¿A qué altura empieza el cielo?

Por Gustavo Feldman.

¿Qué entidad probatoria tienen los dichos de un imputado qué para recuperar la libertad, además de confesar, le da al Fiscal una versión incriminante de otros que están más arriba del confeso en la “cadena alimentaria”?

¿Cuánto valor procesal y real tiene una declaración, que no se hace bajo juramento de decir verdad, pero sirve para obtener un trato más benévolo por parte de quienes han instado y logrado no solo la imputación sino la detención del declarante?

¿Qué versión debe tenerse por cierta, aquella en la que el imputado niega la comisión de un delito, o una posterior en la que admite todo, pero puede servirle para recuperar la libertad? Teniendo derecho a mentir, como saber cuándo lo está haciendo y cuando  dice la verdad?

¿El escándalo público favorece o perjudica la marcha de la investigación penal y el buen juicio de jueces y fiscales?

Sin aspirar a brindar todas las respuestas si me atrevo a decir que la mera declaración de un coimputado no alcanza para condenar a otro; ni siquiera para generar el estado de sospecha necesario para imputar a alguien de un delito. Distinto son los dichos de un testigo, que declara bajo juramento de decir verdad y que no tiene necesidad de ningún trueque con los fiscales. Lo primero que viene a la mente es el caso “Pontacuarto” (las supuestas coimas en el Senado Nacional con la “Banelco”), en el que todos los imputados terminaron absueltos, incluso el que había confesado y descripto como cierto el cohecho de media docena de “peces más gordos”.

No existe en el Derecho argentino ninguna pauta normativa que otorgue prelación probatoria a una versión incriminante contra sí mismo o contra un tercero; que una versión desincriminante para el declarante o para ese tercero.

La confesión de un delito no torna más verosímil ni mucho menos veraz ni los dichos confesorios ni aquellos que apuntan a un co-imputado.

El embate contra los poderosos genera un sentir popular de adhesión hacia los investigadores; paralelamente la “colaboración” del datero  confeso genera indulgencia hacia él. Nuestra defectuosa y falencial “ley del arrepentido”- la denominación de por sí es una grosera hipocresía- es una excelente herramienta para cambiar “lisa por rayada”, como se dice en la jerga policial y delictual. Un “entente” de mutua conveniencia para el confeso y el acusador, siempre  en detrimento de los derechos y la posición procesal del tercero apuntado, que por lo general tiene una “entidad” superior al “arrepentido”.

¿Este esquema tiene un límite?

¿si lo hay, cual es?

¿la palabra del confeso es más creible que la del apuntado?

¿hasta dónde llega el efecto incriminante, sirve para imputar, pero no alcanza para condenar?

¿es legal y legítimo; en una palabra: es justo usar los dichos de quien admite ser un delincuente para incriminar a otro, porque ese otro tiene más poder real o formal; o porque resulta beneficioso para la investigación?

No sé a qué altura empieza el cielo. Seguro más arriba que la poca estatura necesaria para intentar cortar algunas cabezas.