5, un escenario pandémico que al día de hoy ostenta 2,97 muertos y 41,62 casos cada 100.000 habitantes.

Pero los Dino-opositores no actúan en soledad, siempre tienen a oportuna disposición una fake news de algún multimedio o «periodista» de ideología indescriptible por la ciencia política. Estos mismos «dúos» salieron a trajinar (violando la cuarentena) el esmerilamiento del gobierno usando como excusa una supuesta decisión del Poder ejecutivo (¿?) de liberar (¿?) a un número importante (¿?) de presos que habían cometido violaciones y delitos graves (¿?).

En estos días la combinación de ignorancia, mala fe, ocultamiento, operaciones y prejuicios llevó al límite de la crisis neurológica o depresiva a todo ciudadano que, para variar, crea en el estado de derecho.

Hubo que aclarar varios extremos que, por supuesto, permanecieron dolosamente invisibles detrás de algún Tyrannosaurus Rex que, mientras tanto, caceroleaba en el balcón ante la sorpresa de sus glamorosos vecinos.

Veamos:

En primer lugar, se trata de ciudadanos que, por estar sometidos a una institución total no pueden tomar las personales decisiones de autoprotección a la cual tenemos acceso el resto de los ciudadanos libres. Ellos tienen derecho, entonces, a recibir el compromiso estatal de que su salud está garantizada.

Por razones históricas de falta de salubridad, alimentación adecuada, control médico suficiente y (en particular) aumento endemoniado en los últimos cuatro años del índice de prisionización, tanto a nivel nacional como provincial en la Provincia de Buenos Aires, está claro que el Estado, sobre todo en el marco de esta crisis pandémica, no puede brindar esas garantías de salud en los internos.

Conviene no olvidar que, en lo que respecta a los índices de encarcelamiento, han cumplido un papel descollante -por omisión o acción- quienes conducen a los Ministerios Públicos Nacional y de la Provincia de Buenos Aires). Este papel fue ejecutado gracias a la instigación del gobierno anterior y contó con un uso irresponsable del poder penal por parte de los jueces.

Recordemos que el único derecho que el Estado puede restringir a un condenado a prisión efectiva, o, cuando corresponda, en el marco de una prisión preventiva, es exclusivamente la libertad.

También urge recordar que más del 50 % de los presos son, todavía, inocentes.

No hay que olvidar que el arresto domiciliario no implica liberar a nadie. De hecho, si usted busca el significado de la palabra «Arresto» en el diccionario de la Real Academia Española, verá que dice: «detención o privación de la libertad».

Desde el punto de vista de su trascendencia institucional hay que subrayar que los principales sujetos que alertaron sobre este riesgo no fueron los llamados «garantistas» (¿alguien recordará que no ser garantista es lo mismo que no respetar la ley, la Constitución?)

Para desilusión de algún Velociraptor, tampoco ha sido el Gobierno quien salió a plantear el problema en primer lugar (entre otras razones porque las decisiones de arresto domiciliario dependen sí o sí de los jueces).

Para tranquilidad del humanismo mundial, quienes rápidamente elevaron la voz fueron un conjunto de instituciones de la máxima trascendencia mundial. Así lo dejó en claro un conjunto de profesores auto convocados ante la ausencia de lo que debió hacer el Departamento de Derecho Penal de la Universidad de Buenos Aires, (Lucila Larrandart, Raúl Zaffaroni, Julio Maier, Alejandro Slokar, Javier De Luca, Luis F. Niño, Sergio Delgado, Graciela E. Otano, Marcelo R. Buigo, Elizabeth Gómez Alcorta, Deborah Damonte, Renato Vannelli, Graciela Angriman, la importante adhesión, desde Madrid, de Enrique Bacigalupo y quien esto suscribe),

Veamos, la Organización Mundial de la Salud advirtió el 23 de marzo último, que «las personas privadas de libertad en general, en las prisiones u otros lugares de detención son aún más vulnerables a la epidemia de coronavirus (COVID-19) que la población en general, como resultado de las condiciones de confinamiento en las que conviven durante largos períodos de tiempo».

El Comité Internacional de la Cruz Roja reconoce que la prevención y el control de la pandemia resulta compleja y ha puesto a prueba a toda la sociedad y a los sistemas de salud del mundo y la región, señalando que los lugares de detención, en particular aquellos donde existe sobrepoblación, podrían ser espacios proclives a una rápida propagación del virus.

A ellos les siguieron con similares advertencias y recomendaciones de reducir la población penitenciara en unidades con hacinamiento y sobrepoblación, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) (en su resolución 066/20), la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el Instituto Latinoamericano de las Naciones Unidas para la Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente (ILANUD), la Alta Comisionada de Derechos Humanos de Naciones Unidas y el Comité Nacional para la Prevención de la Tortura.

Incluso la Asociación Latinoamericana de Derecho Penal y Criminología se ha referido a las medidas de emergencia necesarias para reducir con la premura del caso la población penal, señalando los llamamientos que a este respecto han formulado, entre otros, la Organización Mundial de la Salud, el Subcomité de la ONU para la Prevención de la Tortura y Su Santidad el Papa Francisco, destacando la gravedad de esta emergencia que, de no adoptarse medidas urgentes, derivaría en una mortandad masiva de presos y personal, configuradora de un crimen de lesa humanidad.

A pesar de lo elocuente de la preocupación internacional, los dino-opositores, reunidos en asambleas jurásicas, insisten en que se trataría de una conspiración tan autóctona como el dulce de leche, el colectivo, la (dudosa) Birome, o la (indiscutible) «Gran Willy».

Solo hay algo verdaderamente autóctono; el final del artículo 18 de la Constitución Nacional: «(…)Las cárceles de la Nación serán sanas y limpias, para seguridad y no para castigo de los reos detenidos en ellas, y toda medida que a pretexto de precaución conduzca a mortificarlos más allá de lo que aquélla exija, hará responsable al juez que la autorice«.