Avaricia opositora: la mezquindad de impedir el estado de derecho como política de Estado

Por Maximiliano Rusconi.

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En los últimos meses hemos detectado un fenómeno difícilmente compatible con la necesidad de reconstruir el país. Se trata de la lamentable decisión de un sector de la clase política nacional de hacer imposible la construcción de un presupuesto de consenso sobre el Estado de derecho como política de Estado.

No se trata de forzar acuerdos sobre los modelos de desarrollo, las perspectivas ideológicas que deben regir las relaciones internacionales o en qué sectores de la política pública se coloca el eje.

Por el contrario, nos estamos refiriendo a las reglas que desde la carta magna de nuestra relación cultural y normativa determinan el escenario republicano desde el cual ejercemos nuestro papel en la vida democrática.

Para que un país funcione razonablemente, deberíamos recordar, hay cuestiones que no pueden ser debatidas permanentemente.

La democracia no puede suponer que todo es discutible. El hecho que en ciertas ocasiones se tomen decisiones enérgicas no implica autoritarismo sino el necesario ejercicio de autoridad de quien gobierna, que, dicho sea de paso, se ha expresado con una austeridad que generó racional expectativa en los comienzos, pero que ahora genera la necesidad de mayor expresividad de la conducción (que a veces no es sinónimo de manifestaciones del conductor).

Las reglas para elegir jueces de la corte suprema de un país, los procesos de selección de los magistrados y fiscales de diferentes instancias, el respeto a las garantías del debido proceso en el funcionamiento de la justicia penal, el resguardo de dignidad que acompaña a un imputado de un delito y la convicción de que sólo un juicio previo que define la culpabilidad penal puede destruir la presunción de inocencia de la cual ese ciudadano goza, no deben ser extremos que admitan ninguna discusión. Incluso hay que educar a los medios de comunicación para que los sistemas informativos no puedan ni deban nunca desdibujar estas pautas ético-comunitarias.

En algún momento deberíamos entender como sociedad que el estado de derecho se trata de un ámbito casi sagrado desde el cual proyectamos con algunas certezas previas cualquier camino institucional.

En algún momento debemos entender que lo que en los últimos años se denominó la lucha contra la corrupción no fue otra cosa, en grandes porcentajes, que un conjunto enorme de desatinos que violaron cada una de las reglas que definen a un sistema judicial respetuoso del estado de hecho.

Luego del camino iniciado hace 5 años, como mínimo, en luchas desgarradoras y solitarias, con casi ningún acompañamiento político, por abogados defensores, representantes de organismos de derechos humanos, funcionarios del sistema de Naciones Unidas, especialistas, etc., el Gobierno tiene ahora la responsabilidad de reparar el daño, reconstruir el sistema de reglas, explicar a la comunidad que estos principios nunca tuvieron en ningún momento de la historia universal algún color político, y esto, hay decirlo, no solo es urgente sino que ya está llegando tarde.

Es tan tarde que en estos 9 meses hay una oposición que no duda en victimizarse, por ejemplo, frente a la decisión parlamentaria de volver al lugar original a jueces que se habían sentado en sillones que no les correspondía para cumplir con algunas misiones gubernamentales del gobierno anterior.

Es tan tarde que peritos, testigos, imputados y arrepentidos falsos comienzan a mostrar los hilos que condicionaban sus movimientos, frente al dolor de las familias de los ex funcionarios perjudicados solamente por haber formado parte de un proyecto político con bases ético sociales similares al actual. Ex funcionarios que tienen que escuchar hablar de impunidad desde los pabellones de Ezeiza y Marcos Paz.

Cada minuto de “austeridad” es un minuto de prisión injusta y de un modelo de Estado sin derecho.

Ojalá la justicia como valor y la justicia de cada decisión sea una política de Estado.

Eso es lo que primero que uno encuentra en los aeropuertos de Estocolmo, Oslo y Helsinski.