Anulan condenas a Lula y recupera sus derechos políticos

Por Diego Gutiérrez.

El ex presidente de Brasil, Ignacio Lula Da Silva ha quedado libre de culpa y cargo, pero no porque lo hayan declarado inocente, sino porque se han anulado las causas por las que había sido procesado y encarcelado. Desde que el sitio digital de noticias The Intercept revelara los chats entre el ex juez Moro y el equipo de fiscales del Lava Jato, ha quedado más que expuesta, la maniobra para sacar a Lula del Camino hacia las elecciones presidenciales que se llevaron a cabo en el 2018.

El juez Fachin, integrante y relator del Superior Tribunal brasilero, decidió aceptar el habeas corpus presentado por los abogados de Lula y declarar nulas las causas en su contra, y con esto también ha dejado aparentemente a salvo al también ex Ministro de Justicia de Bolsonaro, ya que con esta nulidad tampoco se investigaría su proceder en la causa. La nulidad no fue declarada por la falta de fundamentos de la acusación y la condena, sino porque Moro no contaba con la competencia territorial necesaria para juzgarlo. El juzgado en el que oficiaba Moro se encuentra en Curutiba, en el estado de Paraná, y la estatal Petrobras tiene sede en Rio de Janeiro, mientras que Lula residía en aquel momento en Brasilia, la capital política del Brasil.

Las causas anuladas fueron cuatro, el famoso triplex de la ciudad de Guarujá, en el Estado de San Pablo, un terreno ubicado también en San Pablo, en la ciudad de Atibaia, otro terreno destinado al Instituto Lula y supuestas donaciones al mismo instituto. Las mismas fueron anuladas por el Juzgado Federal nº13 al que pertenecía Sergio Moro al momento de procesar y condenar al ex presidente brasilero. Fachin remitió todas las causas entonces, a la Justicia Federal del Distrito Federal de Brasilia, la cual deberá decidir si estas tienen la suficiente fuerza probatoria como para reabrir los procesos que hoy no existen como tales.

La sala II del TSF igualmente le abrió un juicio sobre parcialidad a Moro, en este caso por un habeas corpus interpuesto en el 2018 que pide la nulidad de todo lo actuado pero sobre la base de las arbitrariedades cometidas por el ex juez y los fiscales del caso. Por ahora, la decisión se encuentra postergada debido a un cuarto intermedio solicitado por el juez Kassio Marques Nunes. Los jueces Lewandoski y Mendes votaron a favor mientras que Fachin lo hizo en contra.  La jueza Carmen Lucia Antunes decidirá su voto luego de que lo haga Marques Nunes.

Mientras tanto la Procuraduría General de la Republica presento la apelación al Juez Fachin en contra de su decisión, la PGR quiere el Tribunal Superior Federal admita la competencia de la Corte Federal de Parana para decidir sobre los procesos. ¿Cómo sigue el proceso? Fachin les dio plazo a los abogados de Lula para que contesten a la apelación de la PGR. Luego, enviara el caso al Presidente del TSF, el ministro Luiz Fux, quién tendrá que definir una fecha para que resuelva el TSF en reunión plenaria.

En el marco de la guerra judicial, conocida como “lawfare”, en América Latina, pareciera que Brasil marco tanto el comienzo de esta práctica, como el principio del fin, por lo menos en esta etapa. Aunque claro, todo está subordinado a que los gobiernos de derecha se debiliten y que el marco regional sea nuevamente favorable a gobiernos progresistas. Pero el lawfare, como hoy lo conocemos, es una construcción de años, siempre hubo prácticas judiciales en contra de funcionarios, militantes populares y políticos.

Quizás el término se quede corto para describir lo que esta práctica sintetiza. El capítulo jurídico es solo el asalto final, la última etapa en donde se cristaliza todo un trabajo de demolición que termina con investigaciones, imputaciones y a veces condenas sin ninguna clase de pruebas. El lawfare es un dispositivo, una red articulada de diferentes mecanismos destinados a un determinado fin. Un mecanismo de tortura social, mediática, económica y jurídica que tiene como último fin el someter a la sociedad a proyectos políticos de subordinación a los intereses del capital concentrado. Para esto utiliza diferentes medios, ONGs, políticos de partidos de derechas, medios de comunicación masivos, redes sociales, sanciones económicas y una parte importante de los poderes judiciales latinoamericanos. Todos coordinados por la mano visible de varias instituciones políticas del gobierno de los EEUU y sus embajadas en la región, y no pocas veces, con la complicidad de países integrantes de la Unión Europea.

Como mencionamos anteriormente, este andamiaje comenzó a caer cuando un hacker, Walter Delgatti, logro hacerse con los mensajes de la red de mensajería Telegram entre el equipo de fiscales del Lava Jato y el ex juez. En estos mensajes Moro les deba indicaciones a los fiscales, en especial a Deltan Llavagnol, sobre cómo proceder con respecto a la causa. En Brasil los procesos penales son acusatorios, con lo cual son los fiscales quienes deben recabar y evaluar la prueba mientras que los jueces son los que deben velar porque no se violen las garantías del acusado en el debido proceso. Luego, estos fueron difundidos por el sitio digital de noticias del periodista Glenn Greenwald, The Intercept, en una larga serie de capítulos semanales que hicieron estallar el escándalo en el vecino país.

Wikileaks también ha dejado al descubierto partes de la trama del Lawfare, un cable del año 2009 revelado en el 2016 da cuenta de un seminario anticorrupción llevado adelante en Brasil. Este seminario tuvo como nombre, “Crímenes financieros ilícitos, Proyecto Puentes: Construyendo puentes para las fuerzas de la ley brasileras”, se llevó a cabo en Rio de Janeiro del 4 al 9 de octubre y tuvo como participantes al gobierno federal y a la comunidad de las fuerzas de seguridad estales de Brasil más otros países de América Latina. En este seminario participaron jueces federales y fiscales de cada uno de los 26 estados y el distrito federal y más de 50 policías federales de todo Brasil. También participaron fiscales, jueces y las fuerzas policiales estaduales. Delegaciones de Méjico, Costa Rica, Panamá, Argentina, Uruguay y Paraguay también fueron invitadas y participaron del evento.

Este proyecto fue introducido en Brasil en el año 2009 para consolidar, según el texto del cable, el “entrenamiento bilateral de las fuerzas de la ley”, enfocado en las llamadas “mejores prácticas” entre Brasil y EEUU. Todos los temas a tratar fueron “acordados” entre las partes según el cable y las presentaciones de este seminario estuvieron orientadas a” habilidades prácticas y no a la teoría”.

La conferencia fue abierta por una coordinara adjunta de la Oficina Estatal de Coordinación para el Contraterrorismo de EEUU y trato en su discurso de apertura, temas como el terrorismo y finanzas ilegales, poniendo especial énfasis en que estas últimas son “un problema global que debe ser tratado y conducido de manera global”. Luego del discurso de apertura el ministro de justicia, Gilson Dipp pronunció un discurso sobre la legislación sobre lavado de dinero y actividades ilícitas en Brasil, para luego dar paso al en aquel momento juez federal Sergio Moro, clave en el entramado de la causa del Lava Jato, quien hablo“sobre las 15 cuestiones más comunes que el ve en los tribunales brasileños sobre lavado de dinero”.

Luego de estas presentaciones los disertantes norteamericanos dieron paso al grueso de los temas del seminario, estos fueron: ”Investigación y persecución de las finanzas ilícitas y casos de lavado de activos, cooperación nacional e internacional, decomiso de activos, métodos de prueba, esquemas piramidales, delaciones premiadas, el uso de la examinación directa y sugerencias de cómo tratar con ONGs sospechosas de estar siendo utilizadas para el financiamiento ilícito”.

Después de las presentaciones, se pasó a utilizar un testigo falso para ejemplificar las prácticas de los interrogatorios. Ya finalizando la conferencia los conferencistas, contestaron todas las preguntas de los participantes y se discutió sobre cómo trabajar mejor entre los funcionarios norteamericanos y los estadounidenses.

Los participantes elogiaron el entrenamiento y pidieron entrenamiento adicional en recolección de evidencias, interrogación y entrevistas, habilidades en juicios y en modelos de grupos de tareas. También se discutió como mejorar el sistema legal brasilero en el área de acusaciones e investigaciones financieras complejas. Todos estos pedidos fueron justificados en el poco tiempo de edad que lleva la democracia brasileña. Para las autoridades 20 años de democracia no han sido suficiente tiempo para tener la experiencia suficiente en estas áreas y aplicar los cambios en los códigos que se fueron dando en aquellos años.

El cable muestra las diferencias entre el gobierno brasileño y las autoridades del sector judicial, ”en lugar de desafiar estas afirmaciones como habitualmente ocurre cuando tratamos con el Canciller y los miembros del poder ejecutivo, los representantes del poder judicial en la conferencia encontraron los temas extremadamente interesantes e importantes”, esto demuestra la resistencia del gobierno de Lula Da Silva a la injerencia de EEUU y del Dto. de Justicia y como el poder judicial brasileño forma parte del dispositivo norteamericano del Lawfare para la región.

Este programa es la base del continuo entrenamiento de los EEUU hacia los sistemas judiciales estaduales y federal de Brasil, con la excusa de atacar las finanzas ilícitas, el lavado de dinero y el terrorismo, y poder actuar selectivamente hacia políticos, empresarios y empresas rivales y contrarias a los intereses de la “seguridad nacional” de EEUU, en una presunta cruzada global contra la corrupción, la cual no es nada más que la misma injerencia imperial norteamericana en América Latina, continente vital para sus intereses regionales y globales.

Una muestra más de la connivencia y subordinación del poder judicial brasileño a los intereses norteamericanos y a su Departamento de Justicia puede verse en la página del Depto. de Justicia de EEUU, en donde se reseña un discurso del asistente fiscal general para la División Criminal, Kenneth A. Blanco, quien hablo ante el Atlantic Council Inter American Dialogue con la participación del fiscal general de Brasil, Rodrigo Janot, realizado en Washington DC el miércoles 17 de julio del 2017. El evento tuvo por título, Lecciones desde Brasil; Crisis, Corrupción y Cooperación Global.

Algunas declaraciones del funcionario norteamericano, dejan al descubierto como opera a nivel global esta estrategia anti corrupción, “Las economías son globales y, a medida que continúan haciéndose cada vez más globales, también lo hacen los esquemas criminales que investigamos y procesamos”. También se deja ver que este esquema sirve para defender los intereses económicos norteamericanos y de sus empresas, las cuales necesitan desplazar a las burguesías nacionales de otros países con la complicidad y subordinación de los poderes judiciales locales: “Ya sea descubriendo un esquema de soborno multinacional o buscando recuperar activos derivados ilegalmente asociados con fondos de inversión propiedad de un gobierno extranjero, o protegiendo la seguridad de nuestro sistema financiero, nuestras investigaciones más grandes son cada vez más transnacionales, a menudo involucrando múltiples jurisdicciones extranjeras”.

Para más tarde dejar bien en claro la “cooperación” entre los dos países en materia de corrupción; “Es difícil imaginar una mejor relación de cooperación en la historia reciente que la del Departamento de Justicia de los Estados Unidos y los fiscales brasileños. Hemos cooperado y nos hemos ayudado sustancialmente en una serie de asuntos públicos que ahora se han resuelto, y seguimos haciéndolo en varias investigaciones en curso”. “La cooperación entre el Departamento y Brasil ha dado resultados extraordinarios. Solo en el último año, por ejemplo, la Sección de Fraude de la División Criminal y el grupo de trabajo brasileño Lava Jato han cooperado y coordinado las resoluciones en cuatro casos de la FCPA: Embraer, Rolls Royce, Braskem y Odebrecht. Odebrecht es particularmente notable por su amplitud y alcance”.

Los abogados de Lula denunciaron en su momento esta injerencia indebida del Departamento de Justicia de los EEUU. La denuncia fue presentada en el Tribunal Federal Regional de la 4ta región por haber violado procedimientos que obligan a que el mismo Ministerio de Justicia brasilero tramite la asistencia con su par estadounidense, a través del decreto nº3810/2010, que introdujo al ordenamiento legal brasileño el “Acuerdo de Asistencia Judicial en Materia Penal entre la República Federativa del Brasil y el gobierno de los Estados Unidos de América”, lo cual no sucedió.

Ya a mediados del 2020 la “operación Lava Jato había recibido un duro golpe, el Fiscal General de Brasil, Augusto Aras, denunció que los fiscales de la operación habían montado una red para espiar a 38 mil personas con la excusa de la corrupción. Luego, en setiembre del mismo año se produjeron las renuncias del equipo de fiscales en pleno, incluido el fiscal en Jefe, Deltan Dallagnol. Y en febrero de este año, hace poco más de un mes, la unidad fiscal que llevaba adelante el caso fue disuelta por el Ministerio Público de Paraná.

Solo resta tratar de descifrar las causas del por qué justamente en este momento, el mismo tribunal que hizo la vista gorda sobre todas las arbitrariedades cometidas en contra de Lula, y por las cuales no solo pasó más de 500 días detenido, sino que le impidió disputar la presidencia de su país en contra de Bolsonaro, tomó esta decisión. Quizás se podría pensar que la situación era absolutamente insostenible debido a la cantidad de pruebas que demuestran las maniobras de colusión entre los diferentes actores del poder judicial que participaron. O quizás porque anulando las causas por una cuestión de competencia territorial se deja a salvo todo lo actuado y se puede mantener una espada de Damocles sobre la cabeza de Lula con una nueva acusación.

Mientras tanto, y a falta de más de un año y medio para las elecciones a presidente, esto le da a Lula el suficiente tiempo para ir fortaleciendo una posible candidatura y una necesaria alianza entre su partido, el PT y otras fuerzas políticas para disputarle la conducción del gobierno del Brasil a un Bolsonaro que pretende ir por la reelección de su cargo en el 2022.