Al margen de la ley

Por Gustavo Feldman.

La ley 25.520 de inteligencia nacional dice:

ARTICULO 1° — La presente ley tiene por finalidad establecer el marco jurídico en el que desarrollarán sus actividades los organismos de inteligencia, conforme la Constitución Nacional, los Tratados de Derechos Humanos suscriptos y los que se suscriban con posterioridad a la sanción de la presente ley y a toda otra norma que establezca derechos y garantías.

ARTICULO 2° — A los fines de la presente ley y de las actividades reguladas por la misma, se entenderá por:

  1. Inteligencia Nacional a la actividad consistente en la obtención, reunión, sistematización y análisis de la información específica referida a los hechos, riesgos y conflictos que afecten la Defensa Nacional y la seguridad interior de la Nación. (Inciso sustituido por art. 2° de la Ley N° 27.126 B.O. 05/03/2015. Vigencia: a partir del día de su publicación en el Boletín Oficial)
  2. Contrainteligencia a la actividad propia del campo de la inteligencia que se realiza con el propósito de evitar actividades de inteligencia de actores que representen amenazas o riesgos para la seguridad del Estado Nacional.
  3. Inteligencia Criminal a la parte de la Inteligencia referida a las actividades criminales específicas que, por su naturaleza, magnitud, consecuencias previsibles, peligrosidad o modalidades, afecten la libertad, la vida, el patrimonio de los habitantes, sus derechos y garantías y las instituciones del sistema representativo, republicano y federal que establece la Constitución Nacional.
  4. Inteligencia Estratégica Militar a la parte de la Inteligencia referida al conocimiento de las capacidades y debilidades del potencial militar de los países que interesen desde el punto de vista de la defensa nacional, así como el ambiente geográfico de las áreas estratégicas operacionales determinadas por el planeamiento estratégico militar.
  5. Sistema de Inteligencia Nacional al conjunto de relaciones funcionales de los organismos de inteligencia del Estado Nacional, dirigido por la Secretaría de Inteligencia a los efectos de contribuir a la toma de decisiones en materia de seguridad exterior e interior de la Nación.

Hace pocos días atrás se conoció la atención del PEN de reformar la ley para acompasarla a los principios del Estado de Derecho y de una sociedad democrática, tácita asunción de que los “servicios” no tienen una actuación legal. En paralelo se conoció la denuncia de espionaje y seguimiento ilegal respecto de un centenar de actores políticos. Y por si fuera poco, la Comisión Bicameral de Seguimiento de los organismos de inteligencia investiga puntualmente la actividad delictual de agentes de inteligencia y sicarios.

El régimen macrista, diseñó y llegó a poner en marcha un sistema de persecución penal a partir de un ensamble   funcional que incluyó a operadores mediáticos (algunos verdaderos coimeros disfrazados de periodistas), los servicios y parte de la justicia federal; todo coordinado desde la cota más alta del poder institucional, la Casa Rosada.

LOS CASOS DE MILAGROS SALA Y CÉSAR MILANI INICIAN UN PLAN DE PERSECUCIÓN Y PRISIONIZACIÓN AL MARGEN DE LA LEY. Con engendros jurídicos como la perversa doctrina del “poder residual”, que lleva el apellido del todavía camarista federal capitalino o la advertencia extorsiva de declarar a los delitos de funcionarios públicos como imprescriptibles. En el caso de Milagro con el concurso explícito del Bolsonaro del NOA; Y EN EL CASO DE MILANI SE PERGEÑÓ UNA CONFABULACIÓN JUDICIAL POLÍTICA Y MEDIÁTICA. Jueces títeres, fiscales cobardes, ministros oportunistas y venales; y tintóreos buchones disfrazados de panelistas televisivos.

Este modo conductual sibilino y artero llegó a su máxima expresión en la denominada causa “cuadernos” en la que las maniobras extorsivas de la judicatura fiscal y judicial siguen siendo investigadas en el Juzgado Federal de Dolores; y cuyo ejemplo emblemático es el de Gerardo Ferreyra a quien le ofrecieron el canje de su libertad por la delación mendaz. El temple del cordobés y el cambio de aire político desbarataron la torpe y abyecta maniobra-

Pero lo que es un verdadero “fresco” de la conjunción de roles y actores descriptos al principio de esta columna es la causa Expte Nro. 5789 / 2014 caratulado:

DENUNCIADO: MILANI, CÉSAR SANTOS GERARDO DEL CORAZON DE JESUS Y OTROS s/ABUSO DE AUTORIDAD Y VIOL. DEB.FUNC. PUBL. (ART.248) y MALVERSACIÓN DE CAUDALES PÚBLICOS (ART.260) DENUNCIANTE: TORTORA, CARLOS ALFREDO.

Es la famosa causa elaborada a partir de la fábula de que Milani había armado una red de inteligencia paralela, la de las combis negras que imagino Elisa Carrió, la de las supuestas amenazas a Daniel Santoro por su difusión del caso Ledo y la de los equipos portátiles de interceptación telefónica que Milani habría comprado para estos menesteres. Una primera ineludible resolución de archivo del extinto Juez Bonadío de 2016 fue apelada por el todavía y ahora soterrado Fiscal Stornelli y la Sala II de la Cámara Federal de apelaciones porteña que integra Martin Irurzun aprovechó, ya con Macri en el poder para reflotarla y que siguiera el avieso aguijoneo. Después de un sinnúmero de diligencias probatorias, el último día hábil de 2019, en la última resolución firmada de puño y letra del fallecido Bonadío, éste dispuso el archivo de la causa y el todavía soterrado fiscal Stornelli consintió dicho fallo; en él puede leerse en sus considerandos:

“Así las cosas, tras analizar la cuestión traída a estudio, la Sala II de la Excelentísima Cámara Nacional en lo Criminal y Correccional Federal revocó el archivo dispuesto y sugirió como medida probatoria que nuevamente se citara para recibirle declaración testimonial al denunciante a fin de que aclarara quién resultaba ser su fuente. Además, sugirieron que se escuchara en idéntico sentido a Daniel Santoro, Gerardo Morales y Clara Waite, quienes podrían haber sido objeto de prácticas ilegales, así como también a Antonio Stiusso, quien habría manifestado públicamente sobre hechos vinculados a los investigados.

Así, a partir de todas las constancias obtenidas desde el inicio de la investigación, no fue posible corroborar la hipótesis delictiva denunciada.

En ese sentido, se le recibió declaración testimonial a quien fuera la fuente del aquí denunciante, pero éste no aportó nuevos datos de interés e indicó que sus fuentes eran los datos que salían en la propia prensa. Es decir, que se trataban de datos que estaban al alcance de todos en los diarios, pero no indicó alguna prueba en concreto (prueba 26).

Por otra parte, prestó declaración el periodista Daniel Santoro, quien refirió que en el período comprendido entre el año 2003 y 2015 habría sido víctima de múltiples intercepciones de sus correos electrónicos y de sus llamadas telefónicas y que, además, por su labor periodística, habría recibido numerosas amenazas, todo lo cual fuera oportunamente denunciado. En esa ocasión aclaró que autorizó a revisar su computadora al Juzgado Federal N° 10. Indicó que fue el primer periodista que denunció la desaparición del soldado Agapito Ledo durante el operativo Independencia cuando cumplía funciones en la misma compañía que el entonces Teniente Milani, como así también el primero que denunció el confuso rol de Milani como agente de inteligencia del ejército en la rebelión carapintada que lideró Aldo Rico en el año 1987 (prueba 9).

En ese sentido corresponde señalar que Santoro también prestó declaración ante el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N° 10, ocasión en la cual se expidió en similares términos y señaló que su fuente de información le había dicho que el General Milani habría nombrado un suboficial para seguirlo e investigarlo. Frente a ello, se le solicitó que aportara el nombre del supuesto agente que se habría nombrado, pero Santoro indicó que su fuente no recordaba el nombre del agente en cuestión (prueba 9).

En ese orden, no se pudo verificar que Santoro haya sido víctima de un espionaje ilegal por parte de funcionarios del gobierno.

UN AGENTE FICTICIO DE UNA FUENTE ANÓNIMA QUIZÁS TAMBIÉN FICTICIA.

La resolución sigue diciendo:

En dicho expediente, se procedió a efectuar un allanamiento en el séptimo piso del Edificio Libertador pero dicha diligencia no arrojó resultados positivos para la investigación, en tanto no se logró visualizar documentación física de interés ni se encontraron archivos vinculados a la investigación en las compulsas realizadas a los servidores que allí se encontraban (prueba 13).

Asimismo, en ese expediente prestó declaración Gerardo Morales, quien refirió que su computadora personal y su correo electrónico habrían sido violados en varias oportunidades y, a fin de verificar ello, puso a disposición del Tribunal su computadora personal.

En ese sentido, se efectuó el correspondiente estudio pericial sobre su computadora personal y se concluyó que no se pudieron detectar sobre dicha computadora maniobras compatibles con accesos no autorizados a los archivos o documentos contenidos en el ordenador (prueba 23).

EN EL ALLANAMIENTO AL DESPACHO DE MILANI NO SE ENCONTRO NADA Y LO QUE DIJO MORALES NO ERA CIERTO. Sigue… “Al consultarse mediante oficio a la AFI por estas interceptaciones telefónicas ilegales en las cercanías de la Casa Rosada, dicha agencia realizó un informe reservado en el que señaló que, en ocasiones, habrían advertido la existencia de una señal en las inmediaciones del Edificio Libertador que podría tratarse de un equipo de interceptación ilegal. En relación con ello, indicaron que ello fue advertido en virtud de las constantes tareas de rastrillaje que efectuaban en diversas zonas, pero que no contaban con actuaciones con la debida constancia de ello (prueba 28).

Posteriormente, se le consultó a la A.F.I. que informara cómo era el procedimiento de compra para adquirir las valijas destinadas a intervenir comunicaciones telefónicas en el período 2003-2015 y si sabía si el Ejército Argentino había adquirido dicho material. Así las cosas, la A.F.I. informó que “…para adquirir dicho equipamiento, es de práctica habitual que se vendan sólo a Gobiernos y se exige la firma del formulario conocido como END USER. Con relación a si en esas fechas el Ejército Argentino pudo haber adquirido alguno de esos equipos, esta Dirección lo desconoce.”

En esa misma línea, al consultarse por ello a las nuevas autoridades del Estado Mayor General del Ejército informaron que esa fuerza no tiene ni tuvo equipos móviles destinados a intervenir comunicaciones telefónicas. Asimismo, señalaron que no existen indicios de que haya operado dentro del Ejército una red de inteligencia ilegal dentro del período 2003-2015 y que, por tal motivo, no se labraron actuaciones en relación con ello (prueba 37).

LA AFI NO TENIA CONSTANCIA DE NADA Y FUE IMPOSIBLE FACTICA Y JURIDICAMENTE QUE MILANI O EL EJERCITO ADQUIRIERAN ESOS ARTEFACTOS.

Y viene lo mejor:

“En virtud de todo lo dicho, considero que no ha sido posible verificar los extremos fácticos que fueran denunciados en la presente investigación, de modo tal que me permita efectuar una imputación formal contra una persona determinada”.

Toda una farsa, un montaje para apestillar a una persona de manera espuria, rayana en lo delictual.

Se da hoy en dia una oportunidad histórica de meterse y desterrar los “sotanos de la democracia”; pero además queda probado que la devastación producida por el régimen nefasto encabezado por Macri excedió largamente el plano económico.