Autoconvocados UVA: “Está en manos del Gobierno brindar una solución”

Por el colectivo Nacional de Hipotecados Uva Autoconvocados.

El colectivo Nacional de Hipotecados Uva Autoconvocados se conformó en Julio del año 2018 para DENUNCIAR la USURA y la ESTAFA a la que fueron sometidas más de 105.000 familias en todo el país. Somos un colectivo federal con representación en todas las provincias, organizados bajo la única consigna de poder pagar nuestras casas con hipotecas justas, previsibles y sostenibles a través del tiempo.

Los créditos hipotecarios a 30 años fueron impulsados en el año 2016 por el gobierno de Mauricio Macri, como respuesta a una política pública de acceso a la vivienda única, familiar y de ocupación permanente. Todo el aparato del estado puesto en funcionamiento para que el sistema financiero, y sobre todo la banca pública, ofrezca el sueño más preciado para una familia trabajadora: el derecho a la casa propia.

La publicidad del B.C.R.A., aseguraba que la cuota iba a significar una porción estable en relación a los ingresos del tomador del crédito y ser similar al monto de un alquiler. Claramente se trató de publicidad engañosa.

Dentro del universo de hipotecados también se encuentran los denominados Procrear de la gestión Macri, quienes fueron incluidos compulsivamente bajo la modalidad UVA. El 75% del total de la cartera de los créditos hipotecarios está en manos de los bancos Nación, Provincia y Ciudad.

Tanto las cuotas como el capital adeudado desde que entro en vigencia este sistema crediticio, se incrementaron en más de un 400%. Esto se debe a que los créditos hipotecarios están otorgados en una cuasi moneda denominada UVA regulada por el BCRA y que ajusta mensualmente por inflación.

Mientras el salario real sufre su cuarto año de caída frente a la inflación, la situación de las familias hipotecadas se torna cada día más desesperante debido a la pandemia y la crisis económica: además de los que ya se encuentran desempleados, hay trabajadores en relación de dependencia estatales y privados, trabajadores independientes como autónomos o monotributistas, familias monoparentales y mujeres sostén de familia. Todos inexorablemente vieron caer sus niveles de ingresos. Algunos por efecto de suspensiones, despidos o caída profundas en los niveles de
facturación, como es el caso de los trabajadores independientes.

Las medidas de alivio para morigerar las cuotas durante la pandemia, generaron más deuda que se acumuló al final del crédito, extendiendo así los plazos crediticios y aún más la agonía de las familias hipotecadas.

Durante la campaña electoral, el Frente de Todos, consideraba que nuestra lucha era genuina y justa. Hoy parece alejarse de esas promulgaciones y peor aún, nos desamparan frente a los bancos, como si estuviéramos en igualdad de condiciones y el Estado no fuera responsable de garantizar nuestros derechos. Necesitamos que retome el ESTADO una mirada que proteja el DERECHO A LA VIVIENDA por sobre los intereses financieros.

Es momento de impulsar medidas de fondo que brinden una salida definitiva de un sistema que, a tan solo cinco años de vida de su lanzamiento, ha resultado ser un verdadero fracaso como política de acceso a la vivienda, ya que ha producido efectos ruinosos sobre la economía de las familias afectando profundamente la calidad de vida de la mayoría de ellas.

De no brindarse una pronta solución, miles de familias correrán el riesgo de perder sus viviendas como consecuencia de que las cuotas se tornarán impagables. Las hipotecas tienen una cláusula que permite la ejecución de la vivienda sin intermediación judicial en caso de no pagar 3 meses consecutivos la cuota. Ya hay en el país, casi 100 casos en proceso de ejecución por falta de pago, muchas de ellas provenientes de la banca pública.

Muchas familias, ante la falta de respuestas tanto del gobierno como de los bancos, y frente al temor de llegar a instancias de no poder honrar sus deudas y perderlo todo, se vieron obligadas a mal vender sus propiedades, viendo cómo se derrumbaban sus años de sacrifico y su derecho a la vivienda.

Está en manos del Gobierno, brindar una solución definitiva que ponga fin a este calvario. No se puede seguir dilatando una solución. Hace falta voluntad política, tanto del Gobierno de turno como de nuestros legisladores, para sepultar definitivamente un instrumento cuyo único fin ha sido el de facilitar enormes ganancias a los bancos.

El sistema financiero no puede eludir su responsabilidad y debe asumir los costos de la salida de este sistema, porque como afirmó el presidente Alberto Fernández: “Cuando uno gana mucho y otros poco, no es una sociedad es una ESTAFA”.